VALÈNCIA. Cerca de 200.000 euros. Es lo que crecerá el presupuesto de la Generalitat Valenciana para À Punt este año. La radiotelevisión pública, en vías de reestructuración empresarial -dos de las tres empresas públicas que la conforman acabarán disolviéndose-, recibirá de la administración autonómica una aportación de más de 75,2 millones de euros, lo que supone un incremeno muy pequeño respecto al pasado ejercicio, de apenas el 0,25%.
El proyecto de presupuestos presentado este martes por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, prevé para el sector público instrumental una reducción presupuestaria del 13,6%. En el caso del servicio de redio y televisión públicas, la aportación pública crece pero lo hace de manera muy sensible respecto a los cerca de 75 millones que recibió el año anterior.
Concretamente, tanto la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) como la recién creada Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA), habrán recibido al cabo de este año un total de casi 73,8 millones de euros en transferencias corrientes para su funcionamiento diario y los gastos de personal, a los que habrá que sumar unas transferencias de capital para realizar inversiones superiores a 1,4 millones de euros.
Todo ello, sumado a los 3,1 millones de euros previstos por ingresos publicitarios y otros 8,3 millones derivados de las operaciones de reestructuración entre las compañías del grupo, resulta en un presupuesto total que gestionará À Punt de casi 86,7 millones de euros, de los cuales casi 38,2 millones los gastará la tercera empresa del grupo, la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC), de la que dependen todavía más de 400 trabajadores y diversos contratos todavía vigentes.
La radiotelevisión pública valenciana se encuentra en un proceso de reestructuración después de que la nueva ley de À Punt creara, en 2024, la CACVSA, cuyo objetivo será absorber las otras dos que existían. La pasada semana, sin ir más lejos, el Consell dio luz verde a la extinción de la CVMC y el traspaso de sus activos a la nueva corporación. Pero a nivel presupuestario, como el ejercicio engloba todo 2025, el plazo de enero a marzo es atribuible a la empresa disuelta, por lo que todavía se refleja en los presupuestos de la Generalitat.
Cabe tener en cuenta que, con la nueva ley de À Punt, aprobada por PP y Vox, se eliminó la obligación de que las obligaciones consignadas en las cuentas de la Generalitat para la radiotelevisión pública tuvieran que estar entre el 0,3% y el 0,6% del gasto real (no financiero) de la administración autonómica. Teniendo en cuenta que el presupuesto total no financiero del Consell sube un 15,83% hasta los 26.251 millones (sobre todo, por las partidas de la Dana), la partida de 75,2 millones para À Punt sólo representaría el 0,29% del total de la Generalitat e incumpliría esta norma ya derogada. Si se tiene en cuenta el presupuesto total de 87 millones, supondría el 0,33%.
Nueve millones para pagar el IVA
Cabe recordar que, pese a que se incremente el presupuesto de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana sigue lastrada por el litigio abierto con Hacienda a cuenta del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La Agencia Tributaria cambió su creterio y decidió que las televisiones públicas, al recibir financiación de sus gobiernos y no generar ingresos directamente comparables a entidades comerciales, no deberían deducir el IVA en la misa proporción, por lo que le reclamó más de 25 millones de euros por cantidades reclamadas e intereses.
Así pues, según explican desde la firma pública, debe guardarse cerca de nueve millones de euros este año para hacer frente al pago de este impuesto, a la espera de que se resuelva la disputa. Un dinero que, por tanto, no puede destinarse a los gastos operativos del servicio. La CVMC pidió a la Generalitat que cubriese esa contingencia con un aumento de las cantidades que aporta cada año, pero tanto el Consell de Ximo Puig como inicialmente el de Carlos Mazón se negaron, al estar recurridas las actas.
No obstante, el actual Consell sí se comprometió, vía enmienda a los Presupuestos de 2024, a que la Generalitat asumirá la deuda y los intereses en caso de que el contencioso sea desfavorable para la corporación. A final del pasado año, el Consell aprobó una inyección de 37 millones de euros para compensar las pérdidas derivadas de este gasto y estabilizar el patrimonio neto de la SAMC en aras de permitir su absorción por la nueva empresa.
