VALÈNCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado una modificación en su política de dietas e indemnizaciones para altos cargos y directivos apenas tres meses después de haber aprobado un nuevo reglamento que ampliaba las condiciones económicas de estos puestos. El cambio, acordado este miércoles en el Consejo de Administración, llega tras la apertura el pasado mes de septiembre de una investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses —organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital— sobre el presunto cobro irregular de dietas por parte de la presidenta del Puerto, Mar Chao, y parte de su equipo directivo, tal y como adelantó eldiario.es.

Preguntada por los periodistas tras la reunión del consejo, Chao quiso desvincular este nuevo cambio de la investigación abierta por el Gobierno y aseguró que se trata únicamente de una cuestión técnica dentro de un proceso más amplio de reestructuración interna. "No, no hay conflicto de intereses, no tiene absolutamente nada que ver", afirmó.

Según explicó, el ajuste en el reglamento se ha enmarcado dentro del proyecto SICI, una iniciativa interna de la APV iniciada hace años pero que no se había implementado hasta ahora. "Estamos estructurando todos los procedimientos e instrucciones internas porque creo que si algo se ha ejecutado y se ha pagado con dinero público, debemos llevarlo a la práctica", defendió.

La presidenta señaló que en julio se aprobó una política de dietas "que simplemente ponía negro sobre blanco lo que siempre se ha hecho en la Autoridad Portuaria de Valencia". No obstante, tras realizar un proceso de benchmarking —comparación con otras autoridades portuarias españolas—, se detectaron diferencias en la forma en que se regulaban las dietas y las compensaciones económicas de los altos cargos.

"Lo que hemos hecho no tiene ninguna implicación porque hay un real decreto que tiene rango legal superior a cualquier política de la autoridad portuaria. Lo único que hemos hecho es matizar la redacción del reglamento para hacerlo más acorde a lo que vimos de otros puertos", insistió.

El nuevo texto modifica, por tanto, el aprobado en verano, que equiparaba a la presidenta y los altos cargos del Puerto con el personal excluido de convenio, lo que permitía un aumento en las dietas y otras indemnizaciones. Fuentes del sector señalaron entonces que esta equiparación abría la puerta a incrementos retributivos por desplazamientos o reuniones que no se aplicaban anteriormente. Ahora, según Chao, la modificación busca "alinear la redacción" con la práctica habitual en otras autoridades portuarias y en el marco del Real Decreto 462/2002. 

La presidenta de la entidad portuaria valenciana aseguró que la APV busca homogeneizar criterios con el resto del sistema portuario estatal y reiteró en varias ocasiones que la modificación no responde a ningún tipo de instrucción ni recomendación externa, en alusión a la investigación de la Oficina de Conflictos de Interses. "Es simplemente una cuestión de orden interno, de coherencia con la gestión pública", zanjó.

La presidenta añadió que esta actualización obliga también a "adaptar los procedimientos internos y la aplicación informática de gestión de dietas", una herramienta automatizada que utilizan los altos cargos, la propia presidenta y el director general para tramitar estos conceptos. "Tenemos que ajustar esa aplicación a la nueva estructura, pero no hay mayor relevancia ni implicación", concluyó.

La Oficina de Conflicto de Intereses admitió a trámite el pasado septiembre una denuncia por el presunto cobro de dietas irregulares en la APV, así como en varias contrataciones realizadas por orden de la presidenta. A esto hay que añadir los tres procesos judiciales en marcha por presunto enchufismo en puestos de responsabilidad de la Autoridad Portuaria.

En el consejo también se abordaron otras cuestiones, como la dimisión del director general, Enrique Belda, la adjudicación a Toyota de una terminal logística en el puerto de Sagunt y la revocación de la concesión de una terminal de pasajeros a Baleària, que deberá esperar a que el puerto inicie el proceso de licitación de nuevo, al que previsiblemente se sumará también MSC debido a que ya solicitó a la APV una nueva terminal de pasajeros.