VALÈNCIA. El Puerto de València nunca ha dejado de tener ese halo de cierto hermetismo y singularidad propio de los enclaves portuarios. La llegada de Mar Chao a la presidencia del recinto hace ya dos años no ha hecho sino sumar más hermeticidad al funcionamiento de la infraestructura, cuya gestión lleva meses bajo la lupa de la Administración central por varios motivos.

El último de ellos ha recalado en el Tribunal de Cuentas, que ha decidido investigar una posible malversación de fondos públicos a raíz de las irregularidades que ya estaba indagando previamente la Oficina de Conficto de Intereses (OCI) tras varias denuncias. En concreto, el órgano fiscalizador ha emprendido diligencias preliminares tras el aviso por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública de la sospecha de infracciones administrativas muy graves, según adelantó eldiario.es. 

El departamento que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha pedido al Tribunal de Cuentas que compruebe si ha existido un quebranto y responsabilidad patrimonial en el supuesto cobro irregular de dietas o en diversos contratos, tal y como ya explicó este periódico.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) responde a este periódico que la OCI ha atendido las alegaciones de la presidenta y ha dado traslado de la denuncia al Tribunal de Cuentas a fin de que sea éste, como única institución que puede pronunciarse sobre la existencia de un alcance contable, el que determine si existe o no éste. "Para ello, el Tribunal de Cuentas ha acordado unas diligencias preliminares y dado traslado a la APV", agregan las mismas fuentes.

A esto se suma un malestar patente en el equipo que dirige Mar Chao, tal y como se ha evidenciado con la cascada de dimisiones que se han producido en los últimos meses. El último portazo lo dio el director general de la APV, Enrique Belda, en el último consejo de administración, celebrado el pasado 12 de noviembre.

Tras casi dos años al frente de este puesto, Belda decidió dejar el cargo para volver a su cargo anterior en el Ministerio del Interior, donde fue Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones. Aunque Chao se limitó a decir en una rueda de prensa que Belda se marchó porque "quería volver a la que era su casa", lo cierto es que dejó la dirección general por las discrepancias internas en cuanto a la gestión del recinto portuario, según indicaron fuentes del organismo a este diario.

Esta dimisión se sumó a una cascada de renuncias. El subdirector de Explotación y Organización del recinto portuario, Rubén Marín, abandonó su cargo para dirigir el Puerto de Vigo, como publicó Valencia Plaza. Otra de las últimas renuncias fue la de la jefa de la Oficina Técnica y Planificación de la Autoridad Portuaria, Carmen García Vilar, que se cogió una excedencia. Se sumaba a una nómina de abandonos como el de la jefa de Económico Financiero, María Jesús Calvo, quien habría optado por volver a su plaza en Madrid en Puertos del Estado.

También en el área de Comercial y Desarrollo de Negocio, una de las más afectadas por las vacantes (cuatro de ocho, según se publicó este verano). Aquí, por ejemplo, el que era jefe de Multimodal, Jaime Escobar, optó por volver a Zaragoza, según aseguran las fuentes consultadas, "alegando motivos personales". Por su parte, también hay quien ha optado por acogerse a la jubilación anticipada de manera voluntaria. Es el caso, según explican fuentes internas, del Jefe de Planificación de Infraestructuras y Desarrollo Portuario, Arturo Monfort; pero no es el único.

Posible amaño en la adjudicación de contratos

Además, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) enfrenta diversos frentes judiciales relacionados con su gestión interna y procesos de contratación, destapados en gran medida por informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Los informes de la IGAE también han puesto el foco en la política de personal y los procesos de selección de la APV. La Intervención cuestiona la legalidad de ciertos procedimientos, sugiriendo un posible "amaño" en la adjudicación de contratos y la selección de directivos. Estas revelaciones han provocado una crisis interna y han derivado en procedimientos judiciales en curso contra personas vinculadas a la Autoridad Portuaria por estas prácticas.

Precisamente, José Luis Ábalos, recientemente ingresado en prisión por riesgo de fuga al ser investigado en el Tribunal Supremo por su supuesta participación en el llamado caso Koldo, presentó en el Congreso una denuncia sobre un posible "cobro irregular de dietas" por parte de la presidenta de la APV, así como presuntos "amaños" en contratos y contrataciones de personal sin respetar criterios de mérito y capacidad. En su iniciativa, Ábalos se hace eco de informaciones periodísticas que implican a Mar Chao, propuesta por el Consell de Carlos Mazón, en un supuesto cobro irregular de dietas en viajes de trabajo, cifrado en unos 15.000 euros.

Ábalos, a quien se acusa haber colocado a amigas en empresas publicas sin ir a trabajar, también alude a supuestas irregularidades en contrataciones "presuntamente fraudulentas" en el puerto de Valencia, como un encargo a una firma de abogados y la contratación de cinco personas sin respetar los principios de igualad, mérito y capacidad.

A todo este zafarrancho relacionado con presuntas contrataciones fraudulentas y retribuciones salariales por encima de lo legal, habría que sumar los litigios relacionados con la ampliación norte, que se remontan años atrás y son independientes de la gestión de Mar Chao. Aunque el 5 de marzo de 2025 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV desestimó la solicitud de suspensión cautelar solicitada por Acció Ecologista‑Agró (miembro de la plataforma Comissió Ciutat-Port), lo que permitió la continuación de las obras, el litigio continúa abierto y la causa deberá resolverse cuando el tribunal evalúe el fondo del asunto.

Así, el logro de haberse covertido en el cuarto puerto de Europa y de postularse como un recinto a la vanguardia en sostenibilidad queda ensombrecido especialmente en los últimos meses por la gestión económica y de personal del recinto portuario. Fuentes del entorno explican a ValenciaPlaza la existencia de un ambiente tóxico en el seno de la plantilla, fruto de la gestión de equipo llevada a cabo de por Chao. "Mucha gente no aguanta más. Se están truncando carreras", aseguran estas mismas fuentes.