VALÈNCIA. Transita por las jornadas clave el juicio sobre el caso Osvaldos acerca de un presunto entramado de empresas para desviar fondos de contratos públicos adjudicados por el Hospital General de València entre 2005 y 2014, cuando era gerente Sergio Blasco, sobrino del exconseller de Sanidad y Solidaridad Rafael Blasco. El exgerente es el principal acusado de los once que figuran en la causa y declaró este viernes para negar los hechos: tanto que fuera el instigador de crear algunas de las empresas de la supuesta trama como que cobrara de ellas comisiones por su posición de gerente del Hospital o que participara en la gestión de los contratos del centro hospitalario.

La Fiscalía Anticorrupción acusa tanto a Sergio Blasco como a su hermano, Francisco José, administrador de una empresa sanitaria, de delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencia y cohecho. Según el juez instructor, desde la administración se adjudicaban contratos, en muchos casos con irregularidades, a empresas activas dirigidas por personas vinculadas al gerente del hospital y entre sí. Y estas, a su vez, subcontrataban a otras mercantiles de la organización, muchas de ellas sin personal y actividad, que acababan beneficiando a personas del entramado.

Blasco negó rotundamente que interviniera en la contratación y que conociera las empresas que concurrían. "Si me corresponde al final, firmaba el contrato junto con la directora económica, pero no podía firmar yo solo el contrato", dijo el acusado ante las preguntas de Anticorrupción: "No he participado en la gestión de ningún contrato ni en ninguna mesa de contratación, yo me encargo de que se haga lo más rápido posible porque estamos hablando de servicios de salud", declaró, para añadir que él se "desvinculaba" de los expedientes hasta la firma final. "Nunca" conoció las ofertas presentadas a los contratos que presuntamente se habrían amañado, según dijo, para añadir que no conocía las contrataciones de otros centros hospitalarios.

Además, el acusado justificó la necesidad de los diferentes contratos cuestionados, desde la reforma de la unidad de endoscopia en el hospital hasta la gestión de la logística o el mantenimiento de un programa informático de la historia clínica, entre otros. Aunque la Sindicatura de Greuges afloró algunas irregularidades años después, el máximo responsable del hospital dijo no haber entrado al detalle de la gestión: "Tenemos una delegación de profesionales competentes y yo me fío de que el responsable de contratación elige el mejor tipo de contratos", recalcó, y dijo que "nunca" se apartaron de los informes técnicos y que fueron los técnicos los que respaldaban las decisiones que se tomaban, también en la modificación de contratos.

La creación de empresas

Cabe recordar que, al principio del juicio, una de la acusadas, Gisela Samudio, quien se confesó pareja del gerente por aquellos años, le señaló como instigador de la creación de una empresa, Identiart, que trabajara para el Hospital General, en la que figuraba como administradora. Samudo aseguró que fue Sergio Blasco el que le propuso crear la compañía. "Quedamos un día y me dice: 'Vamos a crear una empresa'", relató, para añadir que el entonces gerente del hospital le planteó que pusiera a otras empresas, su hermana y su padre para constituirla y que no fuera "una empresa unipersonal". Además, le indicó que consiguiera una secretaria, por lo que ella propuso a una amiga que estaba en el paro.

En uno de los registros, la UDEF incautó diversa documentación relacionada con el presunto entramado donde figuraban diversas cantidades atribuidas a determinadas iniciales, que presuntamente corresponden a las aportaciones realizadas a la sociedad mercantil. La acusada explicó que la "X es Sergio Blasco" aunque inicialmente, ella puso para él la letra "S". Sin embargo, dijo, el entonces gerente le instó a cambiarla: "Gise, nosotros tenemos una relación privada, así que no vayas poniendo mi nombre", le aseguró, según la declarante. El otro socio era Francisco Escandell, presunto testaferro de Blasco.

Al respecto, en su declaración, Blasco negó la mayor. "No es cierto que yo sea X, ella declaró anteriormente que yo no era la X y ahora viene a decir esto porque creo que tiene un pacto con usted", señaló el acusado en referencia a la fiscal Anticorrupción. "Esta señorita tiene grandes aptitudes de diseño y vino para rejuvenecer aspectos de diseño en el hospital y le ayudamos como hicimos con mucha gente, normalmente lo hacemos sin pedir nada a cambio", aseguró, admitió la "relación personal" con ella y que esta "se acabó" en determinado momento pero ella "siguió trabajando".

Hizo lo propio con otro de los acusados, quien había declarado que Blasco le ordenó crear otra mercantil. "Parece que voy pidiendo a todo el mundo que monte empresas", ironizó, para explicar que en ese caso, fue el otro acusado el que "fue muy pesado" pidiéndole ayuda porque tenía "problemas económicos", y entonces Blasco le propuso que les "ayudara" en unos proyectos. Para ello, declaró, "él necesitó constituir la empresa y nos lo dijo". Por lo que Blasco negó haber hecho aportaciones en efectivo para crear la empresa, algo que había dicho el otro acusado: "Manifiesta eso ahora por razones evidentes", aseguró, como lo hizo con Samudio.

Las presuntas comisiones

El exgerente del Hospital General dijo desconocer los integrantes de algunas de las empresas del entramado y, a muchas de ellas, las conoció al empezar a trabajar con el centro hospitalario. Cuando llegó la crisis económica de 2008, el hospital empezó a tener poblemas para pagar a sus proveedores. "Empezamos a asistir a las facturas en los cajones", recordó el acusado. La fiscal le preguntó por algunas conversaciones grabadas donde responsables de algunas compañías le afeaban que no quería "pagarse a sí mismo", pero el exgerente del hospital negó que eso fuera así: "Yo no cobraba". E insistió en que era la dirección económica la encargada de los procesos de pago. "Alguien me puede insistir en que le pague pero yo no intervengo", aclaró al respecto.

En cuanto a las comisiones ilegales que supuestamente habría cobrado a través de empresas del presunto entramado, Blasco rechazó las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y negó que los cobros estuvieran vinculadas con contrataciones del hospital general. Así, justificó los ingresos de una de sus empresas con trabajos efectivamente realizados a las otras compañías. Por ejemplo, con la elaboración de algunos informes en las que, sin embargo, no figuraba su firma -"no me gusta el protagonismo", aseguró al respecto-, o la organización de cursos de gestión sanitaria.

Además, desde 2005 hasta 2013 figuran pagos de varias empresas del presunto entramado a la suya, Tamazula, que según Blasco respondían a proyectos internacionales, que se "derivaron por las diferentes empresas", las mismas que trabajaban con el hospital: "Yo me he llevado empresas a paises lationamericanos que fueran serias y que no nos dejaran mal, siempre he pensado que hacía un favor. Gracias a mi trabajo internacional, he conseguido que muchas empresas generaran empleo, yo me llevo a la gente con la que tengo confianza".

En la investigación se ha comprobado que Tamazula pagó a Blasco gastos personales por valor de 192.000 euros, incluyendo abonos VIP del Valencia Basket o un viaje "de trabajo" a Túnez. Al respecto, el acusado ha señalado que a través de esta empresa "derivaba" los ingresos que percibía: "Me negué a cobrar los trabajos en el extranjero por el tema de la doble imposición". "Los trabajos se facturan a las empresas y estas declaran aquí los ingresos y pagan gastos míos porque es mi trabajo, es dinero que he trabajado yo", expuso. En cuanto a un pago de 11.000 euros a Identiart desde la compañía, explicó que sería para "prestarle dinero" a su entonces pareja sentimental.