VALÈNCIA. La batalla por la responsabilidad en la toma de decisiones sobre la Dana del pasado 29 de octubre prosigue en el juzgado. Tanto la Generalitat Valenciana comolos dos investigados en la causa, la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, buscan fallas en la actuación de organismos estatales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para esgrimir una falta de información o una información errónea que explicaría el aviso tardío a la población, el eje central de la investigación que sigue la jueza, Nuria Ruiz Tobarra.

En ese sentido, uno de los últimos informes remitidos a la instructora desde la Conselleria de Emergencias, que ahora dirige Juan Carlos Valderrama, vuelve a sembrar dudas sobre la posibilidad de la administración autonómica de conocer el estado de los caudales aquel día. El documento, suscrito por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez -uno de los técnicos clave que todavía no ha declarado ante la jueza-, viene a responder a uno de los requerimientos de la magistrada sobre las "rondas de seguimiento" realizadas con "organismos y servicios colaboradores" el día de la Dana para "conseguir información sobre la intensidad y lugar donde se estaban produciendo las precipitaciones y aumentos en los niveles de caudales".

En ese sentido, el informe ahonda sobre "la posibilidad de la utilización del sistema SAIH WIN", la plataforma que según la propia CHJ permitía a la Generalitat Valenciana seguir los datos cincominutales de los caudales del sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la propia Confederación. Al respecto, Emergencias asegura que ya en 2015 los responsables del sistema indicaron en una reunión que "en el contexto de las restricciones en distintas administraciones, no disponían de técnicos de guardia sin poder garantizar la presencia de personal en el SAIH las 24 horas", por lo que se proporcionó un teléfono 24 horas de atención "no necesariamente especialziada pero con capacidad de localizar a personal técnico".

El informe va más allá y señala que fue en enero de 2016 cuando, en una reunión con el director del sistema, "se da acceso" al centro de emergencias de la Generalitat a la mencionada aplicación, que además de los datos de caudales ofrecidas desde la página web, "permitía obtener información pluviométrica en acumulados superiores a 24 horas". Pero posteriormente, "en una fecha que en la actualidad no se puede precisar" -señala el documento-, la Generalitat comprobó que "no se dispone de acceso operativo a la aplicación SAIH WIN. Así, tras contactar con los responsables de la Confederación, estos informaron de que la aplicación a la que se había dado acceso "ya no estaba disponible", y que los datos se podían consultar en la página web. Desde entonces, concluye, "no se tiene presente ninguna conversación posterior sobre el uso de la aplicación SAIH WIN por parte del personal de Emergencias.

En la Confederación Hidrográfica no niegan que la administración autonómica careciera de acceso pero apuntan que es su responsabilidad "actualizar la aplicación" e insisten en que los mismos datos estaban disponibles en la página web del organismo para cualquiera que lo quisiera consultar y señalan a la Generalitat Valenciana como responsable de realizar esa consulta.

En uno de sus informes aportados a la investigación, señalaba la CHJ señalaba el SAIH WIN como la "aplicación informatica" mediante la cual se visualizaban estos datos en tiempo real, si bien la exponía como una opción equiparable a la página web. Además, apuntaba que la información transmitida por el sistema SAIH es "complementaria al resto de información" que recibe el centro de emergencias procedente de otros agentes como los municipios, la guardia civil, o los agentes medioambientales, entre otros, también responsables del control de cauces.

También el organismo de cuenca que preside Miguel Polo, reconocía que sólo presentaba un punto de control en el barranco del Poyo, a la altura de Ribarroja, por lo que la Confederación estaba 'ciega' respeecto a la otra mitad de la cuenca. De ahí que admitiera que "no se puede confiar la seguridad de las personas ante una emergencia por inundaciones a los datos de caudal de un simple sensor de nivel, que no recoge toda la información hidrológica de la cuenca y donde, en todo caso, el tiempo de reacción para la población es muy bajo". Por lo que señalaba a la información pluviométrica y meteorológica como la clave para una "mayor anticipación".

Cabe recordar sin embargo que durante las declaraciones testificales, fueron varios los técnicos de la Generalitat Valenciana que apuntaron a la Confederación como la responsable de hacer una estimación del riesgo a partir de los datos recabados. Por ejemplo, el jefe de servicio de Planificación y experto en la gestión de planes de emergencias, señaló que la tarea de vigilancia de barrancos la hacen "principalmente los ayuntamientos y la Confederación [Hidrográfica del Júcar]", que es "la que tiene la red de sensores y la información y sobre todo el conocimiento de las cuencas, porque son expertos en el río". "Tienen una obligación", insistió: "Y cuando se habla del seguimiento, se habla de notificaciones con formatos normalizados, se tiene que informar de una serie de datos, de una tendencia y de una previsión de evaluación". En ese sentido, añadió que los datos "solamente" pueden "analizarlos" en la CHJ porque tienen los conocimientos necesarios.

Por su parte, una coordinadora de Recursos y Protección Civil, que participó en la elaboración de informes de situación aquella tarde, explicó que ella no hizo ninguna "evaluación de riesgos naturales" sino que se limitó a reflejar en el informe todos los datos que existían pero sin "hacer valoraciónes". "Las valoraciones de riesgo, quien mejor puede hacerlas, son la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)", apuntó. A su juicio, para hacer una valoración de los riesgos, "está el grupo de seguimiento de riesgos" del Cecopi.

Incumplimiento del protocolo de la CHJ

En su informe, Emergencias también señala a la CHJ por incumplir su propio protocolo. Este fija tres umbrales de caudal que, cuando se superan, obligan a emitir un aviso dirigido al centro de coordinación de emergencias de la Generalitat y la Delegación del Gobierno. Se trata de un caudal que "todavía no produce afecciones pero es probable que se produzcan en un tiempo corto si prosigue el incremento de nivel", según reza la explicación remitida por la Confederación: en caso del barranco del Poyo, estos umbrales son los 30, los 70 y los 150 metros cúbicos por segundo.

Una previsión que, sin embargo, no sirvió de mucho en este caso porque la CHJ no remitió aviso al cruzarse ninguno de los tres umbrales, lo que se produjo a las 16.15h, las 17.00h y las 17.25h respectivamente. No en vano, el único aviso que se remitió fue el ya famoso correo electrónico de las 18.43h, pero este advertía de un caudal que a esa hora ya multiplicaba por diez el umbral máximo de aviso (160 m3/s). En dicho mensaje se acumularon los tres avisos que tendría que haber emitido con anterioridad. "Primer, segundo y tercer aviso de la Rambla del Poyo NIII (Riba-Roja VALENCIA)", reza el encabezado del correo, donde además avisaba que la tendencia era "ascendente" y que la crecida estaba siendo "muy rápida".

El protocolo también señala que los avisos a Protección Civil "se realizarán generalmente por e-mail, salvo excepciones, que será por fax; y en cualquier caso, sería conveniente la confirmación telefónica de su recepción". Así, la Generalitat Valenciana apunta a que no consta "ninguna comunicación telefónica en ese sentido por parte de la Confederación". Asimismo, señala que "en el caso de avenidas importantes" es el comité Permanente de la CHJ el que "ha de adoptar las medidas oportunas y el que ha de canalizar las relaciones con Protección Civil".

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