VALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia ha avalado la labor investigadora del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y ha rechazado el intento del empresario Jaime Febrer -considerado el principal presunto corruptor del caso Azud- de archivar la causa. En un auto del pasado viernes, la sección tercera de la Audiencia desestima su recurso y confirma que existen indicios suficientes de criminalidad tanto contra él como contra el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, como para mantener abierta la instrucción, que todavía no ha concluido tras casi ocho años.
La resolución judicial confirma que existen "indicios de delito" contra Febrer y que todavía falta analizar parte de la documentación incautada en las entrada y registros practicados. Por ello, insta a examinar la situación del empresario cuando fue imputado "en el contexto propio" de la causa y no "como compartimentos estancos". "No parece que sea adecuada la visión aislada que tiene el apelante de la imputación", insiste la sala, porque "la investigación ha ido poniendo de manifiesto que la imputación se ha ido extendiendo a otros hechos".
El recurso de Febrer defendía que los pagos efectuados por parte de varias empresas de su congolmerado (Grupo Axis) al despacho de Corbín no revisten ningún indicio delictivo y que respondían a un contrato de iguala para llevar "asuntos propios" de la empresa y donde se incluía "todo tipo de asesoramiento". Sin embargo, la sala recalca que la investigación no ha podido acreditar "ninguna intervención jurídica, de índole procesal o emisión de informe alguno que pudiere dar cobertura a los citados pagos" pero sí ha desvelado "una vinculación directa" con adjudicaciones urbanísticas del Ayuntamiento de València.
El auto se apoya en informes de la UCO y de la Agencia Tributaria, que atribuyen a sociedades vinculadas al Grupo Axis el pago de 602.156 euros entre 2007 y 2013 a Corbín Abogados SL. El auto insiste en que se trataría de pagos que "presuntamente carecen de cobertura" y que responderían "supuestamente a comisiones ilícitas desembolsadas en atención a la obtención de decisiones de índole urbanística adoptadas desde el Ayuntamiento de Valencia".
La defensa de Febrer había apuntado también al hecho de que Corbín no era personal funcionario del Ayuntamiento de València. Y aunque la Audiencia admite que "no es, ni ha sido funcionario municipal", señala que no puede obviarse que estos pagos se habrían hecho, presuntamente, "por la relación de parentesco" entre Corbín con la entonces alcaldesa y su hermana, esta sí funcionaria del ayuntamiento, con la que estaba casado. De este modo, dice la sala, estaría "supuestamente vinculado el volumen de ingresos experimentado por el referido despacho a esa relación de parentesco".
Aquí trae a colación uno de los informes de la UCO del que destaca que, más allá del destino que Corbín y su mujer dieran al dinero ingresado en sus cuentas bancarias, lo importante es que en estas cuentas "se ingresaban las comisiones presuntamente ilícitas abonadas por empresas vinculadas" a Febrer. Una de las cuentas vio incrementado su "haber" en más de 425.000 euros entre 2007 y 2011, y otra, en 135.000 euros entre 2001 y 2013, según el Instituto Armado.
Cabe recordar, a estos efectos, que la mercantil de Corbin sufrió una importante caída de los ingresos después de que la alcaldesa popular abandonase el ejecutivo local del Ayuntamiento del Cap i Casal. La investigación apunta precisamente a Corbín por su posible papel de intermediario con el Ayuntamiento de València para conseguir beneficios urbanísticos para el empresario a cambio de las presuntas comisiones ilícitas, asociadas a los mencionados pagos.
