VALÈNCIA. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tenía a dos agentes encargados de realizar las tareas de vigilancia del barranco del Poyo, según consta en un informe remitido por el organismo que dirige Miguel Polo a la jueza de la Dana. La magistrada pidió, después de que le obligara la Audiencia Provincial, que el organismo de cuenca identificara a los agentes medioambientales y guardas fluviales que estuvieron el día de la catástrofe en estas funciones
En concreto, la Confederación ha identificado a 50 agentes los que estuvieron trabajando en el conjunto del territorio de la demarcación. En la Zona Centro, que abarca el área por la que discurre el río Magro y barrancos como Horteta o la rambla del Poyo y que comprende en seis sectores los municipios principalmente afectados por las riadas, había en esa jornada seis efectivos entre agentes o guardias fluviales en tareas de vigilancia, un jefe de zona y un responsable de subzona. En los dos sectores de la rambla del Poyo y barranco de la Horteta y la rambla del Poyo había un agente medioambiental y un guardia fluvial, respectivamente.
Cabe recordar, a estos efectos, que la CHJ solo tiene un sensor de caudales en el barranco del Poyo, a la altura de Ribarroja, pero el resto de barrancos tributarios a este aguas abajo como el barranco de l'Horteta, el del Gallego o La Saleta, quedan fuera de la cobertura del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación. Y que fueron estos barrancos los primeros que se desbordaron. Por ello era tan relevante la vigilancia in situ de los barrancos.
En su respuesta al juzgado, contada por este diario y firmada por el presidente de la CHJ, el organismo aseguró que los agentes medioambientales y guardas fluviales aquel día "realizaron su función de vigilancia de forma itinerante, desplazándose en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron, a los puntos que pudiera ser más conflictivos en cada momento en base a su conocimiento sobre el terreno. Asimismo, señaló a la Generalitat Valenciana para asegurar que "no hubo en ningún caso una solicitud de colaboración por parte del mando único a cargo de la emergencia a esta Confederación Hidrográfica, ni durante la fase de preemergencia ni una vez declarada la fase de emergencia".
- El cauce del barranco a su paso por Torrent -
- Foto: AYUNTAMIENTO DE TORRENT
Hace semanas, compareció en la comisión de investigación del Senado el que fuera jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ en la Dana, Ricardo Domínguez, quien reiteró que las cuestiones debatidas sobre los efectos de la dana en la población “nada tienen que ver” con las funciones de su servicio, que se limitan a la inspección, control y vigilancia del dominio público hidráulico, lejos de las de emergencias o protección civil.
“Nuestro trabajo principal viene después de las lluvias”, explicó, a través de la elaboración de informes sobre los daños que estas avenidas han producido en los cauces. Por ello, aunque con conocimiento de la situación de los caudales a lo largo del día de la dana, la misma información que recibían también otros organismos, insistió en que la obligación de su servicio no era "la de informar".
Con todo, lo cierto es que en documentos del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende directamente la CHJ, se recoge entre las funciones de los agentes medioambientales no solo el "seguimiento de los daños causados en el dominio público hidráulico durante episodios de avenidas e inundaciones" sino también la "realización de aforos, información sobre crecidas y control de calidad de las aguas". Domínguez explicó que los agentes realizan estas tareas cuando se les requiere, por ejemplo cuando hay problemas de comunicación de los sensores automáticos.
La reticencias de la jueza para indagar los agentes de la CHJ
La magistrada preguntó en su momento a la Confederación si había movilizado a sus agentes pero rechazó una de las diligencias solicitadas por una acusación particular, representada por el letrado Francisco Regalado Rojas, que pedía conocer quiénes eran esos agentes para más tarde pedir su comparecencia como testigos. Algo que, a juicio de la acusación, no tenía "sentido" y recurrió la decisión.
La Fiscalía se avino a los argumentos del abogado, y aunque recalcó que la competencia en la vigilancia de los barrancos era de la Generalitat Valenciana, sostuvo la "la utilidad total" de indagar también en los agentes movilizados de la CHJ para saber "qué información recabaron al realizar la vigilancia y a qué personas y/o organismos la proporcionaron", tal como contó Valencia Plaza.
Así pues, la Audencia Provincial revocó la decisión de la magistrada y compartió el criterio del Ministerio Fiscal al cosnsiderar "evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos".
