VALÈNCIA. La urgencia de construir más vivienda de manera más ágil ante la escasa (y prohibitiva) oferta actual se topa con una burocracia implacable. Al menos, esta cuestión no parece trasladarse con esa misma urgencia a los tiempos de la Administración, tal y como se podía interpretar este martes de la respuesta de la directora de la Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, Leire Iglesias, al ser preguntada por la Ciudad de la Construcción que Pedro Sánchez anunció hace casi un año y de la que aún no se conocen avances ni se ha concretado un horizonte temporal.

"El sector de la construcción ha priorizado el poner en este momento las herramientas de financiación, de plataforma, de homologación, de normativa y unos trámites previos por delante en el proyecto del Perte de la industrialización. A continuación continuará con otros objetivos como es el desarrollo de la ciudad de la industrialización", respondió Iglesias a los periodistas durante la rueda de prensa convocada por la entidad para presentar su plan de alquiler asequible en municipios afectados por la Dana en la provincia de Valencia.

En otras palabras, todavía no hay fechas concretas para la puesta en marcha de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción, cuyo objetivo es crear un ecosistema empresarial que desarrolle modelos de construcción con métodos industriales que permitan acortar los tiempos de obra y reducir la mano de obra necesaria.

Este proyecto se ubicará en la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia y se presentó el pasado 24 de abril como uno de los pilares fundamentales sobre los que pivota el Perte de vivienda para la construcción industrializada. Para ello, el Ejecutivo se comprometió a movilizar una inversión pública de 1.300 millones de euros en diez años, con la ambición de construir 15.000 viviendas industrializadas al año y alcanzar las 20.000 en una década.

Con todo ello, no hay calendario definido ni inversión prevista, ni tampoco se ha diseñado un modelo de colaboración público-privada para desarrollar esta zona, concebida, según se dijo, para generar un polo de innovación destinado a transformar el modelo constructivo español hacia uno industrializado. La vocación de generar un entorno industrial en la ZAL pasa por concentrar empresas, centros de innovación y espacios formativos vinculados a la construcción industrializada.

Lo cierto es que el anuncio de Pedro Sánchez durante la clausura de la 8ª edición de la Feria del sector de la edificación y la construcción Rebuild generó una gran expectación en la Comunitat Valenciana, puesto que sería la principal beneficiada del proyecto al albergar su sede central en su enclave portuario.

La elección de la ZAL tiene un componente estratégico. La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) dispone de parcelas en este parque industrial en desarrollo, que cuenta con buenas conexiones logísticas. También se buscaba hacer un guiño a una tierra castigada por la Dana de 2024 debido a su alta necesidad residencial.

Sin embargo, por ahora, la iniciativa no ha pasado del papel. El pasado 6 de mayo el Consejo de Ministros aprobó oficialmente el Perte, y apenas unas semanas después, el 30 de mayo, se constituyó su Oficina mediante orden ministerial. El siguiente hito se cumplió en septiembre cuando se nombró a la directora del proyecto, Maribel Vergara, encargada de coordinar las principales líneas de trabajo.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez indicó en noviembre a este periódico que "se están ultimando los trabajos para que cuanto antes puedan empezar a concretarse los primeros proyectos". En este sentido, explicaron que antes era necesario completar una serie de pasos administrativos y de gobernanza, que guiarán el marco de actuación para el conjunto de iniciativas del programa.

Las ventajas de la industrialización

La reducción en los tiempos de ejecución en la construcción trae consigo una ventaja que se ha convertido en la principal reivindicación del sector: la reducción de costes. Y es que el encarecimiento de la materia prima ha apretado significativamente los márgenes del sector, sobre todo del dedicado a la obra pública debido a los ajustados precios de las licitaciones. 

En sólo seis años, el coste de obra ha pasado de 600 euros el metro cuadrado a 1.400, según explica a ValenciaPlaza José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Comunitat Valenciana (Fecoval).

Solo en el último año, asegura, los costes han aumentado entre un 20% y un 25%, a lo que se añade una escalada acumulada desde 2020 que, en algunos casos, ya supera el 50%. En concreto, el encarecimiento está siendo especialmente acusado en productos clave como el hormigón, que ha subido de media 16 euros por metro cúbico sobre un precio base de unos 90 euros. El betún, por su parte, registró hace dos semanas un incremento de 200 euros por tonelada, cerca de un 30%. A ello se suma el aumento del hierro, con subidas de hasta 30 céntimos por kilo, además del encarecimiento generalizado de áridos, transporte y energía.

Además de los materiales, el sector también acusa la falta de mano de obra, lo que presiona aún más los costes. "Tenemos un déficit de trabajadores y eso hace que suba el precio de la mano de obra, a lo que se suma el incremento del salario mínimo", apunta. Sin embargo, critica que este factor no se contempla en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos, lo que obliga a las empresas a asumirlo íntegramente. Precisamente, la industrialización del sector contribuiría a reducir la necesidad de mano de obra, una cuestión que a día de hoy se ha convertido en uno de los principales desafíos de estas empresas.