VALÈNCIA. Tras casi treinta años de bloqueo por una larga batalla en los tribunales, se abre una nueva etapa para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València. El aval del Tribunal Supremo, que ha desestimado el último recurso de la Asociación Ciudadana Per l'Horta contra la decisión de la Generalitat de aprobar definitivamente este espacio, da carpetazo al último litigio que se estaba librando durante más de siete años sobre la tercera versión del Plan Especial para promover este espacio portuario.
Cabe recordar que debido a este escenario de parálisis, diversos proyectos empresariales que sondeaban la posibilidad de instalarse en este recinto acabaron dando marcha atrás y yéndose a zonas logísticas de otros recintos portuarios. Dos casos de este tipo fueron Raminatrans y Pimba, empresas logística que en su día apostaron por la ZAL pero que finalmente optaron por otras zonas, aunque no lo achacaron a la incertidumbre que pesaba sobre el espacio valenciano a cuenta de la confrontación judicial.
La decisión del Alto Tribunal ha sido celebrada tanto por el entorno portuario como empresarial. La patronal autonómica, la CEV, prevé que a corto plazo se "reactiven trámites, proyectos e incluso iniciativas que en su momento quedaron paralizadas", una postura que también sostiene el presidente de la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos Propeller Valencia, Alfredo Soler, quien confía en vuelva "la certidumbre y la confianza necesaria" para que los inversores "renueven su interés" por instalarse en la ZAL.
Soler también destaca que el fallo del Supremo "confirma la validez" de los procedimientos y actuaciones desarrolladas hasta la fecha en la ZAL del Puerto de Valencia. Y, es que, cabe recordar que la Asociación Ciudadana Per l'Horta lleva más de veinte años cuestionando el proyecto y denunciando la destrucción de tierras clasificadas como huerta protegida que fueron, según su criterio, indebidamente expropiadas y urbanizadas.
El precedente se remonta a julio de 1998, cuando el Gobierno valenciano del PP resolvió aprobar el Plan Especial de Ampliación del Patrimonio Público del Suelo de la Generalitat para el desarrollo de una ZAL en la zona de La Punta, que supuso la ocupación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola y la expulsión forzosa de casi un centenar de familias que vivían y trabajaban en esas tierras. El planeamiento sucesivo fue dos veces anulado por sendas decisiones judiciales. La primera por sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 y la segunda por el mismo TSJ en su sentencia de 13 de marzo de 2013, confirmada de nuevo por el Tribunal Supremo por sentencia de 25 de mayo de 2015, según señala Per l'Horta.
Sin embargo, en marzo de 2024, el Alto Tribunal modificó este criterio y afirmó que la transformación física de los terrenos hace prácticamente inviable su recuperación para el uso agrícola al que aparecían destinados en el Plan General de València. Por eso, el colectivo ciudadano preparó un nuevo recurso de casación contra la sentencia del TSJ de 30 de septiembre de 2025, que ahora ha sido desestimado. Con este pronunciamiento del Supremo, la Autoridad Portuaria de València (APV) también ha salido al paso para reiterar que el procedimiento se ha hecho conforme a la legalidad. "Desde el inicio, la APV ha estado convencida de que todas las actuaciones se han desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente. La inadmisión es también un reconocimiento y un aval al trabajo técnico, jurídico y administrativo realizado durante años; un esfuerzo colectivo en el que han participado numerosos profesionales", señala la autoridad portuaria.
Impacto en el barrio de Nazaret
Si algo destacan tanto Valenciaport como Propeller es el impacto que tendrá el revulsivo de la ZAL en el barrio de Nazaret. "Esta decisión tiene un impacto directo en el barrio de Natzaret y en València ciudad, que ven reforzada la certidumbre sobre inversiones y en forma de empleo de proximidad", señalan desde el puerto. Por su parte,m Soler sostiene que los proyectos empresariales que se instalen en la ZAL "van a adquirir un compromiso con los ciudadanos del barrio de Nazaret que se concretará en la creación de nuevos puestos de trabajo".
Valenciaport confía en que la resolución convierta este espacio en un enclave estratégico de referencia en el actual contexto de elevada competencia logística a nivel mundial. "Esta resolución aporta estabilidad a las iniciativas empresariales vinculadas a la ZAL; a proyectos que han apostado por este espacio como base para su desarrollo futuro", indica en un comunicado la entidad portuaria.
La patronal valenciana señala, además, que la sentencia hará que la ZAL "pase de ser un proyecto con dudas a convertirse en una oportunidad real, bien posicionada dentro del entorno logístico del puerto y con capacidad para volver a atraer el interés empresarial". En ese sentido, vaticina que a medio plazo habrá una sólida y creciente demanda de suelo logístico donde la ZAL puede consolidarse como un espacio competitivo. "Además, se presenta como una oportunidad clara para dar apoyo y capacidad de crecimiento a las empresas ya ubicadas en el entorno del puerto de Valencia", agrega.
La ZAL, el espacio de la esperada Ciudad de la Construcción de la que aún no se sabe nada
Además de los proyectos en marcha, como la construcción de una nueva plataforma logística de MSC por más de 30 millones de euros y la adjudicación de un derecho de superficie sobre tres parcelas a Nederval, Maltransinter y Transitalia 2004, destaca la iniciativa de levantar en este espacio la Ciudad de la Industrialización de la Construcción anunciada por el Gobierno para impulsar la industrialización en el sector.
Sin embargo, han pasado seis meses desde dicho anuncio y no se conoce avance alguno. No hay calendario definido ni inversión prevista, ni tampoco se ha diseñado un modelo de colaboración público-privada para desarrollar esta zona, concebida, según se dijo, para generar un polo de innovación destinado a transformar el modelo constructivo español hacia uno industrializado. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aseguran que "se está trabajando para que cuanto antes se puedan empezar a concretar proyectos", pero sin aportar plazos.
Este proyecto se presentó el pasado 24 de abril, como uno de los pilares fundamentales sobre los que pivotará el nuevo Perte de vivienda para la construcción industrializada, que aspira a reactivar la economía y abordar el problema del acceso a la vivienda mediante la agilización de procesos y la reducción de plazos. Para ello, el Ejecutivo se comprometió a movilizar una inversión pública de 1.300 millones de euros en diez años, con la ambición de construir 15.000 viviendas industrializadas al año y alcanzar las 20.000 en una década. La vocación de generar un entorno industrial en la ZAL pasa por concentrar empresas, centros de innovación y espacios formativos vinculados a la construcción industrializada, un modelo que permite reducir los tiempos de edificación, abaratar costes y mejorar la sostenibilidad del sector.