VALÈNCIA. Última sesión del juicio de la pieza E de Taula sobre las presuntas adjudicaciones irregulares en la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València en época de Rita Barberá. Después de que el Ministerio Fiscal pidiera en sus conclusiones el pasado lunes una "condena ejemplar" de hasta 11 años de prisión para el principal acusado, el exgerente de Imelsa conocido como el 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, cuya defensa trata de invalidar los audios clave y alega la prescripción de los delitos, este jueves le tocaba a las defensas tanto del que fuera gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, como de otros tres empresarios sentados en el banquillo.

La Fiscalía pide cinco años de cárcel al ex gerente de la fundación, inicialmente exonerado pero acusado a instancias de la Audiencia Provincial tras un recurso de la acusación pública, por permitir el contrato zombi de Benavent en el organismo mientras "trabajaba para el PP" y su posible influencia en la que era su mujer, la concejala de Cultura, María José Alcón, para el amaño de concursos públicos. Con todo, en su escrito de conclusiones, el letrado de Burgos ha alegado la falta de pruebas y ha descargado cualquier responsabilidad del exdirigente en la contratación del 'yonqui del dinero'.

"La Fiscalía habla de la comisión del delito por omisión, como si estuviera en manos de Vicente Burgos decidir si Benavent cobraba de la Fundación", ha asegurado respecto a su representado, el entonces gerente del ente. El abogado ha reiterado las palabras de Burgos en su declaración de 2016, cuando dijo que fue el entonces conseller de Cultura, Esteban González Pons, quien contrató a Benavent en la Fundación. "Poco tengo que protestar", declaró entonces. Por lo que su defensa, en el juicio, preguntó a la acusación pública "qué se le exigía" exactamente a Burgos: "¿Un acto heroico o incluso temerario? ¿Enfrentarse [a González Pons]?".

En otro de los momentos de su intervención, el abogado de Burgos le restó responsabilidad en la gestión de la fundación, que estaba dirigida "por un órgano colegiado", el patronato. Así, abundó que el gerente era "un empleado a sus órdenes sin capacidad de decisión ejecutiva y que no está convocado a las reuniones". Y aprovechó para insistir en que la fundación no era pública, como sostiene la Fiscalía, sino "privada al interés público" y financiada con "subvenciones directas, donaciones, convenios, patrocinios y aportaciones de patronos". Y ahondó en que, como la mayoría de los ingresos, los patronos "más importantes" eran de naturaleza privada.

Por otra parte, en cuanto al contrato zombi del 'yonqui del dinero', afeó que la Fiscalía saque "de contexto" algunas de las declaraciones de Burgos cuando dijo que Benavent "no tenía ni mesa en la fundación". Según explicó el letrado, el entonces investigado intentaba demostrar "su escasa relación en el día a día con Benavent" pero que "eso no quita que trabajara allí, sobre todo porque era los ojos del conseller en la Fundación, y hacía visitas y viajes" en tareas de representación del organismo.

"Solo el Ministerio Fiscal se empecina en acusar al señor Burgos pese a las dos veces que el instructor lo rechazó", recalcó la defensa, que como el resto de defensas, insistió en la prescripción de los presuntos delitos por haber pasado más de una década. También cuestionó el procedimiento porque la Fiscalía no sumó un nuevo delito a su acusación hasta el final y no se le volvió a tomar declaración al entonces investigado.

Por su parte, las defensas de los tres empresarios adjudicatarios de contratos de la concejalía de Cultura -Carlos Vicente Gil, Carlos Turró y Enrique Aleixandre- alegaron también la prescripción. Además, remarcaron que las grabaciones entre Benavent y la exedil Alcón donde hablan sobre adjudicaciones y presuntas mordidas no demuestran la participación de los tres acusados en los delitos, y se apoyaron en la testifical del entonces concejal de Contratación, el popular Félix Crespo, y otros funcionarios, quienes negaron cualquier influencia para favorecer a determinadas empresas. Conclusiones que también sostuvo como perito, contratado por Turró, el que fuera líder de Podem en la Comunitat, Antonio Montiel.