VALÈNCIA. Primera jornada del juicio por el caso Osvaldos en la sección primera de la Audiencia Provincial, sobre el presunto desvío de fondos del Consorcio del Hospital General de Valencia cuando era gerente Sergio Blasco, uno de los sobrinos del exconseller Rafael Blasco -condenado en el caso Cooperación-. Si bien en los últimos días se había explorado un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena, finalmente no se materializó y el juicio se ha acabado celebrando.

La causa afecta a once personas entre las cuales destaca el propio Sergio Blasco y su hermano, Francisco José, para los que el Ministerio Fiscal solicita 20 años de carcel y una multa de 14 millones de años, y 14 años de prisión respectivamente. En las cuestiones previas, varios abogados han intentado dejar sin efecto la investigación para evitar el juicio a los acusados defendiendo la ausencia de cualquier indicio delictivo y alegando también cuestiones formales y de garantías procesales.

Cabe recordar que según el juez instructor, Sergio Blasco creó un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos que, a su vez, subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras sociedades de la misma trama sin que ejercitasen actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se realizaban. Y se servían de estas mismas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas con unos beneficios que revertían en los integrantes de la organización.

Varias defensas -entre ellas el abogado de Sergio Blasco, César Olmos-, han defendido en primer lugar que el procedimiento judicial “se inició sin relato de hechos que la apoyara” a partir de una denuncia de una diputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, con aportación documental posterior de Rosa Pérez Garijo, que luego se tradujo en una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Así, ha aseguado que la investigación ha sido una “inquisición general” a partir de “meras sospechas”. A su juicio, no existían indicios para incoar diligencias y la instrucción fue una “investigación prospectiva”, lo que supondría una “vulneración de derechos fundamentales” del exgerente del Hospital General y el resto de acusados.

Así, han solicitado la nulidad del auto de incoación y de toda la investigación para que el proceso quedara “sin contenido” y no hubiera lugar al enjuiciamiento. Por “falta de concreción” en los hechos -“no hay hechos delictivos”, ha señalado un abogado-, porque durante la investigación “no se ha aportado ningún dato objetivo que permita afirmar” la existencia de posibles infracciones penales. Respecto a la querella de la Fiscalía, uno de los letrados ha defendido que se basaba en “sospechas y vaguedades ambiguas” sobre la “hipótesis de que alguien ha organizado un manejo en concursos para lucrarse”.

Además de denunciar una vulneración del derecho a al intimidad por indagar en viajes personales de Blasco, su defensa ha señalado la falta de órdenes para algunos registros y la carencia de un “control judicial” sobre la documentación que se incautó. También ha señalado un “exceso de la acusación” por incluir hechos que fueron excluidos en la investigación. El letrado de Miguel Sanfélix, administrador de una de las empresas del entramado, ha negado el “papel clave” que atribuye el instructor al empresario y ha cuestionado las presuntas comisiones ilegales por la construcción de hospitales en Perú.

La letrada de otro de los empresarios, Vicente Doñate, por su parte, ha defendido que este no estaba en las denuncias iniciales y que los contratos que le afectan estaban vinculados al que fuera conseller de Sanidad, Rafael Blasco, pero este “quedó fuera del procedimiento”. El juzgado de Instruccióm determinó el sobreseimiento de la causa para el exconseller al entender que en ninguno de los expedientes dio "orden, indicación o sugerencia alguna" para determinar las adjudicatarias. Por ello, la abogada ha acusado al juzgado de instrucción de iniciar “investigaciones omnímodas” e “ilimitadas” que “ampliaban en exceso” el objeto “sin ningún indicio”.

El letrado de otro de los involucrados, José Luis Sánchez, ha asegurado que en esta causa "se ha salido de pesca" para "ver lo que se encontraba". Así, ha dicrepado de la terminología empleada y ha señalado que el primer escrito de Izquierda Unida no era una “denuncia” como tal sobre una “serie de adjudicaciones” y “recortes de prensa y citas”. “Una denuncia es poner en conocimiento unos hechos posiblemente constitutivos de delito para que el Fiscal incoe un procedimiento y, una vez incoado, tras practicar diligencias, formule una querella, pero en este caso no se ha hecho ninguna diligencia de investigación: no ha tomado declaración a ningún testigo ni ha requerido ningún perito”, ha asegurado la defensa.

El abogado ha señalado que "pocos ejemplos" ha visto "tan claros" de una "investigación prospectiva" y ha puesto el acento sobre el hecho de que la Fiscalía solo haya "reprducido" el escrito de Izquierda Unida. También ha remarcado que, de los 11 querellados iniciales, apenas 3 han acabado acusados junto a otras 8 personas. "Esto da cuenta hasta qué punto es una investigación prospectiva", ha insistido.

Anticorrupción defiende la investigación

En su intervención, la Fiscalía Anticorrupción se ha centrado en negar las acusaciones de una investigación prospectiva y, tras citar jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, aseguró que "si ya hubiese poderosos indicios de criminalidad" desde el principio, "no sería necesario prolongar" la investigación. "Abrir una investigación sobre determinados hechos exige investigar la verosimilitud; sería absurdo pensar que una investigación sólo puede abrirse cuando haya indicios racionales", aseguró la fiscal, quien incidió en que lo importante para iniciar las pesquisas es "constatar que los hechos sean ciertos y reales, y a partir de ahí, la investigación dilucidará si se pueden contar con indicios racionales".

En este procedimiento, dijo, la denuncia inicial hablaba de "un entramado societario", establecía la relación "entre el gerente [Sergio Blasco] con el entonces conseller de Sanidad [Rafael Blasco], con el que coincidió un año", establece "relaciones de amistad entre las personas" intervinientes y hablaba de posible tráfico de influencias en la adjudicación de contratos. "No hablaba de prevaricación pero aporta indicios en ese sentido", ha señalado la fiscal en relación a las cuentas del consorcio hospitalario y los informes de la auditoría, según el cual varios procedimientos carecían del informe técnico preceptivo que justificara la exclusividad de la contratación.

"En la documentación sí que hay indicios de posibles irregularidades en esas contrataciones", ha apuntado la representante del Ministerio Fiscal, que ha insistido en que eso es "el núcleo del delito de prevaricación". A partir de ahí, ha relatado, la Fiscalía realizó "una investigación donde sí se toma declaración a diversas personas". "No creo que la querella del fiscal pueda considerarse como prospectiva", ha insistido, recordando la pericial sobre la auditoría de la intervención general donde "aparecen todas las irregularidades". "Desde el principio de la causa se confirmó la verosimilitud de lo que se había denunciado; son irregularidades que exceden en mucho errores administrativos".

Además, también defendió el auto de procedimiento abreviado del juez de instrucción, que había sido acusado de extralimitación. "No hay tampoco una extralimitación" aquí, según la fiscal, porque habla "de trasvase de fondos sin justificación", y aportó diferentes ejemplos de estas operaciones. A la postre, ha defendido que el procedimiento ha sido "absolutamente respetuoso con el derecho de defensa de los acusados" y con la práctica de la prueba se habrá de "dilucidar si algunos de estos hechos queda probado", ha concluído.