VALÈNCIA. Este martes dio comienzo el juicio del caso Osvaldos sobre la presunta trama de corrupción que entre 2005 y 2014 habría desviado hasta 35 millones de euros del Hospital General de Valencia a través de una red societaria cuando era gerente Sergio Blasco, uno de los sobrinos del exconseller de Sanidad Rafael Blasco, condenado en el caso Cooperación. Una causa con once acusados en la que hará una aparición puntual el actual conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha sido citado a declarar por la Fiscalía Anticorrupción como testigo por haber pagado "sin justificación" a la presunto entramado a través de dos consultoras, según el juez instructor.

El Ministerio Fiscal, como única acusación en el juicio, ha solicitado la comparecencia de casi un centenar de testigos que empezarán a desfilar por la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia la próxima semana después de la primera sesión de este martes, centrada en las cuestiones previas. Así, entre los testigos figura el titular de Sanidad, que entre 2003 y 2004 fue secretario autonómico de la ahora extinta Agencia Valenciana de Salud (AVS) y el titular del juzgado de Instrucción 6 consideró probado que tuvo una vinculación con el entramado investigado que habría liderado Sergio Blasco, para el que la Fiscalía solicita una pena de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros.

En el auto de procedimiento abreviado, el magistrado señaló que Marciano Gómez administró dos consultoras -Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL e Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL- que abonaron dinero a dos empresas de la trama "sin justificación alguna". A la compañía Vamont Consulting, encabezada por un amigo de Blasco, pagó 20.000 euros mientras que a Corporación Sanitaria del Mediterráneo, una empresa "sin trabajadores a su cargo" y administrada por el hermano de Blasco -también sobrino del exconseller del PP-, hizo lo propio con 17.400 euros.

Según sus propias manifestaciones cuando declaró en su momento, estos pagos los afectuó a estas mercantiles "a las que no conocía de nada por indicación de Sergio Blasco y en relación a unos folios con información sobre unos hospitales en Perú que le dio  el propio Sergio", reza el auto del juez. En cuanto al segundo pago, el instructor dejó por escrito que se hacía en referencia a "supuestos proyectos en Lationamérica" y se efectuó "sin justificación documental alguna".

Al respecto, Gómez manifestó que se trataba de "abonos por intermediación en el mercado sanitario peruano, sin justificación alguna". El abono coincide, según el auto, "en cuantía y fecha" con los pagos que Vamont Consulting realizó a otra firma encabezada por el hermano de Sergio Blasco, uno de los empresarios acusados. Pese a ello, el instructor aseguraba que no existía "documento justificativo de tales facturas". Este martes, la fiscal Anticorrupción mencionó, en su intervención, el nombre del actual conseller de Sanidad, que tendrá que pasar a declarar el próximo 22 de octubre para responder como testigo. Casualmente, en una fecha próxima a la remodelación del Gobierno valenciano anunciada por el jefe del Consell, Carlos Mazón, para el 5 de noviembre.

El calendario de testificales se antoja extenso, pues sólo con las propuestas por la acusación pública, comparecerán casi un centenar de personas hasta principios de noviembre. Entonces, será el turno de los testigos propuestos por las defensas y más tarde, los peritos. Se prevé que a finales de noviembre se haya concluído con las comparecencias.

Durante la primera sesión, en la fase de cuestiones previas, las defensas han intentado anular el procedimiento sosteniendo que se había hecho una investigación "con carácter prospectivo" y que ni en la primera denuncia, presentada por la diputada de Izquierda Unida Marina Albiol, ni en la querella posterior de la Fiscalía había "indicio alguno" de criminalidad. El Ministerio Fiscal trató de desarticular la argumentación, que deberá resolver la Audiencia Provincial antes de llevar a cabo el juicio. El juez instructor vio delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencia y cohecho.