VALÈNCIA. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa por la construcción irregular de una piscina municipal de Alboraya. El escrito presentado por el Ministerio Fiscal ante el juzgado de Instrucción 19 reconoce la situación irregular de los terrenos en los que el Ayuntamiento de Alboraya impulsó la instalación. Los terrenos forman parte del término municipal de València y estaban en trámites de segregación para su incorporación al del municipio vecino. Un proceso que no había finalizado y que el consistorio de Alboraya habría obviado a sabiendas.

Sin embargo, a juicio del Ministerio Fiscal, todo ello no sería constitutivo de delito, por lo que ha pedido el sobreseimiento libre para uno de los investigados, el exalcalde de València, Joan Ribó, y el sobreseimiento provisional para el resto de investigados: el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria, y la edil de Urbanismo, Ana Bru.

El escrito presentado el pasado 2 de marzo por el fiscal Joaquín Ramo Baños y al que ha tenido acceso este diario señala que, con toda la documentación recabada y las declaraciones prestadas en la instrucción, puede "colegirse la existencia de una defectuosa planificación urbanística llevada a cabo en los años 80 del siglo pasado" y que ha dado lugar a lo largo del tiempo a la construcción, por parte del Ayuntamiento de Alboraya, de dos capos de fútbol, un pabellón semicubierto, un trinquet y una piscina cubierta. Esta última, el objeto de la investigación, habría invadido "una porción ínfima" del término de València.

Es aquí cuando el fiscal entra a valorar el quid de la cuestión: si la parcela seguía formando parte del término municipal de València -grafiado como huerta protegida- o no. El escrito considera "plausible" que Alboraya incluyera la parcela en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "aun a sabiendas de que formalmente todavía no se hubiera incorporado" si tenía "la expectativa" de que el proceso de segregación culminase y "tenía prevista la continuidad en la construcción de su complejo deportivo".

Así, el fiscal considera que Alboraya habría incluido en su Plan General una parcela que todavía no era suya, si bien olvida que esta parcela está grafiada como protegida por el plan urbanístico de València. Con todo, cree que esta decisión puede ser "muy anómala" en "términos administrativos" pero "no puede ser constitutiva de delito".

"Las parcelas se encuentran en una situación anómala y formalmente irregular, y desde luego su situación planimétrica no responde a la realidad", expone el escrito del fiscal, para quien la solución pasa por "resolver los expedientes de segregación iniciados ya hace años". Pero "en ningún caso", dice el representante de la acusación pública, quedaría incluído en "los elementos objetivos" y "sobre todo de culpabilidad exigidos" para los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

El Ministerio Fiscal fue el que inició la investigación tras la denuncia de un particular y el que acabó llevando el caso a la justica al ver indicios de delito. Figuran como investigados el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria, y la edil de Urbanismo, Ana Bru, así como el primer edil de València, Joan Ribó, que declaró a finales del pasado año para descargar las responsabilidades urbanísticas en los ediles del ramo. Con todo, tras toda la instrucción practicada, el fiscal no ve delito en la actuación de ambos ayuntamientos.