VALÈNCIA (EFE/P.P.). El exalcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que él "desconocía absolutamente" la supuesta construcción irregular de una piscina municipal en Alboraya y ha señalado que el tema nunca se trató mientras él estuvo al frente de la Alcaldía. La instalación, impulsada por el consistorio de l'Horta Nord, se llevó a cabo en una parcela del término municipal de València, cuyo Plan General califica el suelo como huerta protegida. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término de Alboraia, por lo que la controversia gira en torno a qué normas urbanísticas rigen, si las de un municipio u otro.
El exalcalde se ha pronunciado en la Ciudad de Justicia de València antes de su declaración como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de València que investiga la supuesta construcción irregular de una piscina municipal en Alboraya. Una declaración que llega después de que la citación del pasado mes de julio se suspendiera por un error de notificación. Ribó ha explicado antes de entrar al juzgado que se trata de un tema que él como alcalde "desconocía absolutamente", porque "no tenía competencias sobre ello" y "porque nunca se había tratado en el Ayuntamiento" que él "recordara" y que no se trató "ni en la Junta de Gobierno ni en ninguna conversación".
Así se ha pronunciado también en sede judicial, según fuentes conocedoras de la declaración. Ribó ha respondido solo a las preguntas del juez y de su propia defensa -un abogado del Ayuntamiento de València- y ha asegurado que no conocía la construcción de la piscina en esa parcela, sita en los lindes entre un municipio y otro. Así, ha asegurado que se reunió con el alcalde de Alboraya pero en ningún momento trataron la segregación de la parcela. Asímismo, ha asegurado que no tenía competencias en urbanismo y que estas correspondían a los concejales socialistas Vicent Sarriá y Sandra Gómez.
La defensa de Ribó ya había presentado recientemente un escrito como antesala a su declaración para desmarcarse de las competencias durante los dos mandatos que estuvo al frente del gobierno local. Así, recuerda que entre 2015 y 2019 las competencias de gestión del patrimonio municipal correspondían a la edil de València en Comú María Oliver, y las de planificación urbana al concejal socialista Vicent Sarriá. Y en el segundo mandato, hasta 2023, estas recayeron respectivamente en Isa Lozano (Compromís) y la socialista Sandra Gómez. De esta manera, el exalcalde señalaba ya que no tenía responsabilidad directa en la gestión de los límites del término municipal y tampoco en materia de urbanismo.
Antes de entrar a declarar, y preguntado por dónde estaba la piscina, el exalcalde ha indicado que, "por lo que he podido estudiar después cuando me citaron, parece que estaba en debate desde el año 1992, en tiempos de Rita Barberá, que se quería traspasar de València a Alboraya, lo pidió la gente de Alboraya". Es una cosa, ha indicado, "razonable y bien pensada porque tienen todo el polideportivo allí", pero "de alguna manera no llegó a buen puerto, no sé muy bien por qué motivo, y toda la parcela continuaba y continúa en el Ayuntamiento de València". Pero es una cosa, ha agregado, que "se ha vuelto a pedir por el Ayuntamiento de Alboraya y se ve que siempre se ha planteado".
Ribó ha señalado que "desconocía totalmente el problema ni conozco el lugar, nunca he ido". Parece que el terreno, ha dicho, "en València es no urbanizable y en Alboraya es urbanizable", pero "es un tema desde un punto de vista administrativo relativamente complejo", ha finalizado.
La investigación
No hay que olvidar que Alboraya ya aportó un documento suscrito por el vicesecretario general, donde incluye una captura del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, datado de 1991, con una indicación sobre esta parcela que señala que es "término municipal de Valencia actualmente [1991] en trámite de segregación e incorporación al término municipal de Alboraia como suelo de equipamiento".
Entre la documentación también figura el acuerdo de 2019 donde el Pleno de Alboraya reiniciaba el expediente de alteración de términos municipales -empezado en 1991- "con el fin de intentar, de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de València, resolver definitivamente el problema sobre la base de la confusión urbanística de una superficie separada de València con el suelo urbano de Alboraya", pero tres años después, en 2022, València lo paralizó y respondió que no estaba "en disposición" de "manifestar su conformidad" a la propuesta de segregación porque tenía que recabar informes propios, tal como demuestra otro documento aportado.
Asimismo, Alboraya ha remitido al juzgado todos los recibos de IBI que ha pagado al consistorio de València por los terrenos donde se sitúa la piscina entre los años 2016 y 2025. Se trata de justificantes de pago anual que oscilaban en torno a los 2.500 euros anuales hasta 2023, y de 2.000 a partir de entonces, lo que justificaría que el suelo en cuestión forma parte del término municipal de València. Cabe recordar que, en su declaración, el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria -accedió en 2011-, explicó que a los seis años de gobernar, el Catastro reclamó al municipio el pago del impuesto porque, precisamente, la segregación no se había culminado. Así, explicó que en aquel momento "se pagó el IBI [...] pero sin aceptar que ello fuera adecuado".
En la causa ya han prestado declaración varios invesgiados: el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria, la concejala de Urbanismo, Ana Bru, y el arquitecto del despacho encargado del proyecto. También testigos como el jefe de sección administrativa de Planeamiento o el secretario de Urbanismo
