VALÈNCIA. La Generalitat de Catalunya descarta ejercer acciones judiciales contra el los empresarios Adell Bover y Francis Puig, hermano del que fuera president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por las subvenciones otorgadas por la administración catalana a sus compañías audiovisuales. La Generalitat ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción 4 de Valencia donde deja negro sobre blanco que no tiene "constancia" de "ningún perjuicio para los interesos de la Generalitat de Catalunya".

Así, la administración autonómica de Cataluña asegura en el escrito, del pasado 24 de noviembre pero conocido ahora, que "no dispone de elementos para ejercer acciones penales ni civiles en el presente procedimiento", donde se indaga la percepción irregular de subvenciones por parte de las empresas de los dos investigados, tanto por parte de la Generalitat Valenciana para el fomento del valenciano como de la Generalitat de Cataluña. Ahora, la administración catalana señala que, en lo que respecta a sus ayudas, no se habría producido ningún perjuicio a las arcas públicas, según los informes de su Intervención.

La Intervención aseguró que no veía duplicidad en las ayudas de la Generalitat de Cataluña percibidas por estas empresas porque habían presentado facturas para justificar el cobro. Esos expedientes, indicó la Intervención, se sometieron a "fiscalización plena" con un "control documental" con carácter previo al compromiso de gasto. "El control de legalidad no alcanza a determinar la falsedad de los documentos que se someten a fiscalización puesto que este es un hecho que requiere un ánimo deliberado que excede este tipo de control y, por lo tanto, de difícil observación", señala. 

Hace casi un año, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado contra los dos investigados, administradores de las empresas Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat, Francis Puig y su socio Juan Adell Bover. Ambas empresas habrían percibido de manera irregular subvenciones para el fomento del valenciano de la Generalitat Valenciana entre los años 2015 y 2018. Para ello, según los indicios aportados por el magistrado, se habrían empleado facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.

La defensa de Francis Puig impugnó el auto de procesamiento abreviado argumentando, entre otras cosas, una "acusación sorpresiva" en el auto del juez y sosteniendo que las pruebas contra él son "una sucesión de simples opiniones o prejuicios que no revisten la cualidad de simples indicios"

La Fiscalía ha solicitado para el primero una pena de cuatro años de cárcel mientras que para el segundo, solicita tres años de prisión. En ambos casos, pide la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de una indemnización de casi 110.000 y 75.000 euros respectivamente, que sería el dinero defraudado tanto a la administración valenciana como también a la Generalitat de Catalunya.

El Ministerio Fiscal considera probado que Puig, "con la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido, simuló gastos empresariales, utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor". También que empleó la firma Masmuts Produccions como "empresa ficticia" para "beneficiarse económicamente" mediante la petición de subvenciones y la "simulación de gastos".