VALÈNCIA. Crecen las sospechas sobre varios nombramientos en el seno del Puerto de Valencia. Las conclusiones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la gestión de personal en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) apunta a la existencia de procesos de selección para puestos directivos 'teledirigidos' hacia determinados candidatos. Unas consideraciones que van en la misma dirección que las denuncias sindicales, que han hecho llegar tres casos a los tribunales.
La autoridad portuaria que preside Mar Chao ha intentado ocultar por activa y por pasiva este informe tanto a los medios de comunicación -entre ellos, Valencia Plaza- como a los propios consejeros. Incluso la propia alcaldesa, María José Catalá, pidió el documento sin éxito ante las reservas mostrada por la presidenta del organismo.
El documento, revelado por eldiario.es, es contundente al señalar que las plazas convocadas para el personal excluido del convenio laboral "contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado". Unos requisitos, dice el informe, no solo que "no se justifican" sino que "en ocasiones no guardan relación directa con la plaza convocada" o incluso "se omiten otros más oportunos y adecuados a dichas plazas". Asimismo, incide en que, en tres de dichas plazas, "sólo un candidato supera la fase previa del proceso selectivo y, en otras dos, únicamente dos candidatos". Por lo que "podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público".
La Autoridad Portuaria en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, recuerda que tres de dichas plazas han sido objeto de recurso judicial en vía laboral, instadas por un sindicato, admitidas a trámite, y con fechas señaladas con gran demora, salvo una citada para julio, por lo que no van a ser objeto de resolución de modo inmediato salvo ésta, y que la causa se encuentra "en los requisitos o méritos para concurrir y no en la aplicación de estos". También recalca queuno de los contratados ha abandonado ya dicho puesto al no superar satisfactoriamente para la presidencia el periodo de pruebas.
Los casos en sede judicial son tres procesos de selección que UGT llevó a los tribunales al considerar que se había hecho una suerte de 'traje a medida' teledirigido a determinados perfiles, que acabaron ganando las respectivas plazas. Tanto es así que tres semanas antes de que se acabara el plazo para presentarse a los concursos, se registró ante notario un documento donde se dejaba constancia de que existía "el firme convencimiento" de quién iba a llevarse dos de dichas plazas, predicción que se acabó cumpliendo.
Uno de los nombramientos en cuestión, el de la jefa de Gestión Económico-Financiera, Alicia Gimeno, iba a dirimirse en los juzgados el pasado 3 de julio pero, como publicó este diario, la ausencia de uno de los abogados alegando indisposición impidió que se pudiera llevar a cabo el juicio, que se ha aplazado para el día 19 de mayo del 2026. Por otro lado están los casos de la actual subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, Manuela Gras, cuya vista está fijada para el 1 de octubre como publicó este diario, y el de la subdirectora de Gestión de Dominio, Belén Fernández, que ya ha abandonado su puesto pero su juicio está por señalar.
La presidenta del Puerto, a la salida del consejo de administración de junio, señaló sobre el documento que se había "entrado en analizar toda la parte esta parte tan mediática de todos los procesos y demás" así como "todo el tema de jubilaciones, bajas incentivadas" y que hacía "una recomendación de rejuvencimiento de plantilla" sin que hubiera "ninguna cuestión de daño al patrimonio o perjuicio económico a la entidad". "Son recomendaciones de gestión que, por supuesto, adoptaremos, como siempre hemos hecho", concluyó.
Más tarde, en diciembre, y tras negarle el documento a Catalá, aseguró que "es un trámite ordinario como cualquier expediente, es una tramitación propia de un procedimiento administrativo", respondió la presidenta portuaria. Ante la petición por el portal de transparencia del Gobierno por parte de medios como Valencia Plaza, la Autoridad Portuaria también rechazó entregarlo porque, defendía, "pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado 'circuito público'" y sería "susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido".
Con todo, como publicó eldiario.es, una resolución del Consejo de Transparencia, resolvió en contra del criterio del Puerto: "Procede estimar la reclamación a fin de que se facilite el informe de la IGAE solicitado con la debida anonimización, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas" al entender que se trata de "información pública". Según explicaron más tarde fuentes portuarias, el organismo ha recurrido en contencioso contra esta decisión.
