VALÈNCIA. Habrá que esperar para conocer el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre posibles irregularidades en el seno del Puerto de Valencia. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sigue sin dar publicidad al documento, elaborado por el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que ya evitó entregar a los miembros del Consejo de Administración alegando primero que era un primer borrador por matizar y, más tarde, que algunos de los casos de los que habla el informe están judicializados.
Esta opacidad también afecta a los medios de comunicación pues el organismo, que preside Mar Chao, ha denegado las solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia tanto de Valencia Plaza como de eldiario.es. Entre otros motivos porque, señala la resolución remitida a este diario, si diera acceso a esta información, "pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado 'circuito público'" y sería "susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido".
Esta posibilidad, recalca, comprometería la confidencialidad y que haría "prácticamente inviable" para el Puerto "revertir o mitigar los posibles daños ocasionados". "La divulgación inadecuada de esta información podría conllevar consecuencias significativas, especialmente en el marco de los procesos en vía jurisdiccional social [...], afectando su desarrollo normal, objetividad y legitimidad", recalca.
Así pues, la Autoridad Portuaria rechaza el acceso a esta información también porque "supondría un claro perjuicio a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial" así como a las "funciones administrativas de vigilancia, inspección y control", dos límites a la transparencia fijados en la normativa. "Se ha de hacer constar que existen varios procesos judiciales en sede de lo social que están pendientes de celebración", se escuda el Puerto de Valencia para aclarar que, en uno de ellos "se ha rechazado la aportación de este mismo informe considerando que resulta innecesario" y porque "podría contener datos que pudieran afectar a la intimidad de la interesada".
El organismo insiste en que el acceso al documento puede "perjudicar la posición procesal y de defensa de alguna de las partes" porque puede "contener apreciaciones jurídicas que pueden sustentar la defensa dentro del procedimiento judicial que está sustanciándose al respecto". En ese sentido, apunta que "una vez celebrados los juicios, dar entonces acceso al documento en todo aquello que no se vea afectado por" la protección de datos personales.
Se desconoce a qué casos se refiere el organismo, si bien cabe recordar que la Autoridad Portuaria tiene abiertos al menos tres procesos judiciales por el presunto 'enchufe' de directivos desde que Chao accedió a la presidencia. Se trata de tres procesos de selección que UGT llevó a los tribunales al considerar que se había hecho una suerte de 'traje a medida' teledirigido a determinados perfiles, que acabaron ganando las respectivas plazas. Tanto es así que tres semanas antes de que se acabara el plazo para presentarse a los concursos, se registró ante notario un documento donde se dejaba constancia de que existía "el firme convencimiento" de quién iba a llevarse dos de dichas plazas, predicción que se acabó cumpliendo.
Uno de los nombramientos en cuestión, el de la jefa de Gestión Económico-Financiera, Alicia Gimeno, iba a dirimirse en los juzgados el pasado 3 de julio pero, como publicó este diario, la ausencia de uno de los abogados alegando indisposición impidió que se pudiera llevar a cabo el juicio, que se ha aplazado para el día 19 de mayo del 2026. Por otro lado están los casos de la actual subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, Manuela Gras, cuya vista está fijada para el 1 de octubre como publicó este diario, y el de la subdirectora de Gestión de Dominio, Belén Fernández, que ya ha abandonado su puesto pero su juicio está por señalar.
Fuentes portuarias apuntan que el informe que oculta la Autoridad, referente a los años 2023 y 2024, hace referencia a estos nombramientos. La presidenta del Puerto, a la salida del consejo de administración de junio, señaló sobre el documento que se había "entrado en analizar toda la parte esta parte tan mediática de todos los procesos y demás" así como "todo el tema de jubilaciones, bajas incentivadas" y que hacía "una recomendación de rejuvencimiento de plantilla" sin que hubiera "ninguna cuestión de daño al patrimonio o perjuicio económico a la entidad". "Son recomendaciones de gestión que, por supuesto, adoptaremos, como siempre hemos hecho", concluyó.
Otro de los puntos que sustentan la resolución es que el informe no lo ha elaborado el Puerto sino otro organismo, el Ministerio de Hacienda. "Si bien es cierto que la documentación requerida obra en poder de esta entidad, debe señalarse que no ha sido elaborada por la misma ni ha sido incorporada a sus archivos como resultado del ejercicio de funciones públicas propias", explica que la Autoridad Portuaria, para insistir a continuación en que la presencia del informe en sus archivos "obedece a razones instrumentales o de mera tenencia administrativa", por lo que acude a uno de los artículos de la Ley de Transparencia que exige como requisito que la información solicitada "haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones".
