VALÈNCIA. La jueza que instruye la causa de la Dana ha rechazado las pretensiones de uno de los letrados de la acusación, el 'youtuber' Rubén Gisbert, que había reclamado tanto su recusación como la nulidad de las actuaciones tras publicarse unos audios que involucraban al marido del a jueza, también magistrado, en la toma de declaraciones a las víctimas. La jueza, Nuria Ruiz Tobarra, no solo ha denegado la solicitud del abogado, que representa a varias familias, sino que le acusa de querer "dinamitar" la causa y no tener "respeto" por las víctimas. Aunque todo ello sin desmentir las acusaciones que afectan a su pareja.

Según el último auto de la jueza, el escrito de Gisbert combina "toda suerte de pretensiones, desde la nulidad, recusación, solicitud de autodenuncia, alegaciones sobre el objeto de la causa y competencia", y "destila una absoluta animosidad" hacia su persona. "Rezuma", prosigue el auto, "desprecio no solo profesional sino una inquina personal del letrado hacia esta juez de instrucción". Gisbert afirma que las resoluciones son firmadas por dos personas pero la magistrada ironiza: "Carezco de la cualificación técnica que el Letrado aduce poseer, pero, en lo que a mí respecta, no existe la menor duda de quién es el autor del escrito de nulidad/recusación que presenta".

Se trata, señala la instructora, de "una mezcolanza de ideas que nuevamente nos sitúa en una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal y en los que el objetivo principal no es el avance en la instrucción, sino simple y llanamente la desaparición de todo lo actuado, de todas y cada una de las actuaciones procesales, ofrecimientos de acciones, testificales, informes periciales y declaraciones de investigados". Recuerda el auto que más de medio millar de personas han acudido a declarar en la causa.

La magistrada señala que la pretensión de Gisbert "solo podría calificarse como propia de una defensa" y no de una acusación y la achaca a "la rendida admiración" que el abogado "profesa hacia uno de los letrados de la defensa", Eduardo de Urbano, que representa a la exconsellera Salomé Pradas, y al que Gisbert califica como "destacado jurista y Magistrado" para asumir sus consideraciones. "Desgraciadamente el problema no es que esta Juez no sea digna de estos elogios, es que, a juicio del Letrado firmante, soy responsable de toda ristra de delitos en una enumeración sin fin", lamenta la jueza.

Ruiz Tobarra recalca que a su juicio Gisbert tiene "poco interés" en el procedimiento cuando intenta "hacer tabla rasa". "Poco respeto hay por parte de dicho Letrado hacia los familiares de las víctimas mortales, a los lesionados, cuando se les desea que vuelvan a contar el calvario que sufrieron", abunda: "Poca voluntad de investigar hay cuando se desea que desaparezcan todas las pruebas, como informes, grabaciones, llamadas, vídeos...".

En esa línea, señala que el abogado muestra una "voluntad de dinamitar el procedimiento, que no es propia de la posición procesal de acusación" y que "choca con la simple aplicación de la Ley", que exige que la nulidad se limite a actos procesales concretos y a causa de una indefensión. "Nada concurre en el presente caso. El escrito carece de sentido alguno", concluye la magistrada al respecto.

"No consta protesta"

La magistrada considera que "la supuesta causa de recusación y todo el contenido de las alegaciones, se remonta tiempo atrás, hace más de un año" y que "las declaraciones de los perjudicados a quienes representa, y el contenido de las resoluciones se han dictado durante más de un año de instrucción". Así, señala que el escrito de Gisbert "no expresa ni concreta claramente" la causa legal de la recusación ni la indefensión y perjuicio que habría sufrido. "No consta protesta verbal, ni en el acta ni en un escrito posterior", abunda.

Además, la magistrada entra a valorar "el resultado" de las peticiones de Gisbert a lo largo de la investigación, que ha sido "ciertamente escaso y con nulo éxito". "Se ha limitado a solicitar la investigación de la Delegada del Gobierno y la elevación de una exposición razonada" respecto de Mazón, esta última rechazada por extemporánea. A lo que se suma "su escasísima asistencia, presencial o telemática, a las numerosas declaraciones testificales practicadas en la presente causa, una de ellas tan relevante para la instrucción como la del sr. Miguel Polo, presidente de la CHJ".

El auto prosigue y la jueza considera "comprensible la frustración profesional" de Gisbert "por su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado", pero no que se torne en "un torrente de descalificaciones, a cada cual más gruesa" hacia la jueza, que recuerda que el resultado de sus esfuerzos en la Audiencia Provincial de Valencia fue también "absolutamente nulo".

Con todo ello justifica la negativa a al recusación, que la jueza considera "simple y llanamente un simple fraude procesal en el que se busca apartar a esta Juez de este procedimiento, sin causa alguna y en la que en un totum revolutum se recogen toda clase de argumentos burdos e inconexos, una suerte de memorial de agravios, imputación de delitos, alegaciones sobre la competencia de este Tribunal, y un supuesto sesgo de la instrucción", aunque, recuerda, esta viene avalada por la Audiencia Provincial.

"Lo absurdo llega a extremos insospechados"

"El absurdo del escrito llega a extremos insospechados", reza el auto de la jueza, "cuando en el escrito de recusación/nulidad se le pide a esta Juez que se eleve (sic) testimonio de particulares al Ministerio Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos". O lo que es lo mismo, dice la jueza: "El Letrado sr. Gisbert pide que me denuncie a mí misma". E incluso "acaba aludiendo como una probable causa" del proceder de la magistrada a "un estado mental incompatible con la judicatura".