VALÈNCIA. La polémica sobrevuela la investigación judicial de la Dana. La exposición razonada elevada al TSJ por parte de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, donde pide que se investigue al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, coincidió con la publicación de unos audios que involucrarían a su marido, también juez, en el interrogatorio a algunas víctimas, algo totalmente prohibido. Unas circunstancias que han servido a la defensa de uno de los investigados, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para ampliar por segunda vez la queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que sigue pendiente de resolución.

El escrito, suscrito por el letrado José María Bueno y al que ha tenido acceso este diario, abunda en que el marido de la magistrada, de acuerdo con lo publicado, habría "ejercido funciones sin estar habilitado para ello, violando con ello el Derecho al Juez Legal predeterminado por la Ley". Sin embargo, el abogado lamenta encontrarse ante una "limitación" de sus "facultades profesionales" para consultar al juzgado "certifique si eso es correcto o no" por "miedo" a que la jueza le sancione.

En su momento, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias ya solicitó que se aclarara este extremo en el propio juzgado y acompañó, con aquel escrito, unos fotogramas extraídos de una declaración a través de videoconferencia, en el que se veía a la jueza y a su esposo conversando con una letrada de la administración de justicia. La magistrada de Catarroja respondió con un auto para abrirle una pieza separada e imponerle una sanción y rechazó las consultas que había solicitado el abogado. En él, denunció una "campaña difamatoria" que Bueno y otro letrado, junto a algunos medios de comunicación, estaban llevando contra ella desde hacía meses.

"Pretenden acreditar que el procedimiento es dirigido por mi esposo, que dirige interrogatorios y dicta resoluciones. Se violan por dicho letrado frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional", afirmó Ruiz Tobarra, quien insistía en su auto en que "a través de quejas ante el CGPJ, denuncias y querellas, se repiten y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz". Traía a colación incluso comentarios de usuarios en medios de comunicación que ejemplificaban "un discurso de odio que incluye insultos y amenazas".

La defensa de Argüeso recurrió aquella resolución pero más tarde acabó desistiendo del mismo, por lo que la jueza consideró que "la conducta del letrado no persiste en el presente procedimiento, única que era objeto de valoración" por lo que también frenó "la imposición de sanción alguna al mismo". Según expone el letrado en el escrito dirigido al CGPJ, tanto la apertura de una pieza separada como su supuesta absolución constituyen una actuación "arbitraria" que le "impidió" ejercer un "derecho fundamental" para "conocer la totalidad de la causa en la que uno está personado".

A su juicio, era una "clara advertencia" de la jueza que vendría a significar: "No vuelva usted a preguntar por este tema o será sancionado". Todo ello en un proceso donde la instructora era "jueza y parte". "Me encuentro por tanto en un procedimiento en el que no puedo solicitar en la defensa de mi cliente lo que el Derecho de Defensa me permitiría en cualquier otro Tribunal, encontrándome con esa limitación de mis facultades profesionales", señala el escrito elevado al CGPJ, que además abunda en que la magistrada habría llevado a cabo durante la instrucción una investigación "prospectiva" al que fuera president de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Son numerosos los Letrados de la causa que empiezan a estar descontentos con la actuación de la Jueza sobre la que versa la Jueza", asegura el letrado, un malestar del que se hizo eco este mismo periódico y que venía no solo de las defensas sino también de algunas acusaciones ante la posibilidad de que el hecho de investigar 'de facto' a un aforado por parte del juzgado pudiera suponer la nulidad de algunas actuaciones. El escrito señala que se han citado a "testigos a los cuales pregunta exclusivamente sobre dicha cuestión, como cuando llamó como testigo a don Alberto Núñez Feijó".

"Cualquier testifical relacionada con Mazón es objeto de constantes críticas"

"Esta defensa siempre que puede intenta recordarle a Su Señoría, que no es competente para investigar a don Carlos Mazón", abunda el escrto, y recuerda que en uno de los últimos interrogatorios, al asesor del PP Josep Lanuza, la defensa de Argüeso hizo esto propio y la magistrada afeó que actuara en defensa del expresident: "Si el señor Mazón supiera las defensas que tiene aquí, pues estaría mucho más tranquilo todo el mundo. Porque, desde luego, creo que tiene aquí una serie de defensas que no entiendo".

"Si alguien piensa que [Mazón] no tiene ninguna responsabilidad, no entiendo por qué protesta si nunca va a tenerla. Entiendo que a lo mejor quien protesta es porque piensa que sí, que puede tener alguna, y entonces, en un futuro poder invocar esas posibles nulidades que se alegan debido a mi falta de jurisdicción que constantemente se me recuerda", expuso la magistrada en ese momento, tal como reflea el escrito. La jueza manifestó que no necesitaba esos recordatorios.

"Yo soy muy consciente", aseguró, para añadir que intenta adaptarse en su "humilde proceder" al auto de la Audiencia Provincial que le ordenó citar a Maribel Vilaplana por si escuchó alguna de las conversaciones de Mazón. "Cualquier testifical relacionada con el señor Mazón, que acuerdo yo, en base al criterio de la audiencia, es objeto de constantes críticas", concluyó, para añadir que podía entender las críticas externas pero no las internas "cuando no hay una defensa personada del señor Mazón" pese a habérsele ofrecido la personación voluntaria con su abogado. "La verdad es que conste también mi protesta, porque no la entiendo", recalcó la magistrada.

El escrito dirigido al CGPJ se suma a los dos presentados anteriormente y que todavía están pendientes de resolución.