VALÈNCIA. La causa de la Dana está poniendo de manifiesto las tensiones propias de un 'macroproceso' judicial de una gran catástrofe, con la carga política que esto supone. Muchas partes buscan introducir su propio relato para dirigir las preguntas, las indagaciones y, en definitiva, la propia investigación en favor de sus intereses, quién sabe si más allá de las paredes del juzgado. Estrategias que, según la magistrada, se están sirviendo de "bulos" y "afirmaciones descabelladas" en base a un supuesto "derecho a la intuición" que "no existe".

Así lo ha expresado en un contundente auto emitido este mismo viernes, donde la magistrada encargada de la investigación ha rechazado la acumulación de las casi 40 acusaciones personadas que pedía la defensa de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex 'número dos' de Emergencias Emilio Argüeso. Para ello, ha recordado que las defensas de los investigados "no se encuentran solas en el procedimiento" sino que hay algunas acusaciones que no ven indicios delictivos contra los dos ex responsables, o que "vienen defendiendo tesis idénticas a las defensas, piden pruebas o se adhieren a recursos de las defensas y preguntan a los testigos y peritos en el mismo sentido que las defensas".

Al hilo de ello, la titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha criticado que "algunas de las pruebas que se solicitan parecen fundadas en lo que se ha venido a llamar 'el derecho a la intuición'". Una "fórmula", señala el auto, "que permitiría interesar pruebas sin base alguna y con la voluntad de trasladar a este proceso bulos o afirmaciones descabelladas". Por ello, la magistrada recuerda que "dicha figura novedosa" del supuesto 'derecho a la intuición' "afortunadamente no existe, ni en el derecho español ni tampoco en el derecho comparado".

Cabe recordar que este concepto, el "derecho a la intuición", fue empleado por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en su comparecencia ante los medios de comunicación la pasada semana para anunciar la denuncia por prevaricación contra la jueza de la Dana. Bernard apeló a este supuesto "derecho" para sostener sin pruebas, tal como reconoció, que había una veintena más de víctimas mortales por la Dana que las 228 contabilizadas por las cifras oficiales. Aunque, preguntado por si tenía pruebas, señaló que no las tenía, que las estaban buscando y que se basaba en su "intuición".

Durante el proceso, la jueza también ha desmentido otras afirmaciones falsas como que el supuesto desembalse de Forata, que nunca se produjo, afectó al barranco del Poyo, con el que no tiene conexión. "Ha de calificarse como un auténtico bulo la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo. Se trata simplemente de otra cuenca", señaló la magistrada, según la cual ha de "descartarse de plano que los fallecimientos y las lesiones [en dicho barranco] tuvieran cualquier tipo de relación con la presa de Forata".