VALÈNCIA. Los problemas de liquidez de la Generalitat Valenciana fueron noticia la semana pasada en toda España cuando el Consell de Carlos Mazón anunció a las farmacias que no cobrarían en junio las facturas de mayo, que se pagarán en julio.

Se trata, no obstante, de un problema habitual para los valencianos que las empresas proveedoras de la Generalitat sufren con mayor o menor intensidad en función del calendario de la financiación autonómica y de los intereses políticos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El problema se ha ido agravando a lo largo del año, como demuestran los datos de período medio de pago (PMP) de la Administración autonómica a sus proveedores, que en solo tres meses ha pasado de 26,34 días en febrero a 43,58 días en mayo, último dato facilitado por la Generalitat.

El Ministerio de Hacienda publicó el pasado lunes los datos de las CCAA en el mes de abril, cuando la Comunitat Valenciana ya era la que más morosidad mostraba, con 38,57 días de PMP, muy por encima de la media de las comunidades, que era de 23,95 días.

Estas cifras pueden parecer un mero dato estadístico, pero tienen consecuencias. A partir de los 30 días de plazo, la Generalitat está obligada a pagar a los proveedores intereses de demora, lo que significa detraer recursos del presupuesto ordinario para indemnizar a las empresas a las que no se ha pagado a tiempo. Según la Sindicatura de Comptes, en 2023 –último año fiscalizado–, la Generalitat abonó a las empresas proveedoras 40,3 millones de euros en intereses de demora y dejó en el cajón otros 55,8 millones pendientes de contabilizar.

Es previsible que el dato de PMP sea aún peor en junio, después de que el Consell haya anunciado el aplazamiento del pago de la factura mensual de las farmacias, que asciende a unos 150 millones de euros, según fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. La Generalitat se hará cargo de los intereses de demora, según acordaron este miércoles la Conselleria de Hacienda y los colegios de farmacéuticos, aunque ninguno de las dos partes facilitó detalles de a cuánto ascienden esos intereses desde el 1 de julio.

Las empresas que gestionan residencias de mayores también han mostrado su preocupación por el retraso en los pagos de la Generalitat desde hace meses. La deuda con ellas asciende a más de 26 millones de euros, que no han cobrado por problemas de tesorería, según les han dicho desde la Generalitat.

El Consell vuelve a exigir el Extra FLA

La Conselleria de Hacienda atribuye las dificultades de la Administración autonómica para hacer frente a las obligaciones comerciales al retraso del Gobierno en aprobar el Extra FLA, el fondo de liquidez autonómico destinado a cubrir el déficit del año anterior, que en el caso de la Comunitat Valenciana fue de 2.495 millones de euros.

La consellera Ruth Merino advirtió este miércoles de que "como muy tarde" el lunes 7 de julio el fondo debería aprobarse en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), para que se garantice el pago a los proveedores de la Generalitat, un proceso que dura aproximadamente tres semanas y que el Consell quiere que no coincida con agosto porque, según Merino, aunque desde la administración valenciana trabajarán los días ese mes "que haga falta", puede haber problemas en el resto de partes del procedimiento debido al periodo vacacional.

Merino hizo estas declaraciones tras la reunión de la Mesa del Diálogo Social, reunida en el Palau de la Generalitat y presidida por Carlos Mazón.

Anticipo de 1.000 millones

Los problemas de tesorería de la Generalitat se han incrementado a pesar de que el Consell recibió en el primer trimestre del año dos anticipos de 500 millones de euros cada uno del Gobierno a cuenta de los 2.000 millones que debía recibir en julio por la liquidación del ejercicio de 2023 del sistema de financiación autonómica.

Unos anticipos que se habían hecho otros años, aunque en menor cuantía, y que este año compensaban la falta de actualización de las entregas a cuenta a las CCAA, que para la Comunitat Valenciana ha supuesto dejar de recibir desde enero unos 900 millones que el Estado ha recaudado y que el Ministerio de Hacienda ha retenido al retrasar hasta junio el real decreto-ley necesario para que recibiesen esa cantidad.