VALÈNCIA (EP). La fuerza de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 sorprendió a muchos trabajadores en mitad de su jornada laboral o de regreso a casa. Desde entonces, y con las más de 230 víctimas mortales en la memoria, cuando salta una alerta por tormentas son muchas las personas que se preguntan si es seguro acudir a su puesto de trabajo, si deben cerrar sus negocios o si pueden adelantar el final de su jornada antes de que comience un episodio fuerte de lluvias.
Para todos estos casos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores establecen un marco legal que ampara medidas como la prioridad del teletrabajo o los permisos climáticos. Sin embargo, CCOO PV y UGT PV coinciden en que, aunque la regulación ofrece "herramientas robustas" para dar seguridad, aún quedan pasos que deben darse en materia de inspección, sanciones o de implementación de la norma. Mientras, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) es partidaria de una reforma legislativa.
Desde noviembre de 2024 hasta septiembre de este año, la Inspección de Trabajo ha detectado en la Comunitat Valenciana 34 infracciones de empresas que pusieron en riesgo la salud de los trabajadores durante episodios de emergencias. Unas infracciones que se han saldado con sanciones por un importe total de 348.579 euros, según las cifras facilitadas por el Ministerio a Europa Press.
Las sanciones son el resultado de una campaña 'Control de las condiciones de Seguridad y Salud Laboral por efectos de la DANA', puesta en marcha un mes después de la dana de 2024 y en la que se han realizado 1.471 actuaciones inspectoras en la Comunitat Valenciana.
"Más allá del número concreto de sanciones, lo que resulta insuficiente es la capacidad de vigilancia y el rigor en la aplicación de las normativas. El marco actual, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las recientes modificaciones, ofrece herramientas robustas, pero necesitamos un endurecimiento de la inspección", opina el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO PV, Antonio Inarejos. A su juicio, "es fundamental que las empresas sepan que incumplir la normativa de prevención no saldrá barato".
En términos similares, la secretaria de Política Sindical y Condiciones de Trabajo de UGT PV, Yovana Sancho, ha defendido que "las sanciones deben ser suficientemente disuasorias para que incumplir nunca resulte rentable" y ha reclamado "vigilancia y rapidez de actuación", "más medios para la Inspección de Trabajo y controles preventivos".
Por su parte, fuentes de la CEV han indicado que "la creciente recurrencia de fenómenos atmosféricos adversos como incendios, episodios de temperaturas extremas o inundaciones ha permitido a las empresas reforzar y perfeccionar progresivamente sus procedimientos de actuación y respuesta". "La empresa puede y debe adoptar las medidas que se encuentren dentro de su ámbito de actuación, pero no puede sustituir a las autoridades públicas en la gestión de una emergencia territorial", ha puntualizado.
"La ley por sí sola no garantiza seguridad"
Con la normativa actual, los trabajadores pueden acogerse a cambios de jornada y priorizar el teletrabajo ante las alertas. Los permisos climáticos permiten a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días remunerados. Además, las empresas tienen que informar de los riesgos y dar instrucciones para interrumpir la actividad y los representantes de los trabajadores pueden acordar su paralización.
Yovana Sancho ha apuntado que "el marco legal ofrece herramientas importantes" pero es "imprescindible garantizar que puedan ejercerse con claridad y sin miedo a represalias". E Inarejos añade que "la ley por sí sola no garantiza la seguridad si no se aterriza en el centro de trabajo. Los protocolos negociados y participados con la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLT) son la mejor garantía porque son los únicos que conocen la realidad del centro".
En cambio, para la CEV el marco legal actual es "un verdadero despropósito porque activa responsabilidades empresariales en base a meras recomendaciones de organismos asesores de las administraciones (los avisos de Aemet)" y en base a alertas autonómicas se basan en recomendaciones. Además, lamenta que, con los permisos climáticos, "se produce un desplazamiento de responsabilidades públicas a las empresas", al trasladarles el pago de las consecuencias laborales de un fenómeno sobre el que carecen de capacidad de intervención.
Protocolos en el 7,22 % de los convenios
Respecto a los protocolos de emergencias negociados entre empresas y trabajadores, UGT PV cree que "el avance en la negociación colectiva sigue siendo insuficiente": hasta el momento, 13 convenios incorporan protocolos frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, siete sectoriales y seis de empresa.
Estos acuerdos representan el 7,22 % de los convenios registrados y afectan a 132.487 personas trabajadoras, el 16,92 % del total, con lo que su alcance es "limitado". UGT ha puntualizado que estos datos no determinan cuántas empresas tienen sus planes efectivamente implantados, ni tampoco quieren decir que el resto de empresas carezcan de medidas de emergencia.
"Tenemos que acelerar su extensión y asegurar que los derechos se traduzcan en instrucciones y medidas concretas en cada centro", ha señalado la representante de UGT.
Por su parte, Inarejos ha advertido que "muchas empresas" imponen estos protocolos "de forma unilateral o, sencillamente, carecen de un plan, o se limitan a mínimos sobre el papel", aunque otras sí muestran un "compromiso real". "La seguridad no puede ser un documento en un cajón, debe ser una norma viva y negociada que prime la prevención", ha defendido. El representante de CCOO PV ha lamentado que la adopción de protocolos de emergencia es "muy desigual".
"Preocupación e incertidumbre" cuando salta la alerta
Con todo, cuando llega una nueva alerta meteorológica importante, los sindicatos explican que siguen recibiendo consultas y constatando la "preocupación e incertidumbre" de las plantillas.
Para Sancho, "la protección de la vida no puede depender de que cada persona tenga que discutir con su empresa en plena emergencia". En opinión de Inarejos, "el problema siempre es la 'cultura de la producción' que antepone el beneficio inmediato a la integridad física".
CCOO PV exige "que la seguridad no sea opcional ni dependa del criterio del empresario de turno" y que "los convenios incluyan anexos específicos con protocolos preventivos de obligado cumplimiento para todo el sector".
A su vez, la representante de UGT PV ha defendido "un marco común de garantías mínimas, con criterios claros" para los cierres. Ese marco, según Sancho, "debe desarrollarse mediante la negociación colectiva y concretarse en protocolos adaptados a cada centro" y se deben "reforzar tanto las garantías comunes como su desarrollo negociado".
Por su parte, la CEV reivindica "una modificación legislativa que clarifique cómo deben gestionarse las situaciones de emergencia en el ámbito laboral y su relación con la fuerza mayor, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo".
La CEV defiende la derogación del Real Decreto-ley 8/2024 y trasladar al sistema público el coste de los permisos climáticos; adaptar la normativa para facilitar la adopción de medidas organizativas flexibles --como cambios de horario o reorganización de turnos-- y crear un sistema de alerta meteorológica laboral, integrado y específicamente orientado a centros de trabajo, con el que las empresas puedan recibir notificaciones de las autoridades diferenciadas según su actividad, nivel de exposición y localización.
