VALÈNCIA (EP). La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado este viernes que la obligación por parte del Ministerio de Agricultura de registrar de forma electrónica los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 "supone una carga administrativa adicional e innecesaria para los agricultores".

Ante esta situación, ya ha trasladado su "preocupación" a través de un escrito dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, y en una reunión con la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, según ha informado la organización en un comunicado.

La Unió considera que actualmente la administración "ya dispone de la información necesaria para el control del uso de productos fitosanitarios gracias a la interconexión de registros a través del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX)" y, además, "existen certificaciones privadas como GlobalGAP que imponen requisitos estrictos sobre el uso de fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, complementando los controles administrativos".

Para la organización, el nuevo registro obligatorio "supone una duplicidad de datos y un aumento injustificado de la burocracia, sin una mejora real en la trazabilidad ni en la seguridad alimentaria. Además, esta medida ha sido impuesta sin haber cuantificado su impacto en el sector agrario".

La Unió propone al Ministerio de Agricultura para evitar esta sobrecarga burocrática y mejorar la eficiencia del control que la información contenida en el registro diario (RETO) de compras, ventas, importaciones, exportaciones y tratamientos de productos fitosanitarios, que ya registra e identifica al comprador (ROPO), se amplíe con el identificador de la explotación agraria (REA) a la que se van a aplicar.

De esta forma, "no sería obligatorio el registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios por parte de los titulares de las explotaciones agrarias".

Según el secretario general de La Unió, Carles Peris, "la obligación de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 es totalmente descabellada porque, entre otras cosas, va a suponer una burocracia extra debido a los numerosos tratamientos que tenemos que hacer debido a la implantación de nuevas plagas por no controlar adecuadamente en frontera las importaciones y confío en que el Ministerio de Agricultura entre en razón y contemple nuestras demandas".