VALÈNCIA. La decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de mantener como testigo en la causa de la Dana al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, suponía un nuevo aval a la dirección de la magistrada Nuria Ruíz Tobarra. La jueza rechazó el pasado mes de marzo la declaración de investigados tanto de Polo como de otros responsables técnicos de la Generalitat Valenciana y, tras un recurso de la Asociación de Damnificados Horta Sud, la Sección Segunda de la Audiencia ha confirmado esta semana dicha decisión.

La sala desestima la pretensión de la asociación, si bien lo hace atendiendo a un recurso de hace meses y sin tener en cuenta la testifical de Polo de hace poco más de una semana. El presidente de la CHJ compareció ante la jueza como testigo y declaró durante cerca de ocho horas sobre los detalles de la gestión del organismo de cuenca el pasado 29 de octubre: aseguró que fue el primero en plantear un aviso masivo a la población ante el peligro de desbordamiento de la presa de Forata, que fue conocedor de los datos del caudal del barranco del Poyo -el que provocó la mayoría de muertes- mientras el Cecopi estaba en pausa, que no avisó al no sorprenderle estas cifras en comparación con las recabadas en otros puntos y señaló a la Generalitat Valenciana como responsable de confirmar estos datos al estar al frente de la emergencia.

En marzo, la jueza ya rechazó la teoría del "apagón informativo" de la CHJ. El organismo de cuenca no envió ningún aviso de caudal desde las 16.15h, con un flujo descendiente, hasta las 18.43h, con un caudal de más de 1.600 metros cúbicos por segundo. La magistrada sostuvo que los datos, recabados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), estaban disponibles en tiempo real en la página web, más allá de los correos enviados, además de que el organismo sí había avisado de la superación de umbrales pluviométricos.

La Audiencia ahora consideraba que había varias lagunas en el recurso de la asociación. Por ejemplo, que no identificaba el "proceso de deliberación y decisional que se siguió" en el Cecopi aquel 29 de octubre o que se exponían actuaciones "genéricas y globales" sin señalar "actos concretos desarrollados" a quienes pretendía exigir responsabilidades penales, entre ellos el propio Polo. Son aspectos sobre los que su declaración, posterior al recurso, ya ha podido ofrecer algunas respuestas.

De la testifical de Polo, obligado a decir verdad, se desprende, en cuanto ese "proceso de deliberación y decisional" al que se refiere la Audiencia, que él fue el primero en poner sobre la mesa la alerta masiva. Según su relato, antes de las 18h de la tarde, dijo "manden un mensaje a la población". Además planteó que se pidiera a la gente que subiera "a los pisos altos", pero en el mensaje final, el famoso SMS de las 20.11h, esto no se incluyó. Los detalles no son menores porque ponen de relieve la voluntad de anticipación del presidente de la CHJ y es algo que juega a su favor.

Con todo, cabe recordar que el aviso era por el peligro de la presa de Forata -la propuesta era avisar primero a los municipios más próximos a la infraestructura, Montory y Real-. Hasta el momento, todos los presentes, desde la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, pasando por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o la propia exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, habían dicho que el temor a la "rotura" o "colapso" de la presa advertida por la CHJ fue lo que acaparó toda la atención aquella tarde. Sin embargo, Polo declaró que nunca habló de esa posible rotura sino del riesgo de coronación, esto es, que desbordara el agua por encima de la presa y la incertidumbre que eso suponía.

A las 18h, el departamento de Emergencais de la Generalitat suspendió la videoconferencia a la que estaban conectadas tanto los miembros de la CHJ como otros responsables del Estado como la delegada o el jefe de Aemet, y es tras la reconexión, a las 19h, cuando Polo se dio cuenta de que "no habían enviado ningún mensaje". "Pero, por favor, ¡¿no habéis mandado ningún mensaje?!'", exclamaron desde la sala de la Confederación, según su declaración: "Fue tensa la situación porque no se tomaban decisiones", lamentó Polo, que apuntó a la indecisión constante de la consellera, que "tenía dudas de si podía tomar o no medidas".

Más allá de la toma de decisiones, la Audiencia echa en falta, ante la petición de imputar a Polo, que no se aclare "la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión o cuál era la exigible que manejaran" de acuerdo a la normativa" o la información que "no se facilitó" y "en qué medida tuvo incidencia en la decisión" del aviso masivo a la población, "tardío y erróneo", a través del sistema ES Alert, que es el "hecho nuclear" de la investigación.

Al respecto es relevante destacar que la CHJ no alertó del caudal ascendente del barranco del Poyo hasta las 18.43h, durante el 'apagón' telemático del Cecopi, cuando los trabajadores de la CHJ envían el famoso correo a la Generalitat Valenciana reportando un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundos. El aviso incumplía el protocolo interno de la propia Confederación, que pese a haber estado enviando los correspondientes avisos sobre los umbrales pluviométricos, no hizo lo propio con los umbrales de caudal: debía avisar al superarse los 30, los 50 y los 120 metros cúbicos por segundo pero el organismo sólo alertó una vez, acumulando todos los mensajes en uno, y cuando el flujo ya multiplicaba por diez el umbral máximo.

¿De qué información disponía Polo? El presidente del organismo de cuenca reveló que sobre las 18.45h, durante el parón telemático, el jefe del SAIH le informó de los caudales del Poyo, pero admitió que no avisó en el Cecopi tras la reconexión. "Daba por hecho que Emergencias estaba al tanto de lo que estaba pasando, estaba todo colapsado y Emergencias tenia mucha información; las llamadas del 112 asi lo reflejan", dijo, además de apuntar que no le sorprendieron los 1.600 m3/s teniendo en cuenta lo que estaba pasando en otros puntos, y de insistir en que el problema no fue ese caudal, registrado en el punto de control de Ribarroja, sino el que se unió aguas abajo procedente de otros barrancos donde no hay sensor.

En el auto de la Audiencia, sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta: si la información que no se facilitó "pudo obtenerse de otra manera". Y aquí Polo podría gozar de cierta salvaguarda porque, en efecto, la Generalitat Valenciana sí podía obtener información por otras vías. El Plan Especial de Inundaciones atribuye la vigilancia de barrancos a la CHJ pero no solo al organismo, sino también las Brigadas de Emergencia de la Generalitat, los agentes medioambientales, la Policía autonómica, el Consorcio Provincial de Bomberos, la Guardia Civil y hasta las comunidades de regantes o los propios municipios.

No hay que olvidar que una unidad de bomberos del Consorcio Provincial fue movilizada a las 13.05 por el departamento de Emergencias de la Generalitat para ir a controlar el caudal del Poyo. El Consorcio explicó en un informe, ratificado más tarde en una testifical por uno de sus jefes, que se hizo una inspección y se vio una lámina de agua de unos 70 u 80 cm de altura; pero a las 14.40h, tras ver que había bajado a la mitad, un sargento coordinador ordenó la retirada. Uno de los jefes de bomberos señaló a la Generalitat Valenciana como responsable de ordenar una vigilancia exhaustiva, como se había hecho en otros casos. A las 17h, cuando empieza la riada, no había ojos allí para verla.