VALÈNCIA (EP). El pleno de Les Corts ha aprobado este miércoles definitivamente, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSPV y Compromís, el proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), una norma que nace, según el Consell, con el fin de "responder a los cambios sociales y económicos de los últimos años y actualizar la prestación más importante de la política social valenciana".
Uno de sus objetivos es "simplificar las normativas y los procedimientos para acceder a la prestación, facilitando que un mayor número de personas puedan beneficiarse de la RVI". En este sentido, se amplía el grupo de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que puedan compatibilizarla con otros subsidios.
Otra modificación "importante" que contempla la nueva norma es la revalorización del rol de los profesionales de los servicios sociales municipales. Se les liberará de tareas burocráticas relacionadas con la tramitación de expedientes, permitiéndoles focalizar su trabajo en la intervención social y el acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la nueva normativa refuerza la importancia de los itinerarios de inclusión social, considerados como una vía fundamental para que la Renta Valenciana de Inclusión vaya más allá de ser una mera ayuda económica, convirtiéndose en una herramienta eficaz para la inclusión real de las personas beneficiarias.
Otra de las novedades "más relevantes" que destacó en su momento la Generalitat es que la prestación de la RVI será compatible con los ingresos derivados del trabajo. Esta medida busca eliminar obstáculos y promover activamente la incorporación laboral, permitiendo que quienes perciben la ayuda puedan complementar sus ingresos con un empleo. En esta línea, se establecerán incentivos para el empleo y no se permitirá rechazar ofertas laborales adecuadas, mostrando el compromiso de la ley con la activación laboral de los perceptores.
Además, la RVI podrá compatibilizarse con ingresos procedentes de cualquier prestación pública o privada, incluyendo expresamente las prestaciones por desempleo y otros subsidios.
Colectivos vulnerables
La reforma también incluye medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables como la prioridad en la cobertura a familias con menores y a hogares monoparentales y la especial atención a las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza.
También es novedad la creación del complemento para la infancia, dirigido a familias con hijos en situación de pobreza, que podrá alcanzar hasta 180 euros mensuales por familia, brindando un apoyo económico esencial para estos hogares. Además, se establecerá un complemento de emergencias, que aumentará en un 15% la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas.
Por último, la nueva ley permitirá realizar los pagos de la RVI mediante medios prepago, con la finalidad de reducir las barreras financieras y facilitar la inclusión de aquellas personas que tengan dificultades para manejar sistemas bancarios tradicionales.
"Éxito social"
Tras la aprobación del proyecto de ley, el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, en un comunicado, ha calificado la misma de "éxito social" que sitúa a la Comunitat Valenciana "a la vanguardia de las políticas de inclusión".
Ha destacado que la norma "nace del diálogo con los servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y las propias personas en situación de vulnerabilidad, porque se ha hecho escuchando a quienes mejor conocen la realidad de la exclusión social".
Y ha agradecido "el trabajo conjunto que ha hecho posible la tramitación de la norma, un proceso participativo en el que han colaborado numerosas entidades y colectivos que nos han ayudado a construir una herramienta más justa, más ágil y más humana".
Por su parte, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha entregado varios ejemplares del texto legislativo a los representantes de las asociaciones invitadas al pleno (educadores sociales, entidades de lucha contra la pobreza, beneficiarios de la RVI que han participado en el proceso, la Plataforma del Tercer Sector, Cruz Roja, Save the Children y AESCO).
Enmiendas de PP Y Vox
El PP y Vox pactaron hace unas semanas varias enmiendas de aproximación al citado proyecto de ley, entre ellas una para elevar de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder acceder a la ayuda y otra para considerar como infracción de carácter muy grave el hecho de haber sido acreditada mediante resolución judicial firme la situación de ocupación de una vivienda sin título habilitante.
Entre sus enmiendas transaccionales, PP y Vox incorporaron al término "violencia sobre la mujer" el de "violencia intrafamiliar" y suprimen el carácter "indefinido" de la RVI para sustituirlo por el de "periódico y vinculado al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción".
Mientras, en el caso de las obligaciones de las personas destinatarias de la RVI, añadieron una para que, en el caso de tener menores de edad a cargo, se responsabilicen de la escolarización y asistencia al centro educativo durante la etapa de escolarización obligatoria y para que, cuando el menor sea beneficiario de una plaza gratuita de 0 a 3 años, no tenga la consideración de falta de asistencia las comunicadas al centro por los padres o tutores.
Respecto a los Planes de Atención Individual de Inclusión (PAI), especificaron que deberán "ajustarse a las prioridades, capacidades y circunstancias de las personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, contemplando todas las actuaciones que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos de inclusión, tanto desde el ámbito de los servicios sociales como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, salud, deporte y cultura con igualdad de oportunidades".
Establecieron también que todas las personas que integren la unidad de convivencia mayores de 16 años "deberán conocer, suscribir y participar activamente en el PAI" y su participación en el mismo "tendrá carácter obligatorio" para mantener el derecho a la prestación de la RVI.
Además, fijaron entre las actuaciones específicas "aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso a empleo y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, renunciando a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".
En cuanto a las infracciones muy graves, añadieron dos nuevos motivos: el hecho de "haber sido acreditada, mediante resolución judicial firme, la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante" por parte de las personas beneficiarias de la RVI y que se acredite que en la unidad convivencial del receptor de la ayuda existan "prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales".
