Comunitat Valenciana

Lesaec: "Los políticos no ven la desafección que generan"

Presidente de la Asociación de Damnificados de la Dana de l'Horta Sud

  • Christian Lesaec
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VALÈNCIA (EFE/JORDI FERRER). Christian Lesaec dirige desde su casa en Alfafar (Valencia), todavía sin cocina ni comedor, la principal asociación de damnificados por las riadas del 29 de octubre y ha puesto en marcha una iniciativa judicial -civil y penal- para "que se aclare lo que pasó aquella tarde y paguen quienes dejaron de hacer sus funciones".

"No sé si los políticos se dan cuenta de la desafección que genera el enfrentamiento continuo y la falta de asunción de responsabilidades", lamenta este profesor de francés de 55 años, convertido repentinamente en portavoz de cientos de damnificados.

En una entrevista con la Agencia EFE, Lesaec explica que reside en Alfafar desde hace más de 20 años, cuando conoció a su mujer. "Queríamos vivir por la zona de la Cruz Cubierta (en València), cerca de mis suegros, pero al otro lado del cauce era más barato. Encontramos un adosado en Alfafar", una vivienda que actualmente se encuentra en pleno proceso de reconstrucción tras la barrancada, como todas las de la zona.

"Estamos esperando que llegue una cocina nueva, tampoco tenemos puertas, como el resto de vecinos. Cubiertos y vasos están amontonados. Nos apañamos con una freidora de aire", detalla Lesaec sin ahondar en un drama que comparte con todos sus vecinos.

"Nadie tiene todo hecho. Unos están pintando, otros haciendo de albañiles, otros cambiando puertas. Hacemos lo que podemos. (...) A veces pienso que las víctimas de todo esto solo nos encontramos realmente cómodos entre nosotros, porque es difícil de entender lo que estamos pasando", añade.

El germen de la asociación

¿Cómo se originó la asociación? "Tras la riada hubo varias viviendas del barrio de Alfalars (Alfafar) que se quedaron sin puerta de entrada, no podían cerrar sus casas. Por la noche había mucha inseguridad, estábamos a oscuras, sufríamos robos. Estábamos todo el día limpiando y por la noche ni siquiera podíamos descansar".

"El quinto o sexto día vino una empresa que dijo que instalaba puertas acorazadas y se apuntaron decenas de vecinos, pero la empresa no resultó ser demasiado profesional y nos avisamos entre todos. La asociación primero surgió como red profesional, de trabajadores, para ayudarnos y dar prioridad a empresas de la zona", detalla.

En los días posteriores el canal se abrió para distribuir toda la ayuda que empezó a llegar. "Gente con carros y bolsas que venía andando desde València, los primeros coches que podían llegar... Varias viviendas se transformaron en pequeños supermercados".

"Hicimos una red para saber lo que llegaba, lo que había, quién tenía leche y quién tenía agua", recuerda.

Y el tercer propósito, la querella criminal, no tardó en cristalizar. "Cada vez que íbamos a casa de un vecino a por algo el comentario generalizado era el mismo: esto no puede quedar así. Alguien tiene que ser responsable de la angustia que hemos pasado".

Y fue en este momento cuando la Asociación de Damnificados de la Dana de l'Horta Sud acordó en asamblea constituirse de forma oficial y empezar a recaudar una cuota de 20 euros anuales para formalizar una querella.

"Posteriormente nos hemos dado cuenta de que costará más de lo que pensamos, pero hemos tirado adelante", afirma el presidente de este colectivo de damnificados.

Tras escuchar las propuestas de varios bufetes de abogados, finalmente se decidieron por uno de Madrid, con el que no existía ningún contacto previo ni recomendación, según Lesaec. "Fueron -dice- los que transmitieron mayor confianza".

"Van a comisión y nos ofrecen una tarifa plana para los que se quieran querellar", y así la cifra de denunciantes supera actualmente los 125, de un total de 440 asociados.

La Asociación de Damnificados por la Dana de l'Horta Sud se ha querellado contra cinco dirigentes y exdirigentes del Consell de Carlos Mazón y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, por homicidio imprudente, lesiones, daños, prevaricación y omisión del deber de socorro.

En marzo, la entidad SOS Desaparecidos tiene previsto presentar otra querella similar pero en la Audiencia Nacional (previsiblemente incluirá a familiares de las víctimas de Letur).

Preguntado por esta acción judicial paralela, Lesaec explica que no le supone ningún temor ni inquietud. "Uno de los motivos por los que  elegimos este despacho (Vilches) es precisamente porque pensamos que el recorrido judicial de nuestra reclamación puede acabar en Madrid. Incluso es posible que haya que llegar a Europa, y lo haremos".

La realidad de las ayudas

Alejado de mantras políticos, Lesaec explica lo que conoce en su vecindario. "La mayoría de asociados ha recibido los 6.000 euros de la Generalitat, son ayudas directas a quienes han sufrido daños en sus viviendas. La ayuda de 2.000 euros por vehículo es posterior, se lanzó más tarde, y hay muchos que todavía no la han recibido".

"De los 10.000 euros del Gobierno por vivienda, a la mayoría no han llegado. Y si hablamos de las compensaciones del Consorcio (de Seguros), pues depende, hay quien ha cobrado todo, hay quien no ha recibido nada. Nos da la sensación de que se ha centrado la peritación de las viviendas por delante de los negocios. Había mucha vivienda inhabitable".

La jueza de Catarroja

Los primeros pasos de la investigación judicial, que dirige la titular de Instrucción 3 de Catarroja, están siendo satisfactorios para este colectivo de damnificados. "Es valiente", subraya Lesaec a EFE pese al disgusto que admite que le produjo su intención de limitar su investigación al ámbito de los fallecidos y heridos.

"El escenario judicial ideal sería que esto no acabase ni en Madrid ni en Estrasburgo, sino en València. Que se aclare qué decisiones se tomaron y se dejaron de tomar y por qué. Que esas personas sean apartadas de la función pública y paguen como corresponda, porque hubo víctimas mortales. En la parte del contencioso, que se abonen las indemnizaciones que corresponda".

Y al margen de la vía judicial, Lesaec coincide con otros colectivos de víctimas de la riada al pedir "infraestructuras reparadas y ampliadas, porque esto volverá", y un plan de emergencias para toda la población, para que todos sepamos qué hacer en un caso como este.

 

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