VALÈNCIA. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avala la vigencia de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 despeja uno de los principales frentes judiciales que han acompañado a la ampliación norte del Puerto de València, aunque todavía no es firme y además la plataforma ciudada Comissió Ciutat-port ya ha anunciado que recurrirá al Supremo.
La infraestructura y los proyectos ligados a la reorganización del recinto portuario han acumulado durante los últimos años una extensa batalla en los tribunales. Desde la adjudicación de las obras, todavía recurrida por Rover ante la Audiencia Nacional, hasta la terminal de pasajeros de Baleària, el rescate de las antiguas concesiones de Unión Naval o la ZAL, cuyo largo periplo judicial quedó definitivamente cerrado este año por el Tribunal Supremo.
Algunos de esos procedimientos siguen teniendo recorrido, mientras que otros han quedado definitivamente cerrados o han perdido su objeto por decisiones posteriores de la propia Autoridad Portuaria de València (APV).
El frente ambiental sobre los dragados que se tramita en Madrid
Mientras la Sala valenciana acaba de concluir que el proyecto de 2021 no necesitaba una nueva evaluación, otro procedimiento cuestiona ante la Justicia precisamente la ejecución de los trabajos necesarios para materializar la ampliación.
Ecologistas en Acción, en representación de la Comissió Ciutat-Port, presentó este verano un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la ejecución del proyecto constructivo del nuevo muelle de contenedores. El procedimiento pone el foco en los dragados que se están realizando en los puertos de València y Sagunt para obtener materiales con los que rellenar la futura explanada de la terminal.
El colectivo sostiene que estas actuaciones se están llevando a cabo sin una evaluación ambiental específica y que las condiciones previstas en la DIA de 2007 para la obtención de los materiales ya no se corresponden con el proyecto que se está ejecutando. Según su argumentación, los trabajos han generado episodios de turbidez que pueden afectar a espacios y especies protegidas, entre ellos el entorno marino próximo al Parque Natural de l'Albufera y las praderas de posidonia.
Rover mantiene abierta la batalla por la adjudicación de las obras
El principal frente judicial que continúa abierto en torno a la construcción de la terminal norte es el iniciado por Rover. La compañía valenciana quedó en segunda posición en la licitación para ejecutar las obras, integrada en una UTE junto a Dragados, Torrescámara, Dredging International España y Dravo. La oferta obtuvo 99,07 puntos, frente a los 99,93 de la UTE formada por Acciona Construcción, Jan de Nul y Grupo Bertolín, finalmente adjudicataria.
Rover recurrió inicialmente la adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que desestimó su recurso en septiembre de 2024 y levantó la suspensión que había impedido hasta entonces iniciar las obras.
La empresa, sin embargo, no dio por terminada la batalla. Meses después llevó el asunto a la Audiencia Nacional, donde mantiene recurrida la adjudicación. Su impugnación se centra fundamentalmente en la valoración técnica de las ofertas y en la puntuación otorgada a las distintas propuestas. El recurso de Rover no ha impedido la ejecución de la obra al no haberse acordado la suspensión.
El otro pulso por la DIA: quién debía ejercer de órgano sustantivo
La batalla ambiental tampoco se limitó al recurso que acaba de resolver el TSJCV. Otro procedimiento, tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, puso el foco en una cuestión diferente pero estrechamente relacionada con la DIA de 2007: quién debía actuar como órgano sustantivo en la tramitación ambiental de la ampliación.
El conflicto surgió después de que el Ministerio para la Transición Ecológica modificara en 2021 una resolución para sustituir a Puertos del Estado por la Autoridad Portuaria de València como órgano sustantivo. La decisión fue recurrida por los opositores al proyecto y el TSJ de Madrid terminó anulando ese cambio al considerar que no podía hacerse como una mera rectificación de un error material.
Baleària: un pleito que acabó quedándose sin concesión
Entre los procedimientos que el TSJCV menciona expresamente en su sentencia figura también la concesión de una terminal de pasajeros. Se trata de la adjudicación que la APV otorgó en 2022 a Puerto Natura Valencia, filial de Baleària, para construir y explotar una terminal de pasajeros.
Aquella concesión fue también recurrida por los colectivos integrados en la Comissió Ciutat-Port, que cuestionaban, entre otros aspectos, la ausencia de una nueva evaluación ambiental. El TSJCV llegó a rechazar las medidas cautelares solicitadas para suspender la concesión.
Pero ese procedimiento ha quedado superado por la evolución posterior del proyecto. En noviembre de 2025, la propia Autoridad Portuaria acordó revocar la concesión otorgada a Puerto Natura Valencia. Es decir, la terminal de pasajeros a la que alude la sentencia del TSJCV formaba parte de la batalla jurídica alrededor de la reorganización del puerto, pero aquella concesión ya no se encuentra vigente.
La Sala se limita a señalar que aquella concesión fue una de las cuestiones introducidas por las partes en el relato jurídico del proyecto, pero no entra a resolverla en este procedimiento.
El rescate de Unión Naval, otro capítulo de la reorganización portuaria
Algo similar ocurre con el llamado rescate de una tercera concesión al que hace referencia el tribunal. El procedimiento estaba relacionado con los terrenos de Unión Naval de Valencia, necesarios para la reorganización de los espacios portuarios y para el proyecto de la nueva terminal de pasajeros.
La APV llegó a acudir a los tribunales para intentar declarar lesivos determinados acuerdos adoptados años antes en relación con el rescate de las concesiones. El TSJCV rechazó en 2023 la pretensión de la Autoridad Portuaria.
Se trata, por tanto, de otro litigio que forma parte de la historia judicial de la reordenación del Puerto de València, pero que no debe confundirse con el procedimiento que ahora acaba de resolver el TSJCV sobre la DIA de la ampliación norte.
La ZAL, el gran pleito histórico resuelto
El último de los grandes asuntos citados por el tribunal valenciano es la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), cuyo largo recorrido judicial ha estado ligado durante años a la transformación del entorno portuario.
En este caso, a diferencia de Rover, no queda un frente judicial abierto. El procedimiento contra el Plan Especial de la ZAL pasó por el TSJCV y el Tribunal Supremo y acabó definitivamente en marzo de 2026, cuando el Alto Tribunal inadmitió el último recurso presentado por Per l'Horta.
La ZAL quedó así avalada después de más de dos décadas de controversias judiciales, cerrando uno de los conflictos más prolongados asociados al desarrollo del Puerto de València.
Una ampliación que todavía tiene recursos por delante
La ampliación norte ha superado ahora uno de sus principales obstáculos jurídicos, después de que el TSJCV haya considerado válida la DIA de 2007 y haya descartado que las modificaciones del proyecto exigieran una nueva evaluación ambiental.
Sin embargo, esta sentencia no supone el carpetazo definitivo a la batalla planteada por el grupo ecologista en nombre de la Comissió Ciutat-Port. La entidad ciudadana presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como confirmaron desde la plataforma a este periódico tras celebrar una reunión donde determinaron este siguiente paso.
El objetivo de la entidad es agotar todas las vías de reclamación posibles al considerar que las obras de ampliación "están teniendo como efecto directo inmediato la regresión de las playas del sur del área metropolitana y la entrada de agua salada al lago de la Albufera". La plataforma confía en obtener un reconocimiento por parte de la Unión Europea.
