VALÈNCIA. Rover vuelve a la carga. La compañía valenciana ha recurrido de nuevo, esta vez por vía judicial ante la Audiencia Nacional, la adjudicación de las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia a la UTE formada por Acciona, Jan de Nul y Grupo Bertolín.

Ya lo hizo, tras conocerse la puntuación de las ofertas, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que desestimó su petición. No obstante, la compañía, que preside Alfredo Rodríguez y cuya oferta con otras empresas quedó en segundo lugar, decidió hace nueve meses judicializar el proceso, acudiendo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al no estar de acuerdo con la valoración técnica, según ha podido saber este diario.

Rover se presentó en alianza con Dragados, Torrescamara y Cia de Obras, Dredging International España y Dravo, logrando un total de 99,07 puntos frente a los 99,93 puntos de la UTE ganadora, liderada por Acciona, que ahora está siendo investigada en la causa instruida en el Tribunal Supremo por presunta trama de amaño de contratos públicos y cobro de comisiones ilegales relacionada con el conocido como 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán'.

Aunque en el informe de la UCO conocido la semana pasada se menciona un intento fallido de intermediación de la trama en un contrato del Puerto de Valencia, no se trata del de la ampliación norte. El recurso de Rover ante la Audiencia Nacional tampoco tiene relación con el caso, ya que se presentó mucho antes de que se conociera la presunta implicación de Acciona en el amaño de contratos, concretamente el 26 de septiembre. 

La propuesta en la que estaba Rover presentó la mejor oferta económica, 584.443.378 euros, pero no fue de la ganadora porque en la valoración de la oferta técnica quedó por detrás de la liderada por Acciona, que se adjudicó el contrato por 591.905.762,46 euros.

También, pujaron por llevarse la construcción de esta 'megaobra' en el recinto portuario valenciano las empresas FCC Construcción en UTE con Pavasal y Boskalis, que obtuvieron 92,89 puntos; y la UTE formada por Sacyr Construcción, Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), Becsa y Agrupación Quinovart Obras y Servicios Hispania, que quedó última con 81,68 puntos.

Una vez se conocieron esos resultadores, Rover, en solitario, recurrió la adjudicación ante el TACRC al no estar confome con la puntuación y aludiendo, entre otros, una supuesta falta de plan de igualdad de la empresa belga Jan de Nul. Se suspendió entonces el proceso de adjudicación hasta que semanas más tarde el tribunal desestimó el recurso, allanando el camino y dando vía libre a los trabajos constructivos y a la adjudicación final.

No obstante, la valenciana, especializada en obra civil, ha decidido dar un paso más y acudir a la justicia, tras no prosperar su primer requerimiento. Así, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente al ser una licitación de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), dependiente de Puertos del Estado.

Un movimiento que, por ahora, no ha interferido en las obras de la nueva infraestructura portuario, que siguen su curso. Al no haberse paralizado, y dado que el proceso judicial puede durar años en los que la adjudicataria habrá avanzado en las obras, a lo más que puede aspirar Rover es a la victoria moral y a una compensación económica si los tribunales le dan la razón.

De este modo, las máquinas continuan las labores que comenzaron en diciembre del pasado año, cuando el buque chino semisumergible para cargas pesadas Zhong Ren atracó en las instalaciones portuarias valencianas transportando tres barcos necesarios para el arranque de la actuación. Concretamente, descargó una draga, que se utiliza para excavar material del fondo mar; una pontona, destinada como plataforma flotante para mercancía o grúas; así como un gánguil, embarcación auxiliar a la draga en la que se almacena y transporta el material dragado. 

Por tanto, el inicio de los trabajos de la nueva infraestructura portuaria arrancó desde el lado mar, con los primeros trabajos de dragado.

La obra contempla la construcción de un muelle de contenedores en la zona norte del recinto portuario. Será la cuarta terminal del Puerto. La inversión privada prevista en la oferta presentada asciende a 1.098.237.000 euros y engloba todas las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento, la explotación y el mantenimiento de la nueva terminal. 

Por su parte, la APV, responsable de la construcción del muelle, tiene comprometida una inversión de hasta 656 millones de euros. De esta forma, esta actuación implica la mayor inversión público-privada realizada hasta la fecha en el sistema portuario español y supone un referente respecto al modelo de colaboración público privada. 

Concretamente, la nueva terminal de contenedores será explotada por Terminal Investment Limited (TIL), filial de MSC, por un plazo de 50 años al adjudicarse la concesión administrativa. La instalación se ubicará en aguas abrigadas de la ampliación norte cuyas obras finalizaron en 2012, tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar hasta cinco millones de contenedores. Así, permitirá operar a los buques de última generación MEGAMAX, de hasta 430 metros de eslora y más de 24.000 TEUs.

Además, contará con diseño, tecnologías y equipamiento de última generación. En materia medioambiental será autosuficiente energéticamente, alineada con el objetivo del puerto de cero emisiones en 2030, y ofrecerá una instalación totalmente electrificada, que permitirá atender los grandes buques portacontenedores en servicio. La terminal contempla una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.