VALÈNCIA. Más de un año después de que empezara la investigación judicial sobre la gestión de la Dana, han tenido lugar las declaraciones de los testigos considerados clave: el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Considerados los dos técnicos más importantes que estaban presentes en el Cecopi, uno era el de mayor rango por parte de la Generalitat Valenciana mientras el otro, además de responsable de los bomberos, era el jefe del operativo.

Tanto Suárez, que declaró en dos tandas en diciembre, como Basset, que prestó testimonio esta semana y volverá al juzgado el lunes para acabar de hacerlo, coincidieron en señalar la responsabilidad de las decisiones de los directores del Plan de Inundaciones, es decir, la cúpula política de la Conselleria. La exconsellera Salomé Pradas y su ex 'número dos', Emilio Argüeso, declararon ante la jueza de la Dana que actuaron según el criterio de los técnicos pero estos coincidieron en que eran los dirigentes políticos los que tenían la última palabra según el nivel de la emergencia.

"El Plan es muy claro; el aviso solo lo puede autorizar la directora o el director del plan [aquella tarde, Pradas]", llegó a decir en su declaración el subdirector de Emergencias, según el cual aquel día, cuando se reunió el Cecopi a partir de las 17h, Pradas "lideraba la gestión de la emergencia" y "decía mandatos, conforme a lo que le corresponde por su cargo". "Era quien daba instrucciones, o la que en un momento dado decidía llamar a unas personas", señaló Suárez, para añadir que "hizo lo que tenía que hacer como directora del plan".

Suárez negó que la existencia de un comité de dirección en el Cecopi conformado por Pradas y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, implicara "una codirección" de la emergencia. "La codirección no implica romper la cadena de mando único", aseguró ante la instructora, para insistir en que ambas no tenían que ponerse "de acuerdo para tomar decisiones. De esta manera, el subdirector general de Emergencias chocó con uno de los pilares fundamentales de la defensa de Pradas, según la cual el Cecopi era un órgano colegiado donde había una dirección conjunta con Bernabé.

El entonces jefe de los bomberos también aseguró el pasado miércoles que "el director del plan puede hacer lo que considere en cada momento" y que su función, la de Basset, era de asesorar: "La decisión la toma quien tiene la responsabilidad", aseguró en su declaración ante la magistrada. De hecho, se desmarcó del contenido del ES Alert y, como Suárez, de la tardanza en su envío, que se produjo a las 20.11h cuando decenas de personas ya habían fallecido por las inundaciones.

En cuanto al ES Alert, tanto Suárez como Basset negaron que hubiera una discusión -"entre los dos hay gran afectividad", llegó a confesar el subdirector de Emergencias-, pero sí admitieron una discrepancia cuando el primero propuso una primera idea sobre las 17.45h  en la que se decía a la gente que subiera a niveles altos. En palabras de Suárez, el jefe de los bomberos quería matizar el mensaje para "no generar alarmismo". "El mensaje podía no ser preciso", apuntó en su testifical Basset, cuyo mensaje "convenció más y se dio por válido", así que escribió el texto alternativo sobre las 18.13h. A partir de ahí, dijo, él le perdió la pista y considera "incomprensible" que se tardara tanto hasta enviar el mensaje.

Aunque Pradas achacó parte del retraso a las "opiniones radicalmente contrarias" de los técnicos, el jefe de Bomberos aseguró ante la jueza que aquella conversación "como mucho fueron 10 minutos, debieron de ser menos" porque "había que enviar algo de manera urgente, así que no me iba a enzarzar". Por su parte, el subdirector de Emergencias declaró que "hubo muchos otros factores encima de la mesa que fueron determinantes en que se ralentizase", aseguró el subdirector de Emergencias: "No puede darse la imagen de que nosotros dos estábamos discutiendo y un montón de personas mirándonos discutir, no es real".

Suárez dibujó un proceso de decisión de dos horas en los que Pradas, Argüeso y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, plantearon avisar a los alcaldes de aguas abajo de la presa de Forata antes de enviar la alerta -de hecho, se les convocó a una videoconferencia a la que ninguno pudo conectarse-. Además, el Cecopi afrontó el cambio del contenido según avanzaba la reunión al constatar que las inundaciones afectaban a toda la provincia, las dudas de Bernabé sobre si llegaría el mensaje a las zonas sin cobertura, los interrogantes jurídicos ante un confinamiento de la entonces consellera Salomé Pradas y hasta varios cambios lingüísticos en la versión valenciana.

La falta de información

Ambos testigos señalaron también la falta de información que hubo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo presidente, Miguel Polo, estuvo conectado por videoconferencia en el Cecopi. "La CHJ no aportó más información que el tema de Forata y cuando pregunté, me dirigieron a que preguntara a protección civil", aseguró Suárez en su declaración: "Los mayores expertos en dinámica de hidrología y en geomorfología eran ellos", lamentó, para insistir en que "el análisis hidrológico corresponde a la CHJ".

Por su parte, Basset aseguró que eran los técnicos los que debían analizar los datos de las agencias para traducirlos en información interpretada. "Los datos sin procesar no son información. Esos datos estaban ahí y no se mostraban en la sala del Cecopi", aseveró Basset en su testifical y, preguntado por si estaban aislados, contestó afirmativamente. Así, señaló tanto a la CHJ como a Aemet y la asociación Avamet porque "tenían que dar datos para toma de decisiones". "Son ellos los que tendrían que haber dado los datos procesados para que fuera información, pero eso no llegaba", dijo.

En esta parte, los técnicos coincidieron con el relato de Pradas y Argüeso, según los cuales aquella tarde se tomaron las decisiones en el Cecopi con la información que se les facilitaba y que era insuficiente. No en vano, todos los testigos han asegurado que aquella tarde, y aunque parezca mentira, nadie mencionó el barranco del Poyo. Así, Suárez y Basset aseguraron que sí se habló de municipios donde estaba habiendo problemas por las inundaciones y rescates pero nadie mencionó el sintagma "barranco del Poyo", de donde venía toda el agua que asoló los municipios de l'Horta Sud.