VALÈNCIA. Tras un año y medio desde que el Palacio de Congresos de Valencia sufriera un fraude de casi 200.000 euros, sigue abierto el litigio abierto entre el organismo del Ayuntamiento de Valencia y la gestoría que le llevaba las cuentas. Y así seguirá, a menos que lleguen a un acuerdo previo, al menos hasta el mes de noviembre. El juzgado encargado del asunto, Instrucción 20 de Valencia, ha convocado a ambas partes el próximo 19 de noviembre a la audiencia donde podrán presentar sus pruebas, según ha podido saber eset diario.

Se trata del paso previo al juicio donde se fijarán con precisión los hechos controvertidos y es todavía un momento en el que las partes pueden alcanzar un acuerdo. Por el momento, esto se considera improbable por las posturas confrontadas que han mantenido tanto el Palacio de Congresos como la compañía gestora sobre la responsabilidad de la estafa. Así pues, en caso de que no haya conciliación, la audiencia permitirá determinar las pruebas pertinentes como informes internos, contratos, documentación bancaria o testificales.

Durante el fraude, unos estafadores anónimos se hicieron pasar por representantes de un proveedor real mediante cuentas de correo falsas para pedir el cambio de cuenta bancaria en la base de datos del Palacio y que este abonase facturas pendientes por servicios que el proveedor sí había prestado. La compañía gestora del Palacio procedió a la modificación pero defiende que, según los protocolos, es el director financiero del Palacio el que ha de hacer las comprobaciones previas. En este caso, estaba de baja y rebotó el primer correo de los estafadores.

Así pues, la responsabilidad sobre el cumplimiento de los protocolos apunta a ser el eje central del litigio judicial. El Ayuntamiento de València, del que depende el organismo, decidió a través del Palacio de Congresos rescindir de manera anticipada el contrato con la empresa, que preveía dicha posibilidad ante las faltas graves y muy graves, y llevó a los tribunales tanto al banco que tramitó los pagos como a la consultora, al considerarla responsable del incidente. Pero la firma, que desde el principio cuestionó esta tesis, contrademandó al consistorio, como publicó Valencia Plaza.

En un informe jurídico para el Palacio de Congresos, el abogado de la ciudad concluyó que la consultora "no debió haber hecho las gestiones que hizo sin autorización expresa por parte del director financiero". Por su parte, la compañía respondió en un burofax dirigido al consistorio que "no cabe" imputarle "responsabilidad alguna" y que esta es "única y exclusiva del propio Palacio" porque el protocolo de seguridad era "sistemáticamente incumplido" por el director financiero del Palacio de Congresos y que "de haberse cumplido el procedimiento se hubiera evitado el fraude ocasionado al Palacio".

La estafa ascendió a 197.000 euros. En su momento, el Ayuntamiento dijo que el banco había devuelto el importe de 12 facturas por valor de 46.700 euros aproximadamente, un 23% del montante total estafado, pero no se explicó en qué concepto se hizo este reintegro y si fue el banco o de la misma cuenta de los estafadores. Al no poder recuperar la totalidad del dinero, el consistorio acudió a la vía civil contra la parte privada. En paralelo, sigue la investigación penal abierta en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y sobre la que no se conocen novedades hasta el momento.