VALÈNCIA. La actualidad política de esta semana en la Comunitat Valenciana viene marcada por dos hechos destacados: la aprobación por parte del Gobierno de España del anteproyecto para la quita de la deuda a las autonomías y el anuncio por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de 350 millones de euros en ayudas directas y exprés para los afectados por la Dana.
Dos asuntos que se diferencian, desde el punto de vista de la comunicación institucional, en la forma de aparecer ante la opinión pública: mientras el primero ya era conocido y formaba parte del calendario publicado; el segundo irrumpía de forma sorpresiva y premeditada por parte del Gobierno valenciano con el objetivo de ocupar la agenda política.
Precisamente el control de la agenda, ahora llamada en muchas ocasiones y de forma peyorativa "relato", es uno de los objetivos a menudo principales de la comunicación política e institucional. Para ello, igual que sucede en el ajedrez, se diseñan estrategias con el objetivo de que un tema permanezca en la actualidad con una visión a largo plazo -como la quita de la deuda-, pero también existe la denominada táctica, cuando la acción se refiere a un movimiento concreto que pretende lograr un beneficio inmediato.
Este miércoles, el jefe del Consell fue preguntado por la condonación impulsada por el Gobierno de España que, en caso de salir adelante, reduciría en 11.210 millones la deuda valenciana. "Ya hice valoraciones el lunes", comentó el presidente para, tras la insistencia de los medios, sentenciar: "Hemos dicho que de chantajes nada, y de menospreciar a la Comunitat, nada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, que ya está bien de chantajes". Una línea que también había marcado también el lunes la propia consellera de Hacienda, Ruth Merino, al calificarla de "inaceptable por el fondo y la forma".
En este sentido, la posición de rechazo del Gobierno valenciano a la medida es claro. Durante meses, Mazón y los miembros del Consell han criticado que la condonación tiene como objetivo "legitimar al separatismo catalán" dado que nace de un acuerdo bilateral con ERC en vez de haber salido del "consenso en un marco multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", según recalcaba la propia Merino este mismo lunes.
Ahora bien, este discurso, que ha sido muy útil en los últimos meses a las estructuras regionales y en especial, dada la gravedad de la infrafinanciación valenciana, al PPCV, comienza a evolucionar en dirección a la decisión que deberán adoptar los distintos gobiernos autonómicos si finalmente la citada quita sale adelante. Y precisamente esta es una posición que el ejecutivo de Mazón y otros liderados por los populares, más allá de la crítica contundente que hacen sobre la medida, todavía no quieren concretar.
El dilema es evidente. Tal y como ha informado este diario, la condonación de la deuda para la Comunitat debería ser más amplia -unos 7.000 millones más-, algo que también ha exigido Compromís. Incluso el propio Mazón proclamaba hace ahora un año en Les Corts que no renunciaría "ni a un céntimo" de la deuda histórica. Sin embargo, ahora, ni el presidente de la Generalitat ni sus consellers verbalizan si llegado el momento aceptarán la condonación de 11.210 millones de euros que propone el Gobierno.
No obstante, la dirección nacional del PP ya ha anunciado el voto en contra en el Congreso e incluso se han apresurado a asegurar que ninguno de sus presidentes autonómicos se acogerá a la quita si esta sale adelante. Es decir, de ser así, Mazón tendría que renunciar a disminuir la deuda en 11.210 millones, al igual que sus compañeros de partido en otras regiones: algo difícil de explicar cuando ya en su primer mes en el poder, tildó de "inasumible" los 55.000 millones de deuda que tenía la Comunitat Valenciana y calificaba de "reto" la lucha contra esta circunstancia. O lo que es lo mismo, debería rechazar la condonación en detrimento del bien común pero en beneficio del relato político de su partido, que considera que aceptar esta quita sería como darle la razón a Sánchez en su negociación bilateral con ERC.
Es por ello que, en este momento, el debate sobre la quita de la deuda está transitando a una fase que puede generar mayor incomodidad al presidente valenciano. A lo largo de varios meses, el discurso contra la cesión de Sánchez al separatismo catalán ha funcionado y ha sido exprimido convenientemente, pero ahora se encarrila hacia otro nivel que implica la toma de una decisión. Dado que, según los plazos apuntados este martes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el proyecto de ley irá al Congreso antes de que concluya el año y, si es aprobado, la idea es que las CCAA deban pronunciarse antes de abril, por lo que el deseo del Gobierno valenciano se dirige a sacar la cuestión de la actualidad inmediata tan pronto como sea posible y trasladar así el problema al futuro si es que el ejecutivo central logra los apoyos en la Cámara Baja.
Prueba de este deseo es el momento elegido por el propio Mazón para lanzar sus novedosas ayudas directas para los afectados por la Dana: justo este martes, el mismo día en el quel Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley de la quita.
