VALÈNCIA. ¿Prioridad nacional o arraigo? Esta es la principal diferencia terminológica que atañe a las filas de PP y Vox en los últimos días. Mientras desde la formación que encabeza Santiago Abascal buscan 'blindar' este concepto en todos los parlamentos posibles después del acuerdo alcanzado en Extremadura, el PP opta por matizar esta cuestión y hablar de "arraigo", un concepto que, a su juicio, ya venía siendo aplicado por los gobiernos de izquierdas en anteriores mandatos.
El debate sobre esta idea fue escalando hasta llegar al orden del día del pleno de la Diputación de Valencia celebrado este martes. Uno de los últimos puntos de la sesión era una moción presentada por los voxistas para "garantizar la prioridad nacional", prácticamente idéntica a la planteada en Les Corts a finales de la semana pasada. La iniciativa no llegó finalmente a debatirse porque el pleno "récord", con 118 puntos en el orden del día, se suspendió a falta de tres aspectos por debatir.
El presidente de la corporación provincial, Vicente Mompó, justificó esta decisión, que contó con el visto bueno de la cámara, con que muchos diputados estaban yéndose porque tenían pleno en su localidad. Desde las filas de Vox consideraron que no era "justo", aunque aseguraron entender la situacion al ser un pleno muy cargado y que llevaba hora y media de retraso. "No es lo normal, pero hoy se han dado todas las circunstancias para que así sea", apuntaron fuentes de esta formación.
En todo caso, el hecho de que la moción no llegara a tratarse en el hemiciclo no impidió que fuera uno de los puntos del día más destacados en la corporación provincial. El PP presentó a primera hora de la mañana una serie de enmiendas sobre la moción de los voxistas en las que se plegaba a la mayoría del discurso 'ultra' en temas de política migratoria, aunque matizando el concepto de "prioridad nacional" para reemplazarlo por el de "arraigo nacional".
Una suavización terminológica que no impidió que los populares acatasen las tesis voxistas en materias como la repatriación de "todos los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal", el fin de la "regularización masiva de inmigrantes" o la "remigración" de aquellos extranjeros que "erosionan el Estado de bienestar" por "no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional". El PP eso sí, suprimía un punto de la moción sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita al tratarse de "un derecho fundamental y una garantía procesal en España".
Con ello, Mompó entró de lleno a negociar con Vox una moción cuyo objeto era el de "garantizar la prioridad nacional", aunque evitando precisamente este polémico término. El trasfondo de esta enmienda no es otro que el de mantener los pactos entre populares y voxistas para dar luz verde a una serie de iniciativas en la Diputación.
En este sentido, cabe resaltar que el pleno aprobó una inversión de 50 millones de euros en las comarcas valencianas a través de un total de 66 subvenciones para municipios, mancomunidades, asociaciones y federaciones. Fuentes de la corporación provincial deslizaron que desde Vox habían 'amagado' con tumbar estas medidas si el PP no negociaba su moción. Una cuestión que obligó al PP a posicionarse en torno a esta iniciativa y proponer una serie de cambios para tratar de llegar a un acuerdo.
Pese a que esta moción no llegó a debatirse en el pleno, la intención de Vox era la de no aceptar la enmienda planteada por el PP, precisamente por el hecho de eliminar el término "prioridad nacional". El resultado de esta votación no hubiera influido en las inversiones millonarias a las comarcas, que ya habían sido aprobadas de manera previa por el pleno. La moción, además, no tenía vistos de salir adelante teniendo en cuenta la distribución del arco parlamentario de la corporación provincial.
En cualquier caso, el aplazamiento de su debate al próximo pleno supone que la Diputación deba pronunciarse sobre la prioridad nacional a finales del próximo mes de mayo, en un contexto donde la necesidad del PP de llegar a consensos con Vox podría ser aún por las negociaciones presupuestarias, tanto en esta institución como en el Consell. Este debate podría coincidir con el de la iniciativa similar presentada en Les Corts, que no podrá abordarse hasta, al menos, el pleno de los días 20 y 21 de mayo.
