BENIDORM. Octubre de 2029. Esta es la fecha que manejan en la Generalitat Valenciana para iniciar la demolición de Gemelos 28 de Benidorm. Así lo ha establecido la Comisión Judicial que preside el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Lo que se desconoce de momento es cuánto costará finalmente la actuación.
Según informan desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, la ejecución de la sentencia que decreta el derribo de estas dos torres "sigue su curso en el seno de la Comisión Judicial" creada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV para ejecutar el fallo. Este organismo se constituyó el 8 de noviembre de 2022 y en la actualidad sigue "identificando y evaluando la afectación a los más de 320 actuales propietarios", además de "los conceptos, cuantía y modo en que deben ser indemnizados". Así, fuentes de Conselleria apuntan que el calendario establecido en la Comisión Judicial prevé el inicio de la demolición en octubre de 2029.
Como viene contando este diario, el derribo está decretado por el TSJCV en ejecución de sentencia en noviembre de 2017, definitiva un año después. Pero tras casi siete años, el edificio sigue intacto y los vecinos continúan esperando para saber qué decisión se va a tomar sobre sus viviendas, algunas de ellas residenciales todo el año. La cuestión principal es que las torres ocupan una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. Pero por apenas seis metros. Lo que plantea la posibilidad de que una vez derribado, se pueda levantar de nuevo pero seis metros hacia atrás.
Varias son las propuestas que se han puesto sobre la mesa para evitar lo que la justicia ha decretado, como puede ser la prolongación del paseo marítimo o la última, aprobar en el Congreso de los Diputados una nueva disposición transitoria a la Ley de Costas que permita que el edificio se mantenga fuera de ordenación durante toda su vida útil.
Responsabilidad
La responsabilidad de la ilegalidad de este edificio recayó en la Generalitat por la licencia otorgada el 29 de abril de 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, dirigida en ese momento por el popular Rafael Blasco. La sentencia del Tribunal Supremo de 2012 fue aclarada por el TSJCV en 2017 y no había duda. Además del decreto de derribo, el auto también obligaba a la administración valenciana a indemnizar a todos los propietarios de las viviendas, plazas de garaje y zonas comunes por el precio de compra más un 20% adicional. En un primer momento se estimó que podría superar los 100 millones de euros.
La demolición de lo construido es la consecuencia impuesta legalmente en el caso de la anulación de una licencia concedida con infracción de la normativa de la Ley de Costas, según la sentencia del tribunal valenciano en su momento. "Consideramos debe prevalecer los valores naturales y paisajísticos frente a un coste económico, aunque el mismo sea elevado al carecer de fuerza jurídica suficiente para enervar la ejecución de una sentencia firme", recogía en su auto de aclaración, insistiendo que no era "relevante" para su institución que se pueda volver a edificar.
