VALÈNCIA. Este jueves se conocía la decisión de la jueza que instruye la causa de la Dana de citar como testigo a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Uno de los pesos pesados del Gobierno valenciano -ostenta la portavocía-, Camarero ha estado defendiendo a uñas y dientes la actuación de la Generalitat Valenciana el día de la Dana, siguiendo el relato marcado por el president, Carlos Mazón. Ahora, tendrá que aclarar ante la justica qué es lo que pasó aquella tarde en el Cecopi.
En ese sentido, fuera del mundo judicial y periodístico, hay voces que se preguntan los motivos que llevan a la magistrada, titular del juzgado de Intrucción 4 de Catarroja, a tomar declaración a la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano mientras no lo hace con el titular del Consell pese a que ambos cuentan con la misma situación de aforamiento. A la postre, el testimonio de Mazón sería revelador para conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos aquella jornada. La jueza, sin embargo, no ha citado como testigo ni siquiera a la periodista que comió con él en El Ventorro, Maribel Vilaplana, al considerar que supondría de facto una investigación al president, que sólo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
El motivo es de estricto orden de garantías procesales, tal como explican fuentes jurídicas. Las personas que son citadas a declarar como testigo tienen la obligación de decir verdad, pues de lo contrario incurrirían en un delito tipificado, el de falso testimonio. Las personas investigadas, por su parte, no tienen esta obligación para garantizar el efectivo ejercicio de su derecho de defensa. De este modo, sería mucho más sencillo esclarecer la comisión de un delito si primero se cita a alguien como testigo y asegurarse así que ofrece un testimonio auténtico, pero a costa de sus garantías procesales.
"Citar a un posible investigado como testigo vulnera su derecho a callar, a no decir verdad y a no acusarse a sí mismo", explican fuentes jurídicas a este diario. En ese sentido, consideran que la decisión de la jueza de no tomarle declaración como testigo significa que "ella cree que debería acudir como investigado". No así con Camarero. De ahí que la misma instructora haya ofrecido a Mazón, ya en dos ocasiones, comparecer en el procedimiento para declarar como investigado de manera voluntaria. Algo que hasta ahora, el jefe del Gobierno valenciano ha rechazado pese a defender que no se le esperó para enviar la alerta masiva a la población, el eje central de la investigación de la jueza de la Dana.
¿Esto significa que no se puede declarar como investigado a alguien que ha sido llamado previamente como testigo? Muchos piensan en el caso, por ejemplo, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que tiene previsto comparecer el próximo viernes ante la magistrada; el del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, o el del exjefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. Los expertos aseguran que es posible, pero ya habría "una contaminación de su testifical", prestada bajo juramento de decir verdad, que "podría llevar a la nulidad" posteriormente.
