VALÈNCIA. El Gobierno de españa ultima el borrador del nuevo decreto sobre medidas de gestión del riesgo de inundación tras la Dana del pasado 29 de octubre de 2024. El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen está "estudiando" las propuestas recibidas en la consulta público, paso previo para que el texto salga a información pública. "Esperamos tener novedades pronto", explican fuentes del Ministerio, que tiene ante sí seis documentos de propuestas recabados en el mencionado proceso de consulta, donde destacan peticiones de exenciones para actividades y construcciones antiguas o la priorización de las obras hidráulicas en las diferentes cuencas.

El departamento de Aagesen abrió a finales de marzo la consulta pública para este Real Decreto con el que, entre otras cosas, se buscan declarar de interés público las obras de protección frente a inundaciones, con la agilización de trámites que ello conlleva. En el proceso, han participado organismos como la Agencia Catalana del Agua o el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) así como la ONG WWF España o la patronal de Campings y Ciudades de Vacaciones de Lleida o el Ayuntamiento de Lorca, según ha podido constatar Valencia Plaza.

Destacan por ejemplo las propuestas realizadas por la Agencia Catalana del Agua, entre las cuales figura la necesidad de incorporar al texto la identificación de "ejes de drenaje preferente en aquellos tramos donde el cauce ha desaparecido, fruto de las ocupaciones antrópicas, obstáculos u ocupaciones" y fijar un plazo concesional de 50 años al cabo de los cuales estos terrenos revertirían al estado como dominio público hidráulico".

Además, propone considerar "las situaciones transitorias ya existentes en el territorio desde hace años" y establecer para estos casos determinados "mecanismos de gestión" como la implantación de medidas de gestión del riesgo competencia de otras administraciones (planes de autoprotección, planes municipales de actuación ante avenidas...). En este sentido, el organismo plantea una disposición transitoria que establezca "un plazo temporal para que aquellas actividades, bienes e inmuebles situados en zonas de riesgo implementen los mecanismos necesarios para compatibilizar su actividad con ese riesgo".

Sobre esos posibles "mecanismos de gestión" también se encontrarían el impulso de sistemas de alerta temprana de inundaciones, la generación de cartografía de riesgo inmediato u otros elementos de predicción de avenidas. Asimismo, el organismo considera que se debería exceptuar las restricciones a la construcción de obras de defensa por particulares y administraciones "cuando se pueda demostrar que se trata de bienes implantados en zonas inundables anteriores a 1986" así como "eximir del pago de tasas y cánones a estas obras".

En relación con las infraestructuras de paso transversales como puentes o viaductos, la Agencia considera "necesario reforzar" las obligaciones de los entes gestores, que "deberían disponer" de "un inventario de las infraestructuras de paso que atraviesen el Dominio Público Hidráulico, con una diagnosis de su capacidad hidráulica", recoge su documento, para identificar puntos críticos.

Obras hidráulicas y más límites urbanísticos

El Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP) reclama que el futuro real decreto reconozca de forma explícita el papel de las infraestructuras hidráulicas en la mitigación del riesgo de inundaciones y sitúe a las presas y embalses como un elemento central de la política de prevención. “El papel que las obras hidráulicas y, en concreto, las presas de embalse juegan en la mitigación de los riesgos de inundación es fundamental en España”, subraya el comité, que alude a los episodios de octubre de 2024 y marzo de 2023 para reforzar su posición .

La organización insiste en que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de las presas ya existentes, conforme a la normativa vigente. En ese sentido, advierte de que “se encuentran pendientes gran parte de las inversiones necesarias que permitan alcanzar, en el conjunto de las presas españolas, los estándares de seguridad contemplados" en la normativa actual. Por ello, sostiene que cualquier nueva regulación debería incluir como medidas necesarias “la ejecución de las obras hidráulicas incluidas en la planificación hidrológica” y la colaboración entre administraciones para facilitar su ejecución por su interés público superior.

Por su parte, la Associació Professional d’Empresaris de Càmpings i Ciutats de Vacances de Lleida alerta contra una regulación precipitada tras los últimos episodios de Dana y pide que el real decreto tenga en cuenta las actividades económicas preexistentes en zonas inundables. La entidad comparte el diagnóstico sobre el calentamiento global y la mayor frecuencia de episodios extremos, pero reclama que “se pueda gestionar el riesgo con las actividades existentes” y critica que una normativa aprobada “en caliente” pueda derivar en un marco “exagerado e inaplicable para la mayor parte del tiempo”.

En ese contexto, defiende la continuidad de los campings históricos bajo condiciones de seguridad reforzada. “El proyecto de real decreto debe contener una concreta y acertada regulación para las actividades preexistentes, permitiendo su continuidad bajo ciertos condicionantes”, expone la asociación, que señala como imprescindibles “medidas tecnológicas y de autoprotección contrastadas para garantizar la seguridad de las personas”. Además, reclama que se prioricen los sistemas de alerta temprana y el mantenimiento y conservación de los cauces como herramientas clave de prevención.

También la Asociación de Vecinos de Cañada del Fenollar ha aportado un escrito donde reclama una regulación mucho más estricta frente a actividades económicas situadas en zonas inundables, incluso aunque cuenten con autorizaciones anteriores. La entidad advierte de que el complejo de ramblas que atraviesa su ámbito territorial afecta directamente a la ciudad de Alicante y a infraestructuras críticas, y subraya que “en caso de inundación (Dana o similar), toda la población localizada cauce debajo de dichas ramblas se vería gravemente afectada, corriendo peligro las vidas de miles de trabajadores”.

Por ello, pide que la futura norma obligue a retirar este tipo de usos del territorio. En concreto, solicita que “a las actividades económicas prohibidas, instaladas en las zonas inundables, aunque estén autorizadas previamente, se les otorgue un plazo prudencial de doce meses para trasladar su emplazamiento a otra zona”, con la consiguiente “rescisión de las autorizaciones de actividad desde el transcurso de esa fecha”, una medida que considera imprescindible para reducir el riesgo aguas abajo.

La organización WWF España plantea, en ese sentido, un cambio profundo en el enfoque de la gestión del riesgo de inundaciones, basado en soluciones ligadas al territorio y a la naturaleza. La organización considera que la iniciativa del Gobierno es una oportunidad para “promover la recuperación del espacio fluvial” y para que “los ríos y sus llanuras de inundación se conviertan en soluciones basadas en la naturaleza para laminar la capacidad destructiva de los caudales”, frente a un modelo centrado en infraestructuras duras.

Entre sus propuestas, WWF defiende reforzar las limitaciones de uso del suelo en zonas inundables y prohibir nuevas edificaciones. “No se podrán realizar en ningún caso nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación o del volumen de las existentes”, plantea la organización, que también apuesta por eliminar sótanos y garajes bajo rasante y por “devolver espacio a los ríos” suprimiendo motas y encauzamientos que, a su juicio, “crean una falsa seguridad y aumentan la exposición al riesgo”. Además, insiste en ampliar los sistemas de alerta temprana, reforzar la educación ciudadana y adaptar la normativa urbanística y de protección civil al impacto creciente del cambio climático.