VALÈNCIA (EFE). La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, recientemente imputada por la jueza que investiga la gestión de la dana, ha encargado su defensa legal al abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano, según ha confirmado el despacho Kepler Karst -al que pertenece- a EFE.

De Urbano fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid entre 2013 y 2021, y anteriormente magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1999-2013) y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999).

El juzgado de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la dana en Valencia ha citado a declarar como investigados a Pradas y a su entonces 'número dos' en la Conselleria, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

La jueza, en un auto conocido este lunes, reitera que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20:11 horas del 29 de octubre "fue tardío y erróneo" y recuerda asimismo que la dana "no fue un fenómeno meteorológico imprevisto", ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Aemet, "hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades".

Para la jueza, la convocatoria del Cecopi, a las 17 horas de ese día, "se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor".

"El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", afirma.

"Ello constituye -añade- precisamente el fundamento de la negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave. El anuncio de las precipitaciones que hacía previsible las gravísimas consecuencias y la sucesión de afectados a medida que el agua y el barro se desplazaba, desbordándose barrancos y ríos, asolando a las poblaciones, provocando muertes, con una inactividad patente de la administración autonómica".

A su juicio, "la atribución de dichas funciones a la administración autonómica, y por ende a los cargos y autoridades que ejercían sus funciones, los convierte en garantes de que no se produjeran los fallecimientos referidos".

Respecto a la consellera, señala que tenía atribuido como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población, y respecto a Argüeso apunta que es necesaria su declaración dada su “relevancia orgánica y por ende decisoria”.

Pradas fue cesada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 22 de noviembre y su cargo fue ocupado por Juan Carlos Valderrama, que se hizo cargo de la renombrada Conselleria de Emergencias e Interior, mientras que la destitución de Emilio Argüeso se produjo el 3 de diciembre y fue sustituido por Irene Rodríguez.