VALÈNCIA (EP). Los sindicatos Satse, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical Salut-IV han anunciado este miércoles un nuevo calendario de movilizaciones, con una primera concentración frente a la Conselleria de Sanidad el próximo 16 de diciembre, ante el "bloqueo" de la implantación de la jornada laboral a 35 horas y otras mejoras.

Las centrales sindicales, en un comunicado conjunto, han denunciado que la Conselleria de Sanidad, bajo la dirección del conseller Marciano Gómez, "mantiene una actitud sistemática de bloqueo al diálogo y a la negociación colectiva" y han reclamado una reunión en cuanto se nombre al próximo 'president' de la Generalitat.

Los sindicatos avisan de que no dudarán en intensificar sus movilizaciones "si no se produce un cambio real y urgente" en la situación, se respetan los acuerdos firmados y que se abra una "negociación efectiva que garantice la recuperación y el fortalecimiento del sistema sanitario público valenciano".

Según señalan los cinco sindicatos, la situación "se ve agravada por el incumplimiento del acuerdo firmado el 8 de marzo de 2023, relativo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y otras medidas para la mejora de las condiciones laborales del personal y de la sanidad pública", señalan los sindicatos, que subrayan que el acuerdo alcanzado "debía implantarse y consolidarse para mejorar las condiciones laborales de todo el personal pero lleva dos años paralizado porque la Conselleria lo quiere renegociar, o incluso anular".

Sin embargo, recalcan que el acuerdo firmado, "fruto de una intensa negociación entre Sanidad y las organizaciones sindicales", debería seguir "plenamente vigente". "Su incumplimiento denota el desprecio hacia el trabajo sindical realizado y perpetúa el deterioro de nuestra sanidad pública", critican los sindicatos.

A su juicio, "la distribución de la jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes en turno fijo es una medida que el conseller Marciano Gómez podría haber implementado sin modificar lo pactado, ya que el marco legal tanto autonómico como estatal lo permite".

"Frustración"

No obstante, lamentan que, a noviembre de 2025, esa jornada "aún no se ha implantado, generando frustración entre el personal y un agravio comparativo con otras comunidades autónomas que sí la han aplicado, lo que les permite atraer y retener a más profesionales", y advierten: "La sanidad valenciana no puede permitirse quedar atrás".

Los sindicatos sostienen que el personal sanitario "había acogido con especial ilusión muchas de las medidas acordadas, ya que suponían una mejora real en sus condiciones laborales y en la conciliación de la vida profesional y familiar, además de repercutir positivamente en una atención sanitaria de mayor calidad".

No obstante, critican que la decisión de la Conselleria de "aplazar la aplicación completa" de la medida y "vincularla a desarrollos normativos y presupuestarios ha generado malestar, movilizaciones y una pérdida notable de credibilidad".

"Claro incumplimiento"

Los sindicatos de Sanidad recalcan al conseller que "ni las formas ni el fondo han sido adecuados" puesto que "plantear una renegociación, durante la próxima legislatura, de un acuerdo ya firmado y con desarrollo previsto desde 2023, supone un claro incumplimiento del compromiso adquirido".

Las organizaciones sindicales exigen que la Conselleria "abra de forma inmediata una mesa de negociación para abordar esta situación y evitar un conflicto mayor" ya que lamentan que el personal "ha sido víctima de decisiones unilaterales, imposiciones verticales y un desprecio sistemático al diálogo social".

"La imposición de medidas no puede ser la base de una política sanitaria moderna, participativa y orientada al bien común. La Conselleria de Sanidad no había vivido hasta ahora una etapa de deterioro tan profundo en las relaciones laborales, ni una desconexión tan evidente con la realidad de los centros sanitarios, lo que está afectando gravemente tanto a las condiciones laborales como a la calidad asistencial", subrayan los sindicatos, que añaden que tampoco se han cumplido otras promesas, como la mejora de las agendas médicas, la reducción de las listas de espera o la creación de la figura de la enfermera escolar.

Respecto al modelo organizativo, critican un cambio en el decreto de la Atención Primaria que consideran "retrógrado", ya que "reduce la autonomía profesional, limita recursos y no afronta los problemas estructurales", por lo que reclaman "un modelo más participativo, con plantillas dimensionadas según las necesidades de la población, tiempo suficiente para cada consulta y respeto a los derechos en materia de salud laboral".

También denuncian que sigue paralizado un decreto clave sobre alertas de Salud Pública, el que regula el sistema de alerta precoz y respuesta rápida, al no entrar en vigor retrasa la puesta en marcha de una herramienta esencial para responder a emergencias sanitarias.