VALÈNCIA. El precipitado cierre del Teatre Principal de Valencia por motivos de seguridad acaecido esta semana ha provocado un terremoto cultural, pero también político en la Comunitat, sobre todo, en el Cap i Casal.
La traumática noticia per se, por cómo afecta a la industria y por el impacto que supone al prestigio de la cultural, ha tenido además otros condimentos que han aumentado la perplejidad y el daño de la misma.
Un día antes, el lunes, el Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Generalitat, había celebrado a bombo y platillo la tradicional rueda de prensa para presentar la programación de la temporada.
Por la noche de ese mismo día, la Diputación de Valencia que preside Vicent Mompó, comunicaba por teléfono que acababa de tener constancia de una serie de deficiencias a través de un informe pericial externo que obligaban al cierre del recinto. Y no sólo eso, los plazos para la puesta a punto y regreso al funcionamiento para el Teatre Principal, un edificio protegido, se estiman en cuatro años como mínimo y con un desembolso de 50 millones de euros.
Tal y como ha venido informando Culturplaza, las consecuencias inmediatas de este cierre exprés han sido el traslado de la programación más inmediata a otros espacios, pero también se ha profundizado en el recorrido de informes y planes relacionados con la gestión, rehabilitación y mantenimiento del Teatre Principal, que ha terminado clausurado por una indiscutible falta de previsión —o exceso de dejación— institucional.
Pero también resultan relevantes las consecuencias en el ámbito político de esta situación. Los tres representantes institucionales afectados, todos ellos del PP, son el mencionado Mompó, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, que además pasan por ser los tres dirigentes de mayor peso de la formación popular en la Comunitat.
Cabe recordar que la relación entre ellos no ha sido la mejor en muchos momentos. Mompó viene de posicionarse en los últimos meses como posible relevo de Pérez Llorca como candidato a la Generalitat, dado que Génova todavía no lo ha confirmado para esa misión, lo que ha reflejado las dudas que existen en Madrid sobre sus prestaciones. De la misma manera, el presidente de la Diputación tampoco ha sintonizado nunca demasiado con la alcaldesa de València, un sentimiento mutuo.
Por otro lado, Pérez Llorca tampoco estaba en la onda de Catalá cuando Carlos Mazón era presidente de la Generalitat, si bien desde que tomara el relevo en diciembre del año pasado, inició una tarea de aproximación hacia la alcaldesa que normalizó la situación, pero que al mismo tiempo le distanció de Mompó.
La descripción del escenario sobre las relaciones en este triunvirato, sirve para comprender que la comunicación y actuación conjunta desde el punto de vista institucional puede resentirse por la propia desconfianza entre los actores principales.
Por ejemplo, llama la atención que, con una crisis de semejante calibre que afecta a un recinto cultural referencial, no se haya producido un encuentro de los tres dirigentes para ofrecer una imagen de unidad que manifieste una preocupación común por la situación y una imagen de acuerdo institucional con el objetivo de poner soluciones.
Mompó ha sido el más activo, algo lógico puesto que la competencia de la gestión del edificio recae en la Diputación, y ya ha protagonizado distintas reuniones con colectivos, ha reclamado ayuda de otras administraciones —incluido el Gobierno de España— y también ha tenido tiempo de subrayar que la corporación ha "dado la cara", mientras su diputada de Patrimonio, Paz Carceller, se despachaba en la Cadena Ser para asegurar que avisaron a la Conselleria de Cultura de que estaban pendientes de la llegada del informe de deficiencias. "Si alguien decide hacer una presentación en ese momento, porque ya la tenía programada, pues yo ya no me hago responsable de ese tema", subrayó, en referencia a que el IVC hubiera celebrado el lunes la rueda de prensa con el calendario de actuaciones.
- Protestas frente al Teatre Principal este jueves. Foto: EP/ROBER SOLSONA
Precisamente en esta crisis se ha echado de menos, comunicativamente hablando, a la responsable autonómica del área, Carmen Ortí, por cierto afín a Catalá, cuyo departamento se ha limitado a remitir una nota de prensa en la que se informaba de la reprogramación de las obras más inmediatas en otros espacios.
Tampoco el presidente de la Generalitat ha tomado protagonismo. Pérez Llorca respondió a una pregunta de los medios en un canutazo el pasado martes, alabando la rápida actuación de la conselleria y escudándose en que no disponía de "mucha información". El jefe del Consell, quien lleva un tiempo manteniendo un perfil bajo a la espera de su confirmación como candidato y que se enfrenta este lunes al Debate de Política General, pasó los siguientes días sin asumir protagonismo respecto a esta cuestión.
En la otra orilla se sitúa la alcaldesa de València, María José Catalá, curiosamente la dirigente institucional que no dispone de competencias sobre el Teatre Principal. No obstante, la primera edil es consciente de que el cierre del emblemático recinto es un golpe a la ciudad que puede salpicarle, puesto que la ciudadanía, en líneas generales, no suele detenerse tanto en de quién es la responsabilidad concreta sobre la institución, sino en el hecho de que un espacio tan relevante y céntrico esté clausurado.
Así, la alcaldesa ya mostró su malestar el día del cierre en un acto del Levante-EMV y anunció su intención de proponer entrar en la propiedad del Teatre Principal, algo que no había trasladado aún a Mompó —de nuevo falta de comunicación—. Un plan de compra al que también podría incorporarse en la Generalitat (para que cada una de las instituciones tuviera un tercio del recinto), si bien tampoco se ha confirmado desde el ejecutivo autonómico.
De esta manera, la crisis desatada por el cierre del Teatre Principal, desde el punto de vista político, ha puesto de manifiesto las deficiencias existentes en la comunicación entre los dirigentes institucionales o, en su defecto, cómo la desconfianza y la falta de sintonía entre los mismos impide una reacción común y unitaria ante una situación de gravedad indiscutible.
