VALÈNCIA (EP/VP). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha expresado su "preocupación" por la situación que atraviesan algunas entidades que prestan servicios de atención a personas mayores mediante contratos con la administración autonómica, una situación de "impagos" que afecta a las empresas que gestionan residencias públicas mediante concursos que ya están vencidos, como ya adelantaba este diario.
Según ha informado esta patronal en un comunicado, en estos momentos, una parte del sector se encuentra en una situación "muy delicada" ya que no se ha podido cobrar "ninguna factura del año 2025", a lo que se suman algunas pendientes del ejercicio anterior. Este retraso está generando un "grave problema" de tesorería en las empresas afectadas, que ya "no cuentan con capacidad de financiación ni liquidez suficiente para atender compromisos esenciales" como el pago de las nóminas de sus profesionales.
Estos impagos afectan concretamente a las empresas que gestionan residencias públicas mediante concursos que ya están vencidos, ya que el resto de entidades con contratos en vigor están cobrando "con cierta normalidad". Esta circunstancia se debe a que los procedimientos de adjudicación de nuevos contratos s"e paralizaron durante la anterior legislatura", lo que ha impedido que se renovaran los concursos en plazo. Como consecuencia, las empresas han continuado prestando el servicio "sin el respaldo contractual adecuado, por lo que los pagos deben tramitarse mediante expedientes de resarcimiento, un procedimiento extraordinariamente complejo y lento".
Así, aseguran que hasta que estos expedientes no sean aprobados por el Consell y contabilizados por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, "no es posible efectuar los pagos, lo que ha paralizado la llegada de recursos a los operadores". Aerte advierte de que, si estos expedientes "no se contabilizan con la máxima celeridad", existe el "riesgo de que queden fuera de la línea de financiación extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que está reclamando la Generalitat, lo que agravaría aún más el problema y podría suponer la perdida de esta oportunidad de pago".
Desde Aerte subrayan que son "conscientes de la disposición para la búsqueda de una solución" por parte de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, con quien mantienen un diálogo "fluido y constructivo". Además, valoran que ya se haya iniciado el "desbloqueo" de esta situación con la publicación del primer concurso para la adjudicación de cuatro residencias públicas de mayores, que constituye "un paso importante para normalizar la relación contractual y evitar que esta problemática vuelva a repetirse en el futuro".
No obstante, la patronal considera que la situación requiere "soluciones urgentes que permitan desbloquear los pagos pendientes y evitar que el problema derive en la suspensión de servicios esenciales o en dificultades económicas insalvables para las plantillas". Por este motivo, Aerte solicita que se estudien "de manera prioritaria" mecanismos "extraordinarios de tramitación urgente" de estos expedientes, anticipos de tesorería u otras medidas "que permitan asegurar la continuidad de la atención a las personas mayores y la estabilidad laboral del sector", mientras se avanza en los procesos de adjudicación de los nuevos contratos.
La asociación reitera su "compromiso" con la colaboración institucional y con la búsqueda de soluciones conjuntas, pero considera "importante evidenciar la gravedad de la situación, con el fin de que se comprenda su dimensión y se puedan valorar medidas que permitan afrontarla de la mejor manera posible".
Gastor "no contemplados" en el contrato
Desde la Conselleria de Servicios Sociales puntualizan que las únicas facturas de los denominados enriquecimientos injustos --que son las que se realizan en base a contratos caducados-- que no se están pagando son aquellas relativas a los expedientes que incluyen gastos e incrementos "no contemplados" en el contrato adjudicado en su día por el Botànic.
Al respecto, añaden que la Sindicatura de Comptes ha indicado que determinados gastos "no están respaldados" por el contrato que realizó el Botànic y por ello esos expedientes se han devuelto a las empresas para tramitar "con arreglo al marco legal que lo sustenta". En el momento en que estén correctos, aseguran que "se tramitarán y pagarán".
Fuentes del departamento que dirige Camarero afirman que todos los expedientes de enriquecimientos injustos "correctos" están tramitados, aprobados por Consell y por intervención y pagados "en cerca del 90 por ciento" y añaden que las empresas han mantenido reuniones en los últimos días con responsables de la Conselleria, que les han trasladado el trabajo que se está realizando para que puedan cobrar "lo antes posible" así como los pasos que deben seguir "para ajustarse a la normativa y avanzar en los pagos que todavía no se han podido tramitar". Mientras, desde las residencias aseguran que hay facturas sin cobrar desde enero.
