VALÈNCIA (EFE). Tres organizaciones anticorrupción han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la derogación del Código Ético y la disolución del Comité de Ética de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).

El recurso se ha presentado por la Fundación Hay Derecho, la Fundación por la Justicia y la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV para que declare la nulidad de esta medida, según han informado las tres organizaciones en un comunicado conjunto.

También cuenta con el apoyo de varios exmiembros del Comité de Ética, quienes consideran que la derogación del Código Ético se ha hecho sin seguir el procedimiento legalmente establecido, en una actuación que, según las mismas fuentes, "pone en riesgo la independencia y el control interno de la institución".

El Código Ético de la AVAF, aprobado en 2022 a través de un proceso participativo, establecía normas de conducta aplicables a todo su personal, incluyendo la obligatoriedad de presentar declaraciones de bienes y actividades para evitar conflictos de interés.

Asimismo, regulaba la creación de un Comité de Ética independiente, compuesto mayoritariamente por expertos externos, encargado de supervisar su cumplimiento y gestionar un canal interno de denuncias.

En septiembre de 2024, el nuevo director de la AVAF, Eduardo Beut, propuesto por PP y apoyado por Vox, derogó el Código Ético, suprimiendo tanto el Comité de Ética como su buzón de denuncias internas, lo que según estas entidades supone "un retroceso en la independencia y el control" de la Agencia y "debilita los mecanismos de supervisión".

Asimismo, señalan que la derogación del Código contraviene lo establecido en la ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que obliga a la AVAF a contar con un código de ética.

Aseguran que el nuevo sistema de denuncias creado por la dirección de la AVAF "no mantiene la misma garantía de independencia, ya que su gestión recae en un órgano nombrado directamente por el director".

Según la demanda presentada, la decisión de Beut "no responde al interés general" y la derogación se llevó a cabo sin un procedimiento de evaluación previo y sin consultar al Comité de Ética, mientras que no se estableció un régimen transitorio para las denuncias en curso, lo que genera un vacío legal.

"La independencia del Comité de Ética era una garantía clave para que las denuncias sobre malas prácticas fueran evaluadas sin presiones externas", explican los demandantes, que aseguran que la falta de un régimen de transición ha dejado sin resolución varios expedientes, algunos que afectan directamente a la actual dirección de la Agencia.

Para Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, esto es "un ataque directo a la transparencia"; para José María Tomás y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia, supone "un grave retroceso en la lucha contra la corrupción"; y para Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica, "debilita a una entidad que llegó a ser referente europeo de la lucha anticorrupción".

En una comparecencia en Les Corts el 14 de febrero, Beut afirmó que el Código Ético exigía unas obligaciones de "difícil justificación" a los funcionarios y que después de hablar con el personal y los sindicatos, y tras un informe jurídico, decidió derogarlo y se comprometió a presentar uno nuevo similar al que tienen otras Agencias Antifraude.