VALÈNCIA (EP). UGT ha criticado que, casi un año después de la tragedia de la Dana, el personal estatutario y docente, dependiente de las conselleries de Sanidad y Educación, así como los trabajadores y trabajadoras del sector de Justicia "siguen sin un protocolo específico de actuación para situaciones de alerta metereológica".
Esta situación, apunta el sindicato, además de "inadmisible", supone "un claro riesgo para más de 150.000 servidores públicos para quienes no se han negociado un documento esencial sobre cómo actuar en caso de emergencias".
Al respecto, ha señalado que solo el personal circunscrito en el ámbito de la Administración del Consell, es decir, alrededor de 22.000 personas cuentan con un protocolo que fue elaborado en marzo por la Dirección General de Función Pública tras la amonestación de la Inspección de Trabajo. El organismo reprochó en noviembre al Gobierno de Mazón que "había puesto en riesgo laboral grave a sus empleados y empleadas durante la segunda Dana de noviembre".
En marzo, ha apuntado, el Consell aprobó el denominado Protocolo de actuación en caso de emergencias exteriores para el personal de la administración de la Generalitat tras la negociación con las organizaciones sindicales.
Ya entonces, UGT Serveis Públics advirtió a la conselleria competente que el ámbito de aplicación era "reducido" y que era "necesario negociar un documento específico en cada uno de los ámbitos: sanitario, docente y de justicia".
Por ello, el sindicato ha remitido ya varios escritos a los departamentos competentes para que estos documentos sean sometidos a debate y validación previa en la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral así como en la Mesa Sectorial correspondiente.
Sin embargo, ha reprochado, "cuando se está a punto de cumplir un año de la tragedia de la Dana, ni estas conselleries ni el departamento de Emergencias, a quién debería competer, al menos, la coordinación de estos protocolos, no ha movido ficha".
El sindicato apunta que estos días de alerta metereológica, en el caso de Sanidad, por ejemplo, "se ha salido al paso enviando al personal estatutario las instrucción de Función Pública, en las que se define si los trabajadores deben quedarse o no en casa y evitar desplazamientos en función de la alerta, pero que no tiene en cuenta las especificidades del personal del ambito sanitario o educativo". De hecho, pone el ejemplo, Educación ordenó el cierre de algunos colegios por el temporal esta semana, pero "no avisó al personal docente de si debía o no acudir al centro".
Objeto de negociación colectiva
UGT ha recordado que estos documentos afectan de "manera directa" a las condiciones de trabajo y a la organización preventiva, por lo que "no puede considerarse una simple instrucción administrativa, sino una materia que debe ser objeto de negociación colectiva en los órganos legalmente establecidos".
Por todo ello, ha señalado que la Generalitat es la primera empresa en número de trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la Comunitat Valenciana y "debería ser ejemplarizante en la toma de medidas que asegurar la seguridad de su plantilla", lo supone "garantizar los servicios públicos que presta en situaciones tan complicadas como las de declaración de emergencias".
"Hasta el 29 de octubre, nunca antes se había planteado la puesta en marcha de protocolos específicos. La situación de cambio climático que generan situaciones metereológicas adversas tienen que estar previstas e interiorizadas en la forma de proceder de las administraciones valencianas", ha apuntado.