VALÈNCIA (EP). El sindicato FETAP-CGT ha presentado en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana un informe en el que asegura que el Cecopi solo funcionó "plenamente" durante 45 minutos desde que comenzó, con presencia de todos sus miembros.

Según ha informado en un comunicado el sindicato, acusación popular en la causa, el informe se ha realizado con documentación oficial de la administración autonómica y con declaraciones testificales de técnicos y responsables de emergencias.

A su juicio, las conclusiones "refuerzan" la tesis de que la catástrofe "se agravó por omisiones y decisiones tardías en la dirección del Plan Especial de Inundaciones".

El documento indica que el Cecopi "solo funcionó plenamente durante 45 minutos con la presencia de todos sus miembros", lo que añade que, según los peritos, "es insuficiente para una emergencia de esa magnitud".

Según el informe, el Cecopi se constituyó "con más de dos horas de retraso respecto al momento en que la situación de emergencia de nivel 2 fue declarada oficialmente" cuando el propio Plan Especial de Inundaciones "establece de forma obligatoria que, una vez declarada esa situación, el Cecopi debe activarse de inmediato como órgano de mando y coordinación".

En este caso, el retraso acumulado entre las 15:00 y las 17:15 horas "provocó que el dispositivo central de emergencias permaneciera inactivo durante el periodo en que la riada avanzaba a más de 30 kilómetros por hora, dejando sin medidas de aviso ni protección a decenas de municipios de la Ribera Alta".

FETAP-CGT subraya que, según el Plan de Inundaciones, la dirección del plan "recae directamente" sobre la persona titular de Justicia e Interior. En el momento de la dana, la dirigía Salomé Pradas, que está investigada en la causa junto con el que fuera su número dos, Emilio Argüeso.

Entre las funciones de la dirección se incluyen la declaración de las situaciones de emergencia, la constitución del Cecopi, la determinación de las medidas de protección a la población y la coordinación de los medios humanos y materiales, señala el sindicato.

"Parálisis"

El informe sostiene que Salomé Pradas "incumplió de manera clara estas obligaciones, manteniendo una posición de parálisis que bloqueó decisiones críticas durante el desarrollo del episodio meteorológico".

Según el sindicato, el documento presentado incorpora además un "dato revelador" obtenido del portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana (GVA Oberta) y es que el 25 de octubre, cuatro días antes de la dana, Pradas "asistió a un encierro taurino en la Fira de Onda, según su agenda oficial", cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "ya había emitido avisos de riesgo extremo por lluvias torrenciales, con especial incidencia en el interior y prelitoral de Valencia".

Para la Federación, este "contraste" evidencia una "falta de diligencia institucional y de atención a las alertas meteorológicas". La organización sindical subraya que la documentación aportada por la Subdirección General de Emergencias "confirma que solo dos municipios, València y Algemesí, llegaron a constituir sus Centros de Coordinación Municipal (Cecopal), pese a que la normativa lo exige en situaciones de emergencia".

Por ello considera que la "falta de activación municipal y autonómica generó un vacío operativo de varias horas durante las cuales las precipitaciones y avenidas avanzaron sin control y sin información precisa hacia zonas densamente pobladas".

En esta línea, ha añadido que la Generalitat "también reconoció que no se logró contactar telefónicamente con los predictores de Aemet en momentos críticos del 29 de octubre y que el protocolo de alerta hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar no estaba aprobado".

"Ausencia de coordinación" entre administraciones

"Esta ausencia de coordinación entre administraciones, Generalitat, Confederación y Aemet, impidió disponer de información hidrometeorológica fiable en tiempo real. Los registros del sistema de emergencias 112CV demuestran que no se emitieron alertas generalizadas a la población hasta última hora de la tarde, cuando gran parte de la provincia de Valencia ya se encontraba inundada".

La Federación considera que la responsabilidad de la consellera de Emergencias "no se limita a errores administrativos, sino que constituye un incumplimiento directo de las normas de Protección Civil y gestión de emergencias de la Comunitat Valenciana".

La organización exige la "depuración de responsabilidades políticas y técnicas" y reclama una revisión "profunda" de los protocolos de emergencia, "con garantías de trazabilidad en las decisiones, transparencia en las comunicaciones internas y rendición de responsabilidades de los altos cargos".

Según el sindicato, la cronología oficial y los documentos remitidos por la Generalitat demuestran que la catástrofe "no fue inevitable, sino el resultado de una cadena de negligencias institucionales". "El pueblo valenciano merece saber por qué no se activaron los mecanismos previstos en la ley y quién dejó de tomar las decisiones que debían haberse tomado", ha reclamado.