VALÈNCIA. Una de las acusaciones personadas en la causa de la Dana, que consiguió que se identificaran los agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha solicitado ahora a la magistrada que cite como testigos a los agentes medioambientales y guardas fluviales del organismo de cuenca que tenían asignada la vigilancia del barranco del Poyo.

En un escrito presentado el 5 de febrero, la acusación particular representada por el letrado Francisco Regalado Rojas, ha interesado la citación judicial de un total de quince agentes adscritos a las zonas centro, norte y sur de la CHJ, petición que solicita que se realice “a través del Ministerio de Transición Ecológica”. Lo hace después de que el organismo de cuenca remitiera al juzgado de Catarroja documentación según la cual solo tenía a dos agentes encargados de las tareas de vigilancia en el barranco del Poyo. Además, solo lo hicieron hasta la 13h aquella jornada, según publicó este viernes Las Provincias.

En concreto, la Confederación, que preside Miguel Polo, identificó a 50 agentes los que estuvieron trabajando en el conjunto del territorio de la demarcación. En la Zona Centro, que abarca el área por la que discurre el río Magro y barrancos como Horteta o la rambla del Poyo y que comprende en seis sectores los municipios principalmente afectados por las riadas, había en esa jornada seis efectivos entre agentes o guardias fluviales en tareas de vigilancia, un jefe de zona y un responsable de subzona. En los dos sectores de la rambla del Poyo y barranco de la Horteta y la rambla del Poyo había un agente medioambiental y un guardia fluvial, respectivamente.

Cabe recordar, a estos efectos, que la CHJ solo tiene un sensor de caudales en el barranco del Poyo, a la altura de Ribarroja, pero el resto de barrancos tributarios a este aguas abajo como el barranco de l'Horteta, el del Gallego o La Saleta, quedan fuera de la cobertura del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación. Y que fueron estos barrancos los primeros que se desbordaron. Por ello era tan relevante la vigilancia in situ de los barrancos.

Ahora, la acusación reclama la comparecencia como testigos del jefe de la zona centro Valencia, del responsable de la subzona centro Valencia, así como de varios agentes medioambientales y guardas fluviales adscritos adscritos a los sectores de los mencionados barrancos. A ellos se suman responsables y agentes de la zona Norte, correspondientes a otros dos sectores, y de la zona Sur, con dos sectores diferentes.

Además de la citación de los agentes, el escrito solicita que se requiera nuevamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que informe sobre determinadas circunstancias relativas a la cobertura de personal en el momento de los hechos, como por ehemplo, "quién estaba de baja laboral" en un sector de la zona norte y si esa situación era efectiva el 29 de octubre o se produjo con posterioridad. Respecto a la zona sur, solicita que se aclare si había una vacante en esa misma fecha o si dicha situación es posterior.

Cabe recordar que la magistrada preguntó en su momento a la Confederación si había movilizado a sus agentes pero rechazó una de las diligencias solicitadas por esta acusación particular, que pedía conocer quiénes eran esos agentes para más tarde pedir su comparecencia como testigos. Algo que, a juicio de la acusación, no tenía "sentido" y recurrió la decisión. La Fiscalía se avino a los argumentos del abogado, y aunque recalcó que la competencia en la vigilancia de los barrancos era de la Generalitat Valenciana, sostuvo la "la utilidad total" de indagar también en los agentes movilizados de la CHJ para saber "qué información recabaron al realizar la vigilancia y a qué personas y/o organismos la proporcionaron", tal como contó Valencia Plaza.

Así pues, la Audencia Provincial revocó la decisión de la magistrada y compartió el criterio del Ministerio Fiscal al considerar "evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos". Eso llevó a la identificación de los agentes por parte de la CHJ, y ahora el letrado espera que una quincena sean citados como testigos.