VALÈNCIA. La vigilancia de los barrancos fue una de las claves de la fallida actuación de la administración el día de la Dana. La Generalitat Valenciana tenía a su disposición para ello diferentes cuerpos y agencias que podían ofrecer información sobre el estado de los barrancos: los bomberos forestales, los agentes medioambientales autonómicos, la Policía Autonómica o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros. En ese sentido, el despliegue de agentes por parte de la CHJ ha sido uno de los focos de atención.

El organismo de cuenca, que preside Miguel Polo, cuenta, más allá del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), con un cuerpo de Policía de Aguas que aquel día cumplieron estrictamente con su horario hasta las 15.30h o hasta las 17h como tarde, por lo que no pudieron detectar la riada. Así lo expuso el propio organismo en su informe remitido al parlamento autonómico valenciano, donde especificó que en este ámbito cuenta con una plantilla de 55 empleados repartidos por toda la cuenca, de los cuales una decena correspondía a la zona afectada por la Dana.

El organismo respondió algunas cuestiones al respecto planteadas por la magistrada pero una de las acusaciones particulares, dirigida por el abogado Francisco Regalado Rojas, que representa a las familias de varias víctimas mortales, ha considerado insuficientes sus explicaciones y ha pedido a la instructora para que haga otro requerimiento a la Confederación para que detalle, por ejemplo, en qué sectores de la provincia se encontraban desplegados los agentes y guardas durante la jornada del 29 de octubre.

El abogado considera que la respuesta anterior de la CHJ resulta insuficiente, ya que únicamente se mencionó la presencia de un agente medioambiental en el sector 53, correspondiente a la zona de Utiel, sin ofrecer información concreta sobre el resto del personal operativo. El organismo se limitó a señalar que los agentes realizaron su labor de forma “itinerante”, sin aportar datos sobre sus desplazamientos ni sobre los puntos exactos en los que intervinieron.

Por este motivo, la acusación solicita que se precise con detalle qué sectores y zonas geográficas de la provincia contaron con presencia de agentes y guardas, qué trayectos realizaron a lo largo del día y cuáles fueron los horarios de sus actuaciones. Asimismo, se pide que se identifique con nombre y apellidos a todo el personal desplegado en la provincia durante esa jornada y que el Servicio de Policía de Aguas remita al juzgado la información que recabaron y transmitieron tanto los agentes como el propio organismo a la CHJ.

El requerimiento también incluye la petición de que el Comité Permanente de la Confederación Hidrográfica del Júcar informe si se levantó acta el día 29 y, en su caso, que la remita al juzgado junto con el detalle de la información solicitada y los medios empleados para comunicarse con los agentes de campo y con el Servicio de Policía de Aguas.

En su respuesta al juzgado, firmada por Polo, el organismo aseguró que los agentes medioambientales y guardas fluviales aquel día "realizaron su función de vigilancia de forma itinerante, desplazándose en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron, a los puntos que pudierna ser más conflictivos en cada momento en base a su conocimiento sobre el terreno. Asimismo, señaló a la Generalitat Valenciana para asegurar que "no hubo en ningún caso una solicitud de colaboración por parte del mando único a cargo de la emergencia a esta Confederación Hidrográfica, ni durante la fase de preemergencia ni una vez declarada la fase de emergencia".

Hace semanas, compareció en la comisión de investigación del Senado el que fuera jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ en la Dana, Ricardo Domínguez, quien reiteró que las cuestiones debatidas sobre los efectos de la dana en la población “nada tienen que ver” con las funciones de su servicio, que se limitan a la inspección, control y vigilancia del dominio público hidráulico, lejos de las de emergencias o protección civil. “Nuestro trabajo principal viene después de las lluvias”, explicó, a través de la elaboración de informes sobre los daños que estas avenidas han producido en los cauces. Por ello, aunque con conocimiento de la situación de los caudales a lo largo del día de la dana, la misma información que recibían también otros organismos, insistió en que la obligación de su servicio no era "la de informar".

Con todo, lo cierto es que en documentos del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende directamente la CHJ, se recoge entre las funciones de los agentes medioambientales no solo el "seguimiento de los daños causados en el dominio público hidráulico durante episodios de avenidas e inundaciones" sino también la "realización de aforos, información sobre crecidas y control de calidad de las aguas". Domínguez explicó que los agentes realizan estas tareas cuando se les requiere, por ejemplo cuando hay problemas de comunicación de los sensores automáticos.

El letrado ha planteado ahora nuevas cuestiones y la jueza de la Dana deberá evaluar si concede la práctica de estas nuevas diligencias, que permitirían conocer más al detalle cuál fue la actuación de los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante aquella jornada.