VALÈNCIA. El pasado mes de diciembre, el exalcalde de València, Joan Ribó, declaró ante el juez en la causa sobre la presunta construcción ilegal de una piscina municipal de Alboraya en València. El exdirigente de Compromís compareció como investigado en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia por la inacción del ayuntamiento ante la actuación presuntamente contraria a derecho del consistorio vecino. En su declaración, aseguró que desconocía por completo el caso y que las competencias urbanísticas estaban delegadas en otros concejales como la entonces vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez.
La representación de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción, que ejerce la acusación popular y presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López, había pedido en su momento la declaración como investigados de Ribó y la exconcejala de Urbanismo arguyendo que conocían la supuesta ilegalidad y que aún así no actuaron. Extremo que niegan los exresponsables municipales del Cap i Casal. El juez acordó la citación de Ribó mientras que para la socialista consideró "oportuno esperar [...] a la realización de las demás diligencias de investigación en desarrollo". Gómez, como eurodiputada, está aforada y solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo.
Tras declarar el ex primer edil del Cap i Casal, el instructor pidió a las partes que alegaran cómo debía continuar el procedimiento y propusieran las "diligencias probatorias" que considerasen. La mencionada acusación, representada por el letrado Víctor Soriano, ha pedido al juez que constate quién debía incoar el expediente de restauración de la legalidad y, si se confirma que era Gómez, que eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para citarla como investigada. El escrito presentado el martes señala que "del estado de la instrucción se deduce que esa persona pudiera ser" la exvicealcaldesa, pero antes "conviene disponer" de un certificado municipal para tomar "declaración de quien fuera penalmente responsable y, en su caso, de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo".
Así, la acusación popular ha solicitado al instructor una batería de diligencias dirigidas al Ayuntamiento de València para que diga qué órganos son competentes para dar licencias en suelo no urbanizable protegido, resolver prodecimientos para restaurar la legalidad urbanística e imponer multas en esta materia, así como qué personas formaron parte de los mismos entre 2019 y 2023. También ha reclamado que se pregunte al consistorio "si se ha incoado algún procedimiento de restauración de la legalidad urbanística o procedimiento sancionador por parte del Ayuntamiento de València" en relación con la instalación investigada.
Cabe destacar que, por el momento, no hay noticias de que el Ayuntamiento de València haya abierto expediente por estas obras presuntamente irregulares. Ni con el gobierno municipal de Joan Ribó ni con el de la popular María José Catalá, que dirige el consistorio desde junio 2023, un mes después desde que se iniciara la investigación judicial. Preguntadas fuentes municipales, rechazaron ofrecer información alguna al estar el caso judicializado.
"A la vista de lo que resulte de las diligencias anteriores, deberá ser citado con la condición de investigada la persona titular del órgano administrativo competente para incoar el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística que se ha omitido", señala el documento, donde califica de "necesarias" estas indagaciones al considerar que se cometió un delito contra la ordenación del territorio y un delito de prevaricación por omisión. En la causa ya han prestado declaración varios investigados: el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria, su concejala de Urbanismo, Ana Bru, y el arquitecto del despacho encargado del proyecto. En su caso, por la construcción de la piscina en término municipal de València, donde el suelo está calificado como protegido.
Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término de Alboraya, por lo que la controversia gira en torno a qué normas urbanísticas rigen, si las de un municipio u otro. Con todo, varias pruebas documentales -los recibos del IBI o el propio expediente de segregación que no culminó, por ejemplo- apuntan a que, cuando se construyó la piscina, el suelo seguía perteneciendo a la ciudad de València.
