VALÈNCIA. Carlos Mazón presumió este miércoles de nuevas bajadas de impuestos y Vox le ha doblado la apuesta con una enmienda de calado a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2025 que se tramita en Les Corts. En ella, el grupo que lidera José María Llanos plantea una modificación de la ley que regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros tributos cedidos para elevar de 500.000 euros a un millón el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio. Todo un reto para el PP, ya que la supresión de este impuesto es una promesa electoral de los populares que el Consell no ha cumplido todavía probablemente por su situación financiera no le permite renunciar a esos ingresos, que en 2024 ascendieron a 202 millones de euros.

Esta modificación beneficiaría a los contribuyentes cuyo patrimonio -excluida la vivienda habitual- se situe entre 500.000 y un millón de euros, que no tendrían que abonar nada, mientras el resto de las aproximadamente 27.000 personas obligadas hasta ahora a presentar la declaración pagarán menos.

Cabe mencionar que a nivel nacional existe un mínimo exento de 700.000 euros sin contar la vivienda habitual del contribuyente, con un límite de 300.000 euros. Este mínimo se aplica por defecto pero las comunidades autónomas lo pueden modificar y es lo que hizo el Consell de Ximo Puig en 2021 al establecerlo en 500.000 euros. Eso supuso aumentar el número de contribuyentes valencianos que tienen que pagar este impuesto.

Transmisiones patrimoniales y AJD

Vox no se queda solo en el Impuesto sobre el Patrimonio, sino que también ha presentado enmiendas para rebajar el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales -el que se paga, por ejemplo, al comprar una vivienda-, del 10 al 9%, y el tipo general del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) del 1,5 al 1,4%. Además, propone eliminación o rebaja de algunas tasas administrativas que afectan sobre todo al sector pesquero o ganadero.

Además de estas medidas, la formación que dirige Santiago Abascal ha presentado un total de 49 enmiendas en Les Corts a la ley de Acompañamiento, que afectan a un buen número de leyes autonómicas y que plantean cambios en cuestiones como, migración, okupación o concordia, entre otras cuestiones. Este mismo jueves, el síndic de los voxistas en el Parlamento valenciano, José María Llanos, aseguró que las enmiendas están "negociadas con el Partido Popular" y dejó abierta la puerta a transaccionar con esta última formación durante el proceso de tramitación parlamentaria. Desde el PP, la portavoz adjunta en la Cámara autonómica, Laura Chuliá, expresó que lo pactado con Vox "es un presupuesto", aunque afirmó: "Las enmiendas se están presentando y seguramente se podrán transaccionar".

Pruebas de edad a menores migrantes

Una de las exigencias que planteó Vox al Partido Popular para apoyar las cuentas autonómicas fue la incorporación de una partida presupuestaria para "pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales", una cuestión que esta formación ha incluido en las enmiendas vía modificación de la ley de Derechos y gGrantías de la Infancia y la Adolescencia. 

Según reza el texto, se elaborarán "pruebas exhaustivas para determinar la edad de los supuestos menores extranjeros no acompañados" y la Generalitat incluirá en sus cuentas "una partida específica a tal efecto". Además, la norma recoge que la Generalitat inste a la Administración del Estado a que lleve las actuaciones en materia de reagrupación familiar de estos menores en su país de origen. 

Cambios en la ley de Concordia

Vox también aprovecha las enmiendas a la ley de Acompañamiento para plantear una serie de modificaciones en la ley de Concordia, que fue aprobada a mediados del pasado año en sustitución de la ley de Memoria Democrática. Sobre este texto aprobado por PP y Vox en Les Corts, los voxistas plantean posibilitar que el director de la Unidad Valenciana de Concordia pueda ser un profesor universitario experto en "libertad religiosa". En el actual texto en vigor se posibilita que este cargo lo pueda ocupar un docente universitario con experiencia en algunas de las siguientes ramas: "derecho penal, historia, derecho constitucional, historia del derecho, filosofía, ciencias políticas o sociología". 

Por otro lado, aboga por incluir en este texto una disposición adicional sobre la "reinterpretación y recuperación del patrimonio" para que "elementos, monumentos o cruces" de la Comunitat que devengan de los supuestos recogidos por esta ley se entiendan como "elemento de concordia" y "símbolos de memoria colectiva, reflexión y homenaje" a las víctimas. Esta disposición permitiría que tanto los ayuntamientos como la conselleria con competencias en Concordia pudieran recuperar en su emplazamiento original los "elementos retirados" siempre y cuando se respeten "los principios de la concordia democrática y no suponga vulneración de los derechos de las víctimas". 

Creación de una oficina antiokupación

Tal y como avanzó el síndic en Les Corts, Vox plantea la creación de una oficina antiokupación, que sería incluida en la ley de Vivienda. Este órgano tendría como función "el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la okupación ilegal" y estaría formado por funcionarios de la Generalitat, por lo que no supondría un incremento del gasto de personal público. 

Esta oficina, en la línea con la creada en el Ayuntamiento de València, tiene el visto bueno de los populares debido a que, a su juicio, permitiría combatir "una preocupación de la opinión pública". "Muchos ciudadanos apoyarían ayudar a esos ciudadanos que ven ocupada su vivienda y que se encuentran con un gobierno (central) que no les da armas reales para poder actuar", defendió Chuliá este jueves. 

Entre las enmiendas también se encuentra que los ciclistas de montaña puedan circular fuera de los lugares previstos para ello en especies naturales protegidos "siempre y cuando no provoquen daños a la fauna y flora". Además, se plantea una modificación legislativa para que las instalaciones destinadas a la práctica de actividades deportivas náuticas de carácter federado puedan estar en tramos naturales de las playas.

Además, los voxistas plantean eliminar varias tasas por servicios administrativos e incluir a las personas que tienen como ocupación principal la pesca y a las víctimas de “violencia doméstica” como personas que tienen exentas tasas del por servicios del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero. También reclaman bonificaciones del 50% a las tasas administrativas en servicios administrativos relativos a la ganadería cuando sean ganaderos con explotaciones extensivas. 

Por otro lado, plantea eliminar de la ley de Tarifas Portuarias que el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes pueda "establecer exenciones o bonificaciones en las tarifas para actividades sin ánimo de lucro, de relevante interés humanitario o social". Además, propone la rebaja del 10% al 9% en el tipo de las transmisiones patrimoniales onerosas.