VALÈNCIA (EFE). El pleno de Les Corts Valencianes ha convalidado este martes el decreto ley que regula la comunicación de información a la Generalitat por parte de las empresas comercializadoras de energía de referencia para la gestión del Bono Social Térmico y otras medidas de carácter social relacionadas.

La nueva norma, cuya convalidación han apoyado los cuatro grupos parlamentarios, permite que una serie de datos que están en poder de estas empresas y que son imprescindibles para la gestión y el abono del Bono Social Térmico se faciliten a la Generalitat como órgano competente para su tramitación.

De esta forma, las empresas comercializadoras de referencia deberán remitir a la Conselleria de Industria, antes del 30 de enero de cada año, una lista de sus clientes en la Comunitat Valenciana que sean beneficiarios del Bono Social de Electricidad a fecha 31 de diciembre del año anterior.

El bono social térmico es una medida de ámbito estatal que se creó mediante un Real Decreto Ley de 2018 como parte de la política de lucha contra la pobreza energética y se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero lo gestionan y pagan las comunidades autónomas.

En concreto, se arbitra a través de un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en personas consumidoras vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.