VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana tendrá que volver a evaluar las ofertas de uno de los lotes del macroconcurso del servicio de limpieza de centros escolares de la Comunitat. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha estimado el recurso de una de las empresas aspirantes que había sido excluida del proceso por no haber justificado lo suficiente la baja económica presentada, y que la Conselleria de Educación consideró anormalmente baja.

El lote impugnado, el quinto, salió a concurso por casi 9,5 millones de euros en la gran licitación para toda la Comunitat ascendente a 225 millones, e incluye un total de 18 centros escolares públicos de la provincia de Alicante: la mayoría del municipio de Orihuela, pero también de Callosa del Segura, Cox, Albatera, Benejúzar, Bigastro, Catral, Rafal y Redován.

Fueron siete las ofertas que recibió la mesa de contratación de la Conselleria para este lote, entre las que se encuentra la firma Serveo, con fuerte presencia en el contrato vigente de limpieza de escuelas. También concurren otras empresas como Garibaldi, Recolim, Haurin Servicios de Limpieza y Serveis Integral Lafuente, y dos uniones temporales de empresas: la UTE Aulas Limpias y la UTE entre Samyl y el grupo Inama.

La mesa de contratación acordó excluir a esta última UTE por incluir su oferta una baja económica mayor de la permitida por la normativa sin que su justificación convenciera a los técnicos de la administración. "No se considera justificada la baja temeraria ofertada", recoge el informe de la Dirección General de Centros Docentes que motivó la decisión final de la mesa de contratación. La UTE acudió por ello al Tribunal Administrativo.

Así pues, el organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, estima la impugnación y acuerda la anulación del lote y "la retroacción del procedimiento de licitación a efectos de que el recurrente sea reintegrado al mismo". La resolución, emitida el pasado 24 de julio, asegura que los informes técnicos de la Conselleria ponen de manifiesto "los errores u omisiones" de la concurrente pero no razonan "la imposibilidad de ejecutar la oferta en sus términos", esto último algo "fundamental" para motivar la exclusión de una oferta.

La UTE había justificado parte de su baja económica en su cálculo de días lectivos para los centros incluídos en el lote, que difieren de las "previsiones" realizadas por la Dirección General de Centros Docentes, que admite que se han realizado "al alza". El Tribunal considera "razonable" la hipótesis de la compañía de que "no necesariamente todos los meses deben tener 21 días lectivos, máxime cuando existe un calendario oficial de tales días". Una tésis que, sostiene, "no ha sido adecuadamente rebatida por el órgano de contratación".

Por otra parte, el organismo da la razón a la administración sobre la falta de justificación de otros apartados de la oferta como los gastos generales de materiales, maquinaria y otros, pero deja claro que esto "no puede determinar la exclusión del recurrente si no se extrae de ella la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos de la oferta". En ese sentido, aunque ambas partes -empresa y Conselleria- difieren en la metodología de cálculo empleada, el tribunal considera que "es posible obtener una magnitud común [...] para evaluar la viabilidad de la oferta".

De esta manera, el organismo calcula que la desviación entre los cálculos de la administración y los de la UTE sobre los costes en cuestión asciende a cinco puntos respecto al total de los costes de personal, lo cual "resulta ser asumible por el porcentaje de beneficio industrial", que asciende a aproximadamente el 10%. Por ello, al estar por la diferencia dentro de lo asumible por el beneficio, el organismo cree que la oferta sí sería viable económicamente, de manera que la oferta debería ser valorada junto a las otras seis. La Conselleria de Educación deberá, por tanto, devolver el proceso al punto en el que quedó y hacer la valoración económica de las siete aspirantes.

La duración del contrato es de dos años, con fecha de inicio fijada en el 1 de septiembre de 2025 y fecha de finalización para el 31 de agosto de 2027, con posibilidad de dos prórrogas de hasta un año cada una de ellas, potestativa para la Administración y obligatoria para la empresa adjudicataria. De este modo, la duración máxima del contrato, incluyendo la prórroga, es de cuatro años. En total, el nuevo contrato comprende 474 centros de todo el territorio valenciano.