VALÈNCIA. (EFE). El Congreso apoyará por mayoría absoluta y con los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís, entre otras formaciones, la creación de una comisión de investigación en el Congreso que depure responsabilidades en la construcción del almacén de gas Castor.

El Pleno del Congreso debate la petición de Compromís y Unidos Podemos para que se estudien las irregularidades del proyecto Castor tras hacerse público un documento del Ministerio de Energía que demuestra que el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a ACS, la empresa de Florentino Pérez.

La diputada de Compromís Marta Sorlí ha advertido en varias ocasiones de que el almacén de gas subterráneo Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente.

Por su parte, Unidos Podemos no renuncia a recuperar un dinero, que según la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ione Belarra, tenía que haber sido para mejorar la vida de los ciudadanos.

A falta de saber lo que votará el PP en el Pleno del Congreso esta tarde, el PSOE, Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT se sumarán a la iniciativa de Compromís y Unidos Podemos.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona.

Además la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado día 12 de septiembre el archivo de la querella contra cinco exministros, dos ex altos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, por la construcción del almacén de gas Castor.

La querella se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, titular de Fomento, y Elena Espinosa, de Agricultura; así como contra José Manuel Soria (PP) por su etapa en Industria.

La querella fue interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación y se extendía además contra el presidente de Escal UGS -concesionaria del proyecto-, Recaredo del Potro; Florentino Pérez, por la participación del 60 % que tenía ACS; el ex secretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto, y el exconseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Juan Cotino, del PP.

El pasado 21 de junio la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archivó la querella tras descartar cualquier delito penal en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor.