ALICANTE/MURCIA. En el terreno de los grandes debates hídricos que afectan a la Comunitat Valenciana, y específicamente a la provincia de Alicante, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene la costumbre de llegar tarde y a contrapié. Le pasó con la declaración de sobrexplotación del Vinalopó con el trasvase del Júcar por resolver (siguen en ello, con un convenio que debía firmarse en julio de 2022 y del que aún no se sabe nada). Le pasó con el trasvase Tajo-Segura, con un plan de cuenca del Tajo que lo complica y mucho. Y le ha pasado con la supresión por sorpresa de la subvención que Acuamed venía aplicando al agua desalada para compensar los menores recursos trasvasados.

La decisión del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera de mandar al Consejo de Estado el plan del Tajo sin la disposición adicional que permitía revisar en 2026 los caudales ecológicos del río cedente (en función de cómo mejorase Madrid la depuración del agua que devuelve al cauce), y al mismo tiempo no prorrogar el precio pactado del agua desalada (0,45 euros el metro cúbico) que venía del decreto anticrisis por Ucrania, parece condenar al campo alicantino y murciano, principales damnificados: menos posibilidades de que llegue el agua trasvasada que sí pueden pagar, y un precio prohibitivo para el agua desalada que debe compensar los menores trasvases. Sin contar con las continuas subidas de precio al suministro doméstico que tienen que aplicar los ayuntamientos que beben del Taibilla.

A Puig le ha pasado factura su estrategia de no confrontación en el terreno del agua, entendible si se tiene en cuenta que tanto en el Gobierno central como en la otra comunidad en discordia, Castilla-La Mancha, gobierna su mismo partido. Este martes, tras desayunarse con ambas decisiones, el Consell y el PSPV ponían el grito en el cielo y a través de distintos portavoces (incluido el propio Puig) exigían, reclamaban, y amenazaban. Pero la realidad es que llegan tarde, que el momento para presentar argumentos pasó, y que ahora todo depende de una decisión política en la que pesará, y mucho, que en menos de cinco meses hay elecciones municipales y autonómicas. Lo mismo aplica para Murcia, que sí hizo los deberes y será oída por el Consejo de Estado (que no suele cambiar los textos que le llegan). Pero allí, además, gobierna el PP, lo cual parece alejar del todo esa 'decisión política'.